Durante el período de campaña la entonces candidata Michelle Bachelet definió tres prioridades dentro de su programa de gobierno: nueva Constitución, reforma tributaria y educación gratuita. Y una vez ya instalada en La Moneda, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) le pidió colocar la agenda laboral dentro de las reformas estructurales y poder ingresar al Congreso medidas en esa materia durante el segundo semestre del año.
El planteamiento de la multisindical surtió efecto y previo al Día del Trabajador la mandataria confirmó que el debate por esos temas se efectuaría en el segundo semestre.
Sin embargo, tras el despacho a ley de la iniciativa que regula el multirut y la presentación del proyecto de AFP estatal, el Ejecutivo habría optado por acotar aún más los plazos, decidiendo que el debate de las reformas laborales vea la luz el próximo mes en el Parlamento.
“Julio es el mes que tenemos contemplado para que ingresen los grandes temas laborales, entre ellos la negociación colectiva, titularidad sindical, fortalecimiento de los sindicatos y el fin del reemplazo de los trabajadores en huelga”, reveló Tucapel Jiménez (PPD), presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, instancia clave en las conversaciones con el gobierno, porque es ahí donde ingresaría el texto legal.
Jiménez junto a los demás diputados y los senadores de las comisiones de Trabajo se reúne cada dos semanas con la ministra del área, Javiera Blanco, para consensuar la agenda legislativa en materia laboral.
El legislador PPD acotó que “existía el compromiso de que los temas se iban a discutir a inicios del segundo semestre y no al final, por lo tanto ahora hay acuerdo en que los temas no se empiecen a debatir más allá de julio”.
Dentro de la arquitectura de las reformas al mercado del trabajo, Jiménez anunció que “van a entrar todos los proyectos juntos, en una especie de paquete, porque cuando se habla de negociación colectiva entran todos los temas que ya se han planteado”.
El texto del programa de gobierno considera el fortalecimiento de la negociación colectiva y la actividad sindical, a través de un conjunto de modificaciones “que permitan ampliar la cobertura de trabajadores que pueden ejercer este derecho”.
En ese contexto, se plantea negociación colectiva con titularidad sindical y extensión de los beneficios de manera automática a los trabajadores que se afilien al sindicato que negoció el contrato colectivo.
Adicionalmente, se buscará que los empleadores entreguen de manera obligatoria información sobre el estado de resultados y balance general de la empresa a los representantes sindicales en el proceso.
También se establecerá un fondo con financiamiento público permanente y fondos concursables que permitan a las organizaciones y líderes sindicales tener acceso a recursos de desarrollo y gestión sindical. “Se debiera poner especial énfasis en la sindicalización femenina, los sindicalistas noveles o jóvenes, como asimismo en programas de acercamiento de sindicatos a organizaciones de la sociedad civil”, precisa el programa.
Por otro lado, se avanzará en el respeto a la libertad sindical conforme al Convenio N° 87 de la OIT, que establece que la norma laboral de los reemplazos durante la huelga constituye un incumplimiento del principio de la libertad sindical. En ese plano, la propia ministra del Trabajo, Javiera Blanco, ha adelantado que buscarán impedir la sustitución de empleados en paros legales.
Consenso CPC-CUT
Durante el primer gobierno de Bachelet, tanto los otrora ministros del Trabajo, Osvaldo Andrade y Claudia Serrano, intentaron avanzar en proyectos de reforma laboral. Sin embargo, la crisis subprime y las discrepancias con el entonces titular de Hacienda Andrés Velasco y la CUT, frenaron el debate.
En la Nueva Mayoría recalcan que ese conflicto hoy no existe y que el actual jefe de las finanzas públicas, Alberto Arenas, opera de manera coordinada con la ministra Blanco en el diseño de las medidas que corregirán el mercado laboral.
Para dar viabilidad, La Moneda buscará reeditar en las reformas laborales la lógica del acuerdo firmado en el primer mandato de Bachelet entre las carteras de Hacienda y Trabajo y la CPC y la CUT, para evitar despidos por la recesión económica en 2009.
También miran con atención en el gobierno la Declaración de Voluntades que ambas multigremiales suscribieron a principio del año 2012, documento que sirvió de sustrato para la nueva ley de multirut y que contiene las propuestas de fortalecimiento de la negociación colectiva similares a las que evalúa hoy el oficialismo.
Sin embargo, para el diputado y miembro de la comisión de Trabajo, Patricio Vallespín (DC), “los proyectos laborales se conversarán con ellos (con la CUT y la CPC), pero esto es un anuncio de gobierno”.
El parlamentario añadió que “el gobierno tiene claro que hay que equilibrar la cancha hacia el lado de los trabajadores, irá por entregar mayores derechos a los trabajadores en procesos de negociación colectiva”.
Advierten riesgo de lanzar cambios en ciclo de bajo PIB
Existe cierto nivel de consenso a nivel de mercado en que la discusión de las reformas laborales no sería conveniente en medio del actual ciclo de desaceleración de la actividad y de ajuste en la tasa de desempleo.
"Siempre es bueno discutir reformas estructurales al mercado laboral, pero hay que tener cuidado al elegir el momento, especialmente en la actual fase de desaceleración donde por un lado está cayendo la actividad -y sabemos que hay una elasticidad entre el Producto y empleo- y, por otro, en el mercado del trabajo se está produciendo una sustitución desde el trabajo asalariado full time a part time", advirtió el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón.
Para Huberto Berg, director de Berg Consultores, "los proyectos de ley que quiere promover el gobierno, tales como no reemplazo durante la huelga, permisos pagados por matrimonio, eliminación de la polifuncionalidad, extensión obligatoria de beneficios a trabajadores que no participaron en la negociación colectiva y se integran después al sindicato, entre muchas otras, claramente no incentivan el emprendimiento y menos la contratación. Encarecen las contrataciones, fomentan los paros y le ponen más trabas a las empresas para poder ajustarse en los períodos de crisis".
En la misma línea, Cecilia Cifuentes, investigadora de Libertad y Desarrollo, dice que "la forma en que se están planteando las iniciativas dentro de un escenario de desaceleración tiende a desincentivar la contratación". Añade que "si la discusión de mejores mecanismos de negociación colectiva y de formas para incentivar la sindicalización de manera voluntaria se transforma en la eliminación del reemplazo en huelga y en sindicalización obligatoria, terminará generando efectos negativos en el mercado".
Joseph Ramos, ex decano de Economía de la U. de Chile, señala que "de aquí a que las reformas laborales se aprueben, es de suponer que la economía no sólo esté yendo de menos a más, sino que tenga más vuelo y esté creciendo en niveles de 4% o más".
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