Un intenso debate centrado en el impuesto al patrimonio, el denunciante anónimo y el llamado “exit tax” (de 5% para contribuyentes que pierdan su residencia y domicilio fiscal) marcaron el seminario organizado por Frontal Trust y Diario Financiero que abordó la reforma tributaria que impulsa el gobierno.
La cita contó con la exposición de la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza; junto al exministro de la cartera, Rodrigo Valdés; la abogada tributarista, Carolina Fuensalida; y el coordinador de Política Tributaria de Teatinos 120, Diego Riquelme.
Claudia Sanhueza, subsecretaria de Hacienda
“La reforma es una respuesta tributaria a los desafíos de Chile de hoy, de manera responsable con ingresos permanentes... el esfuerzo adicional está pensado en personas de altos ingresos”.
Carolina Fuensalida, abogada tributarista
“Los inversionistas hacen negocios en lugares que ofrecen seguridad física, jurídica (...) pero en la medida que solo sumamos impuestos, no somos competitivos para más crecimiento inversión”.
Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda
“Quiero defender la desintegración y criticar no incluir a PYME. Quizás no hay fuerza política en el gobierno para hacerlo, pero sería excelente que el mundo privado dijera: ¿por qué vamos a tratar distinto a las PYME?”.
Diego Riquelme, coordinador de Politica Tributaria M. Hacienda
“Tenemos estimaciones de carga máxima a la que podría estar sujeta una persona y no superan el 50% considerando rentabilidades de patrimonio”.
El panel de expertos analizó los alcances de esta reforma y su impacto en la economía chilena. La subsecretaria Sanhueza enfatizó que la reforma “es una respuesta tributaria a los desafíos de Chile de hoy, de manera responsable con ingresos permanentes. El esfuerzo adicional está pensado en personas de altos ingresos y patrimonio”, agregando que “esperamos dialogar de forma abierta en el Congreso sobre estos temas y de manera fructífera”.
Valdés señaló que la reforma contiene “un cambio muy interesante” al pasar al sistema dual (o desintegrado), que tiene una serie de ventajas de simpleza, como no necesitar registros, y que asegura “un mínimo de recaudación a pesar de tener algunas estructuras elusivas”.
Sin embargo, dijo que tiene varias dudas respecto del impuesto a la riqueza. “Hay que reconocer que es imposible recaudar sin tener efectos colaterales. Hay que tratar de mantener recaudación y progresividad. Pero no existen impuestos que no distorsionen”.
Fuensalida afirmó que se trata de una reforma compleja y estructural y que cuando empezó a revisar el texto tuvo un “deja vu” de la reforma del año 2014 de Michelle Bachelet, “en que todos nos sorprendimos por la radicalidad que tenía y ser refundacional”. Sostuvo que ahora se vuelven a retomar principios que en 2014 fueron debatidos, como las normas antielusión y atribuciones del Servicio de Impuestos Internos (SII), “que generaban incertezas y dudas, que fueron debatidas y que en el Parlamento, junto a expertos, se consideró que no era bueno para Chile”.
Denunciante anónimo
Fuensalida sostuvo que se sorprendió con el "concepto de desconfianza que siento que hay a ratos hacia los contribuyentes” al crear el denunciante anónimo, norma que busca replicar el mecanismo que rige en la Fiscalía Nacional Económica para desbaratar carteles y que podrá ser compensado con hasta un 10% de la multa que se cobre a los sancionados. La abogada solicitó mejorar la redacción y acotarla para cuando hay delito tributario o fraude, porque tal como está “nos vamos a llenar de denuncias frente a quienes creen que puede haber delito... y más aún si me van a premiar”.
Riquelme indicó que “soy escéptico de que se va a provocar una avalancha de denuncias anónimas y que alguien quiere dañar a la competencia”, argumentando que “sí estamos de acuerdo con el instrumento que es bueno para combatir la evasión, estamos disponibles para hacer correcciones para cómo está redactada la norma”.
