Finalmente, este martes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio a conocer los principales ejes del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, la iniciativa de mayor magnitud recaudatoria del pacto fiscal y que está en línea con financiar el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $ 250 mil.
Todo esto, en momentos en que la reforma previsional entra en una etapa clave, con la discusión de su idea de legislar en la Sala de la Cámara de Diputados.
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Desde el Palacio de La Moneda, el secretario de Estado reveló los detalles de la iniciativa, que busca recolectar un 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en régimen, siendo la propuesta que mayor recaudación genera dentro del conjunto de iniciativas que dan vida al pacto fiscal, que en total busca aumentar los ingresos fiscales en 2,7% del PIB cuando los cambios legales entren en plena vigencia.
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En específico, la autoridad señaló que del total, 1,2% del Producto se destinará a solventar el aumento de la PGU, mientras que los restantes 0,3% del tamaño de la economía financiarán un aumento en el nivel de gasto para seguridad ciudadana. Así, las otras prioridades de gasto, como la reducción de las listas de espera en salud y la creación del Sistema Nacional de Cuidados, serán solventadas con el proyecto con cambios al impuesto a la renta, que ingresará a trámite en marzo.
Yendo al detalle del proyecto, destaca la flexibilización del levantamiento del secreto bancario para investigaciones tributarias. Ahora, el contribuyente tendrá la responsabilidad de fundamentar ante un tribunal su oposición a que el Servicio de Impuestos Internos (SII) acceda a su información financiera. Hoy, opera al revés: es la administración tributaria la que debe argumentar ante la justicia la necesidad del alzamiento del secreto bancario.
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Asimismo, en la iniciativa se insistirá con la aplicación administrativa de la Norma General Antielusiva (NGA), ya no teniendo que pasar previamente por un Tribunal Tributario y Aduanero (TTA).
Eso sí, la calificación de una operación como elusiva será analizada previamente por un comité de expertos, integrado por siete especialistas en la materia, académicos, que no tengan conflictos de interés o que pertenezcan a asociaciones internacionales especializadas en cumplimiento tributario. De todas formas, la opinión de dicho comité no será vinculante.
"El contribuyente mantiene su derecho de reclamar la decisión del SII ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Cabe destacar que los cambios de procedimiento están en línea con la forma en como se aplica este tipo de normas a nivel internacional", señala una minuta difundida por el Gobierno.
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También, el texto considera la figura del "denunciante anónimo" para reforzar la persecución de los delitos tributarios, pero contemplando también sanciones para quienes realicen denuncias falsas. Aquí, se busca recoger la experiencia de la figura de la delación compensada para delitos contra la libre competencia o el mercado financiero, ya implementadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Marcel dijo que espera que el proyecto esté aprobado en el Congreso a más tardar el mes de mayo para así, junto con la aprobación de la reforma previsional, se pueda gatillar el incremento de la PGU a partir de diciembre.
La iniciativa ingresará a trámite en la Cámara de Diputados la próxima semana, mientras que su discusión comenzará en marzo, al regreso del receso legislativo.
Siete ejes
La iniciativa se agrupa en siete ejes temáticos.
El primero es el control de la informalidad, que contempla establecer como obligación que los proveedores de POS -los dispositivos para realizar los pagos electrónicos- deberán exigir el inicio de actividades de los contribuyentes a quienes ofrezcan este productos. También, se incorpora la obligación de las instituciones financieras de informar cuando una persona reciba más de 50 transferencias de distintos contribuyentes dentro de un mes.
El segundo es la planificación tributaria agresiva, que incluye la aplicación administrativa de la Norma General Antielusiva y la eliminación de espacios de planificación tributaria agresivas en donaciones con personas o contribuyentes relacionados, un esquema utilizado principalmente por personas de alto patrimonio.
El tercero es la regularización de las obligaciones tributarias, donde se entregará mayor flexibilidad para la suscripción de convenios de pago con la Tesorería, con medidas especiales para pequeñas y medianas empresas (PYME) para acceder a convenios sin interés.
Asimismo, se reestructura la norma sobre declaración de deudas incobrables y su prescripción.
Mientras que la tercera propuesta de este pilar es permitir de forma "excepcional y transitoria" una ventana para repatriar capitales desde el exterior, previo pago de un impuesto, así como un período para facilitar el término anticipado de juicios tributarios, también condicionado al pago previo de la deuda. La repatriación de capitales ya fue parte de las reformas tributarias de 2014 y 2018, mientras que el proceso para cerrar juicios anticipados se incorporó en el proyecto del año 2018.
El cuarto es la modernización de la administración tributaria, que establece que la regla general para la notificación de los contribuyentes será el correo electrónico, pensando en el SII, la Tesorería General de la República (TGR), Aduanas y los TTA.
Este eje también considera el nuevo procedimiento para levantar el secreto bancario y también la modernización de los procedimientos judiciales, mediante la creación del expediente electrónico y permitiendo mayores espacios de conciliación.
Un quinto son los delitos tributarios, que engloba la figura del denunciante anónimo y aumenta las sanciones a quienes faciliten o utilicen documentos tributarios falsos, independiente del monto.
Las nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) es el sexto pilar, entregando facultades que hoy residen en el SII, como realizar acciones de difusión y educación sobre cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Asimismo, a diferencia de hoy, la Defensoría podrá tener acceso a información tributaria para cumplir sus funciones. También, se incorpora la posibilidad de que puedan representar a los contribuyentes ante Aduanas o Tesorería.
Mientras que el fortalecimiento institucional y probidad es el séptimo eje, donde se entregarán mayores recursos para el desarrollo tecnológico en Aduanas, Tesorería y el SII, además de incorporar normas sobre movilidad y retención del personal en los citados servicios, además de la Dedecon.
Por último, se incorporarán normas para reforzar la probidad de los funcionarios de la administración tributaria, con sanciones por su incumplimiento.
Además de financiar el aumento de la PGU, con la iniciativa Hacienda apuesta a reducir aproximadamente en un 25% la brecha de cumplimiento tributario, luego de que un informe elaborado por el SII detectara un nivel de incumplimiento equivalente a 6,5% del PIB conjugando IVA e impuesto corporativo.
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