El proyecto de reforma laboral, que ayer inició su trámite ante el Congreso, tendrá un efecto en los recursos fiscales de US$ 6,8 millones (unos $ 3.981 millones) en régimen, de los cuales gran parte se destinarán a la polémica calificación de servicios mínimos para que una empresa funcione ante la eliminación del reemplazo de los trabajadores en huelga.
Según el informe financiero liberado ayer por la Dirección de Presupuestos (Dipres), la calificación de servicios mínimos tendrá un costo de US$ 3 millones ($ 1.800 millones) por año, dineros que se destinarán a costear estudios para cada uno de los 60 subsectores económicos informados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a la División de Estadísticas de la ONU bajo los estándares de la Clasificación Industria Internacional Uniforme (CIIU).
Asimismo, el fondo de formación sindical y relaciones laborales colaborativas –que reemplaza al hoy vigente Programa de Escuela de Formación Sindical- tendrá un costo de alrededor de US$ 2 millones ($ 1.140 millones).
El fondo, según se detalla en el escrito, constará de US$ 3,6 millones en recursos ($ 2.143 millones) que provienen de la Ley de Presupuestos de este año ($ 956 millones), los ingresos por multas ante prácticas desleales y antisindicales ($ 92 millones) y un incremento en el aporte fiscal por $ 1.093 millones.
"Asimismo, se considera como costo fiscal asociado a este concepto el reemplazo de aporte fiscal por la reasignación de ingresos del Sence a este nuevo fondo por $ 46 millones", señala la Dipres.
Asimismo, el costo fiscal será menor en lo relativo a las acciones de apoyo de la Dirección del Trabajo -DT- a las MYPE ($ 371 millones), un incremento del 30% en el número de mediaciones respecto del total anual identificadas por la DT ($ 300 millones) y el uso de arbitrajes para las 100 empresas hoy afectas al artículo 384 del Código del Trabajo. ($ 370 millones).
El cálculo se realizó tomando como tipo de cambio el proyectado por Hacienda en la Ley de Presupuestos 2015: $ 585.
"El mayor gasto fiscal que representa la aplicación de esta ley durante el año presupuestario de entrada en vigencia de la misma, se financiará con cargo a los recursos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social en lo que faltare, con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Pública. En los años siguientes, se financiará con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos", reza el informe.