Aunque el Ejecutivo ha dicho en todos los idiomas que no hay recursos para iniciar nuevas reformas, los partidos oficialistas reforzaron esta semana la ofensiva para que el actual gobierno enfrente un cambio al sistema previsional, tema que se ha tendido ha postergar. Pese a que hay diferencias sobre la velocidad y magnitud, la mayoría está de acuerdo con que es ahora cuando se debe iniciar un cambio estructural en esta materia.
Y la multitudinaria marcha del domingo en contra del actual sistema no hizo más que azuzar la presión hacia el Ejecutivo, que ya venían realizando algunos sectores de la Nueva Mayoría y puso definitivamente el tema en el debate público. Por lo mismo, es que desde algunos partidos, especialmente la Democracia Cristiana, esperan que esta materia sea analizada en el Comité Político de este lunes.
Tanto es así, que el jefe de la bancada de diputados falangistas, Fuad Chahín, uno de los principales promotores de que el gobierno fije las bases para una reforma previsional en esta administración, aseguró que en la reunión de mesa de su partido, el mismo lunes, antes del comité político, pedirá un acuerdo para que la timonel, senadora Carolina Goic, despliegue el tema en la tradicional cita en La Moneda.
Sin embargo, desde el Ejecutivo han planteado en público y en privado que no están dadas las condiciones para emprender una reforma de la envergadura que significa modificar el actual sistema de AFP.
De ahí que algunos parlamentarios hayan optado por desincentivar su promoción. Uno de ellos es el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), quien en una actividad con la presidenta Michelle Bachelet el miércoles recién pasado instó a no apresurar este debate, mostrando una posición contraria a la de algunos de sus correligionarios, que piden iniciar ya este debate, como es el caso del senador Guido Girardi.
Distintas miradas
Lagos Weber llamó a sus pares a que “no nos apresuremos” y rechazó “las respuestas rápidas”, señalando que “no me voy a comprar ninguna respuesta rápida, voy a estudiar el tema, lo vamos a hacer a conciencia y cuidando qué es lo mejor para Chile”.
A juicio del parlamentario, “el diagnóstico está claro, después de 36 años en que se impuso el sistema en un régimen dictatorial, ha seguido funcionando en democracia y hoy se ha probado que las pensiones que genera son extremadamente bajas, más allá de los ajustes por lagunas previsionales”.
Sin embargo, continúa, “este es un tema tremendamente difícil, complejo técnicamente. No hay respuestas fáciles y no creo que haya nadie que pueda dar una respuesta en 24 horas”.
En todo caso, en el propio PPD está circulando el informe de la Comisión Especial para el Estudio de Reformas al Sistema de Administración de Fondos de Pensiones que fue creada en 2012 en la Cámara Alta y que fue presidida por el senador de la tienda Eugenio Tuma. En la instancia participaron también su pares Alejandro Navarro (MAS), José García Ruminot (RN), Víctor Pérez (UDI) y Pedro Muñoz (PS).
El documento contiene 32 medidas para contribuir al proceso de reforma al sistema previsional que se esperaba iniciara el gobierno y fue entregado en julio de 2014 a la presidenta Michelle Bachelet.
Chile21 propone aumentar gradualmente el aporte empresarial
La creación de un Instituto Previsional Solidario y aumentar de manera gradual, en un plazo de cinco años, a un 5% el aporte del sector empresarial, son algunas de las medidas que proponen desde la Fundación Chile 21 para avanzar hacia un cambio al sistema de pensiones.
La iniciativa, titulada "Chile no puede esperar: Hacia un cambio del sistema previsional", en su parte introductoria plantea que el país "espera urgentemente una propuesta gubernamental posterior a las deliberaciones de la comisión presidencial convocada por la presidenta Michelle Bachelet en 2015".
Además que "el sistema actual previsional al cabo de 35 años de funcionamiento ha fracasado. El 91% de las pensiones que se pagan actualmente son inferiores a $ 156.000. El sistema de capitalización individual (las AFP) es deficitario económica y socialmente. Hoy el Estado debe concurrir con el 0,6% del PIB mediante Pensiones Básicas y el Aporte Previsional Solidario a subvencionar al sistema. El otro sistema llamado contributivo -Capredena y Dipreca- es también deficitario en un 0,7% del PIB".
En ese cuadro, sostiene Chile21, "las reformas generales hay que hacerlas. El sistema puede empezar a cambiar ahora" con medidas como: "Avanzar hacia un sistema mixto con pensiones solidarias y capitalización para los aportes adicionales individuales. En el caso de las FFAA habrá que extender la carrera militar (de 20 a 25 y de 30 a 35) y prever los abusos que se visualizaron en Gendarmería, aumentando el período para el cálculo de la pensión (5 años como se hace para los pensionados del sistema antiguo hasta hoy) y estableciendo un tope máximo de pensión de 72 UF indexado al índice real de remuneraciones".
En lo inmediato, también se propone "un cambio institucional ahora. La creación deI Instituto Previsional Solidario administrado por el Estado y que asegure una tasa de rentabilidad neta de 5% a todas las cotizaciones de los trabajadores que perciben hasta un tope de remuneraciones de $ 300.000 sin comisión alguna".
Se agrega que "esto aseguraría tasas de remplazo de no menos de 75% a quienes cotizan por 30 años. De su parte, el Estado podría usar estos fondos únicamente en inversiones reales o financieras, por ejemplo, para fortalecer el Fondo de Infraestructura actualmente en discusión", a la vez que "permitiría incentivar la economía y retornos en la inversión incluso superiores al 5%".
Por otro lado, Chile21 propone además que la jubilación de todo trabajador que haya cotizado por, al menos, 20 años no pueda ser inferior al salario mínimo".
Por último, los autores de la iniciativa -Rafael Urriola y Álvaro Gallegos- plantean aumentar a "no menos del 5%, en un plazo de 5 años el aporte del sector empresarial". Al respecto, señalan que "el aporte de cotizaciones de 10% del salario es hoy de cargo exclusivo de los trabajadores. Las mejores prácticas internacionales recomiendan aportes de trabajadores, empleadores y del Estado alcanzando a una contribución total de 20% promedio en los países de la OCDE".
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AFP