Sistema dual
El paso de un sistema semi integrado a un desintegrado también marcó el debate. Valdés sostuvo que “lo que se propone es suficientemente gradual y hay tiempo para adaptarse” y la clave está en el diseño del punto de llegada. Agregó que “quiero defender la desintegración y criticar no incluir a las Pymes acá. Creo que quizás no hay fuerza política en el gobierno para hacerlo, pero sería excelente que el mundo privado dijera: ¿por qué vamos a tratar distinto a las Pymes?”.
En tanto, Fuensalida indicó que “se aspira a la simplicidad, pero no lo logramos con sistema dual, uno para Pymes y otro para quienes son contribuyentes no domiciliados en Chile". Afirmó que le cuesta entender que sea el momento adecuado para hacer un cambio tan estructural y que “es mejor combatir aquellos temas que molestaban de la desintegración”.
Impuesto a la riqueza y tramos exentos
Sobre impuesto al patrimonio, Fuensalida planteó que “lo que termina pasando es que estamos en un mundo en que la gente tiene más capacidad de vivir en Chile o el extranjero, hacer negocios en Chile o afuera”. Dijo que los inversionistas hacen negocios “en aquellos lugares que ofrecen seguridad física, jurídica y que son competitivos, pero en la medida que solo sumamos impuestos, no somos competitivos para más crecimiento e inversión”.
Sobre el mismo tema, Valdés sostuvo que “es en sí mismo complejo, mete mucho miedo y carga política, así que me preocupa su guarismo”. Otra cosa que calificó de negativa es que “está bueno de pensar en que solo los más grandes o ricos van a pagar por todos”, afirmando que para construir un Estado de Bienestar en una sociedad en democracia “todos tienen que ponerse y eso implica Pymes y los tramos más bajos de impuestos, y eso implica incluso cambiar el tramo exento”.
Riquelme respondió que la carga tributaria total de las personas de bajos ingresos “es alta, uno no puede solo discutir la carga tributaria considerando solo renta, porque el efecto IVA también es fundamental en aquellos sectores de menores recursos”. Explicó que “no tocamos el tramo exento, porque este no es el momento, primero es necesario demostrar que el Estado es capaz de dotar de mayores beneficios” a las personas antes de incrementar su carga tributaria.
"Exit tax"
El impuesto de 5% a la salida de capitales fue para Fuensalida “una sorpresa, que no estaba en el programa de Gabriel Boric”, señalando que “es un peaje a la salida para contribuyentes que abandone el país y no me parece que un contribuyente que quiere dejar el país para desarrollar otros negocios deba pagar un 5% de su patrimonio”.
Riquelme planteó que “es sabido que hay muchos contribuyentes que juegan a no tener residencias en algunos países, aquí se busca evitar este comportamiento”, y que “este impuesto de salida aplica para los que superen el tramo exento. No creo que sea un atentado a libertad de movimiento, no es una prohibición de salir”.
Tributos totales
Valdés señaló que le preocupa que si uno suma este impuesto al patrimonio y al ingreso “es fácil llegar a tasas altas al ingreso total. Si un inversionista de alto patrimonio puede llegar en un año normal al 70% o 80% del impuesto al ingreso”. Por eso llamó a “pensar en juntar los números, de manera que los totales no sean mayores a cierto máximo que tenemos que acordar”. Dijo que la manera de sacar este proyecto adelante es ajustar estos instrumentos: “Llamaría a construir ese acuerdo”.
Lo anterior fue rebatido por Riquelme, quien afirmó que para la carga tributaria total “tenemos estimaciones de carga máxima a la que podría estar sujeta una persona y no llegamos a esos números, no superan el 50% considerando rentabilidades de patrimonio en más de un escenario”. Indicó que este tema fue una preocupación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y del gobierno “de no pasarse de rosca al momento de gravar con impuestos”.
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