Banco Central enfrenta demanda por casi $ 270 millones por despido en caso suplantación

Una demanda por $ 267 millones enfrenta el Banco Central de Chile por parte del exjefe del Departamento Gestión Contable de la entidad, Juan Carlos Salazar, quien asegura que fue objeto de “un acto de abuso de autoridad” al ser desvinculado por responsabilizarlo del fraude que afectó al organismo durante 2022.

El recurso, que está siendo visto en el primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, fue presentado en diciembre pasado y en ella se expresa que el 23 de junio de ese período, Salazar fue desvinculado como una de las medidas administrativas sancionatorias ejercidas por el ente emisor debido al pago erróneo efectuado a una empresa que suplantó a la proveedora estadounidense de servicios de asesorías de inversiones, R.V. Kuhns & Associates (RVK) de los Fondos Fiscales administrados por el banco por mandato del Ministerio de Hacienda.

El monto solicitado por Salazar corresponde a sus remuneraciones mensuales, “que, de no mediar esta decisión abusiva e injusta, habría seguido percibiendo por los siguientes dos años que mediaban desde su despido y hasta la fecha en que cumpliera 65 años para poder jubilar”, señala el escrito.

El próximo 21 de agosto deberá concurrir hasta el juzgado la presidenta del banco, Rosanna Costa, quien fue citada en calidad de testigo por parte de la abogada de Salazar y el gerente general, Beltrán de Ramón, citado por la jueza. También irán exfuncionarios y algunos gerentes de la entidad monetaria citados en la causa.

En mayo de 2022, el banco informó que sufrió un fraude, por lo cual interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, que significó la pérdida de US$ 205 mil. RK asesoraba en ese entonces al Ministerio de Hacienda en la selección de administradores externos, así como en otras materias relacionadas con los fondos soberanos chilenos, respecto de los cuales el instituto emisor es el agente fiscal.

El caso

Tras la investigación interna, el Central decidió la desvinculación de un grupo de funcionarios. Entre ellos, el entonces gerente de operaciones y sistemas de pagos, Andrés Vargas Poblete, y el mismo Salazar, entre otros. Este último aceptó un “mutuo acuerdo” que le permitió salir con una indemnización, según el finiquito presentado de $ 76,1 millones y con una cláusula que, por no existir cargo ni cobro alguno, “renuncia en este acto a cualquier acción administrativa o judicial entablada o por entablar en su contra”.

La demanda, patrocinada por la abogada Elba Aravena, señala que este “contrato denominado ‘finiquito’ o ‘mutuo acuerdo’ fue un acto de abuso de autoridad que vulneró la honra de mi representado, el principio de estabilidad en el empleo, y otras lesiones jurídicas, que ocasionaron daño moral”.

El argumento de Salazar es que en la definición del pago él solo siguió las instrucciones de las otras áreas del banco que eran las encargadas de chequear los antecedentes.

Según los documentos presentados como prueba por Salazar, los correos electrónicos internos enviados por las diferentes instancias que autorizaron el pago dentro del banco y los expuestos por los suplantadores en sus correos, el 11 de mayo, RVK envió al Central dos e-mails durante el día en que consultaba por el pago de sus servicios de 2021. El segundo alertaba que había detectado un intento de engaño a sus clientes a través de una suplantación de identidad.

El fraude había ocurrido dos meses antes. El 1 de marzo de 2022, el Chief Financial Officer de RVK, Randy Borex, envió la entidad emisora una factura por US$ 205 mil. La solicitud fue escrita desde su casilla de correo Randy.Borek@rvkinc.com. Tres días después, la jefa del Departamento Agencia Fiscal del BC recibió otro correo consultando si la factura había sido tramitada y respondió que aún no lo había hecho. Pero los funcionarios no se percataron de la dirección falsa Randy.Borek@rvkinc.co. ¿La diferencia? Una M, es decir, com versus co.

El 7 de marzo, el suplantador pidió al ente rector que el pago fuera realizado a un nuevo beneficiario, JDB Investment Limited LLC., en su cuenta bancaria del banco Wells Fargo, de Nueva York, datos distintos a los señalados en el contrato suscrito.

El jueves 10 de marzo, la casilla falsa volvió a consultar por el pago. El 15 de marzo el banco pidió al suplantador que reconfirmara los datos Swift para proceder al pago. El miércoles 16, el Central instruyó el pago de la factura y realizó dos transferencias que tenían como beneficiario a JDB Investment: Una por US$ 16.400 y otra por US$ 188.600.

La alerta llegó 57 días después, cuando RVK preguntó por el pago retrasado de la factura enviada el 1 de marzo. Tras la respuesta del Banco Central, RVK alertó que la casilla de correo era falsa y que los dineros no estaban en su cuenta.

Salazar aduce que estos pagos, correspondientes a servicios de la Agencia Fiscal, no involucran recursos propios del banco disponibles en las cuentas corrientes administrativas, pues se realizan con cargo directo mediante el Sistema de Pagos Internacionales Swift en las cuentas corrientes de los “corresponsales en el exterior”.

Por ello, dice el escrito “de acuerdo con buenas prácticas de control interno, el Departamento Gestión Contable ni la gerencia de la cual este depende, cuentan con los accesos ni las transacciones para autorizar, consultar, ni menos ejecutar cambios” en dicha plataforma.

De hecho, la labor del área fue también informada a la presidenta del ente emisor y al resto de los consejeros.

Consultado sobre la materia, el banco explicó que se trata de un caso que está en tribunales y que no les corresponde referirse públicamente al mismo, mientras no exista una decisión judicial al respecto.