La estrategia del Ministerio del Trabajo para el diseño del articulado de la reforma laboral ha sido mantener una conversación preferente con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
“La CUT abogó ante la presidenta (Bachelet) para que la reforma laboral sea el cuarto pilar del programa de gobierno (…) con la Central también se acordó en el protocolo del reajuste del salario mínimo que el envío del proyecto de ley sería preferentemente en octubre”, dice una fuente de la Nueva Mayoría que conoce de la trastienda del proceso.
En ese plano, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco -quien lidera la tarea de aterrizar los enunciados de la propuesta-, nombró al asesor Roberto Godoy como coordinador de la reforma y le pidió armar una mesa técnica con la CUT para trabajar en los temas que eventualmente se incorporarán en la iniciativa que es materia de ley. Se pactó con los representantes de la multisindical -el secretario general Arturo Martínez, el vicepresidente Nolberto Díaz y Guillermo Salinas-, hacer reuniones dos veces a la semana en un lugar neutral: las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que están en Vitacura.
Hasta fines de agosto se desarrollaron cuatro sesiones entre las partes, donde básicamente la CUT expuso su planteamiento en materia de reforma laboral, que considera 25 temas, los que incluyen los nueve titulares del programa de gobierno.
El objetivo era que durante la primera semana de septiembre se realizaran dos nuevos encuentros en la OIT, en los que los delegados del Ministerio del Trabajo “entrarían al área chica” de la propuesta de cambios legales al mercado laboral. Asimismo, la idea era que el trabajo de la mesa culminara a fines de septiembre y que la Central conociera el borrador de la reforma en las primeras semanas de octubre.
Sin embargo, trascendió que por decisión de la autoridad las reuniones previstas con la CUT se suspendieron hasta después del feriado de Fiestas Patrias.
Una fuente bien informada indicó que la razón del sorpresivo receso en la mesa de diálogo se debería a que al interior del gobierno hay diferencias en torno al concepto de titularidad sindical, que implica que los beneficios negociados colectivamente sólo los reciben los afiliados a los sindicatos, no el resto de los trabajadores, y considera también que la negociación colectiva la conduce exclusivamente el sindicato más representativo de la empresa.
“No están totalmente de acuerdo en abordar un par de temas que son conflictivos para ellos, entre los cuales están la extensión de los beneficios logrados en la negociación colectiva (…) y el plazo de término de los convenios colectivos que vayan a estar vigentes cuando la reforma ya sea ley”, dice la fuente, quien agrega que con la suspensión de las reuniones el gobierno estaría “ganando tiempo”.
El mismo informante descarta que en estas conversaciones el fin del reemplazo en huelga sea un tema que esté en revisión.
Aguas turbulentas
Las diferencias por la titularidad sindical surgen en medio de los intentos del Ministerio de Hacienda de morigerar el contenido de la reforma laboral, para no buscar un nuevo foco de conflicto dentro de la áspera relación que ha tenido con el empresariado y así no afectar la agenda público-privada para impulsar la reactivación de la economía.
Admiten que si bien La Moneda está dispuesta a impulsar cambios laborales, el programa de gobierno no explícita poner fin al reemplazo en huelga, como lo ha venido planteando hace un tiempo Blanco.
Desde el Ejecutivo, igualmente, reconocen que el ministro Alberto Arenas es quien está a cargo del diseño final de la reforma, paso previo al OK de la presidenta para su posterior ingreso al Parlamento.
En este contexto, la titular del Trabajo optó en las últimas semanas por no profundizar más en la ingeniería de la propuesta.
¿Envío en octubre?
La ministra Javiera Blanco sí se ha referido a los plazos y ha dicho que la reforma laboral se mandaría al Congreso en octubre. No obstante, el ministro secretario general de gobierno, Álvaro Elizalde, salió en la última semana ampliando el plazo a una fecha más ambigua: cuarto trimestre de este año.
En Hacienda, en tanto, han evaluado desactivar el ingreso del proyecto en ambas fechas.
En este escenario, la Central Unitaria de Trabajadores el jueves último realizó una marcha a nivel nacional para impulsar la agenda de cambios al mercado laboral. La convocatoria contó con el apoyo de las directivas del PS y del PC.
En el acto oficial de la movilización, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, abogó por presentar lo más pronto posible la reforma y dijo que el proyecto debe considerar el fortalecimiento sindical y negociación colectiva, con derecho a huelga efectiva.
En La Moneda dicen que habrá que esperar lo que decida la mandataria en cuanto al contenido y plazo de envío del proyecto.
La estrategia del empresariado para influir en los cambios laborales
El lunes 18 de agosto pasadas las seis de la tarde, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, recibió al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, al gerente general del gremio Fernando Alvear y al vicepresidente de la Sofofa y titular de la comisión laboral de la multigremial, Rafael Guilisasti. El reservado encuentro fue para analizar la agenda sectorial del gobierno, donde destaca la reforma laboral, y el proceso de desaceleración económica. Fuentes cercanas dicen que fue una conversación "franca", en la que se abordó la reforma laboral que se viene y el empresariado planteó los puntos que le interesa impulsar en este debate. También admiten que se dejaron las puertas abiertas para seguir dialogando sobre la materia, pero no se constituyó formalmente una mesa técnica, como si ha sucedido en citas con los ministerios de Obras Públicas y Economía por la agenda pro crecimiento. Pese a los acercamientos, el empresariado reclamó al ministro de Hacienda, Alberto Arenas, en el áspero encuentro que tuvieron hace diez días para buscar un acuerdo en la agenda público-privada, que no han sido debidamente escuchado en el debate previo de la reforma laboral, donde se ha privilegiado el diálogo directo con la CUT. También expresaron a Arenas que la propuesta de cambios a la legislación del mercado del trabajo -junto a otras reformas que buscan impulsar en la Nueva Mayoría-, ha generado incertidumbre en el sector privado, ya que ha puesto sobre la mesa temas que a juicio de la CPC hoy no son prioritarios, como el fin del reemplazo en huelga y la titularidad sindical. La propuesta del gobierno considera nueve enunciados, donde destacan titularidad sindical y propiedad de los beneficios negociados por los sindicatos; simplificación de la negociación colectiva; derecho a huelga "efectivo"; ampliación de temas negociables y de permisos sindicales, además de ampliación de fondos de formación sindical y creación de fondos de fortalecimiento a la gestión sindical. En entrevista con DF, el timonel de la CPC Andrés Santa Cruz dijo que en este debate "lo importante no son las fechas, sino que el contenido". El directivo se mostró partidario de que empleador y sindicato pacten duración de jornadas de trabajo y planteó reducir la indemnización por años de servicios, a cambio de un mejor seguro de cesantía para las nuevas personas que se integren al mercado laboral.
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