El 29 de diciembre de 2014 la Presidenta Bachelet firmó la reforma laboral, quedando en condiciones de ser ingresada a tramitación al Congreso. Hoy, luego de tardar 464 días en ser aprobada y de enfrentar duros “round” en el Tribunal Constitucional, se promulgará el articulado en una ceremonia en La Moneda. Mientras el texto luchaba por mantenerse con vida, la denominada agenda laboral paralela sufrió altos y bajos.
Algunos proyectos de ley avanzaron tímidamente y otros simplemente quedaron congelados. Sin embargo, luego de la tramitación del veto por la reforma laboral, algunas iniciativas salieron del congelador y las comisiones de Trabajo de ambas cámaras han ido retomando el ritmo poco a poco.
Este ha sido el caso del proyecto que obliga a empresas y organismos públicos a contar con una cuota mínima de personas en situación de discapacidad, el que si bien ingresó como moción, se reactivó cuando en julio el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva que hoy se discute en la comisión de Trabajo del Senado.
Otro proyecto que está en plena discusión es el que regula los contratos por obra y faena, que se está revisando junto a un texto que crea la indemnización a los trabajadores que mantienen este tipo de contratos.
Ambos concentran la tensión en este minuto mientras la discusión de mociones sobre la negociación colectiva del sector público se retomará en septiembre. Los privados no están conformes con estos movimientos y siguen atentos al quehacer legislativo. Son lapidarios en señalar que gran parte de ellas no contribuyen a mejorar el mercado laboral y que, más bien, es urgente que el Ejecutivo opte por enviar un proyecto de ley adecuatoria a la reforma laboral para evitar la judicialización.
“Ésta sin duda sería una iniciativa sobre la que vale la pena legislar”, dicen. En tanto, la discusión del reajuste del sector público y la reforma previsional mantienen las dudas del porvenir de esta agenda.
inclusión de discapacitados
Si bien el proyecto de ley de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad fue ingresado como moción, en julio la Presidenta Bachelet presentó una indicación sustitutiva que llegó a acelerar el tranco en el Congreso.
La iniciativa, que obliga a los organismos públicos civiles y militares y a las grandes empresas privadas -en ambos casos con 200 o más trabajadores- a reservar una cuota mínima del 1% para personas con discapacidad, reactivó además el debate en torno a la efectividad del llamado "sistema de cuotas".
Este último punto es el que mantiene la discusión al rojo vivo en la comisión de Trabajo del Senado, ya que los parlamentarios están en un "tira y afloja" para determinar el porcentaje de esa cuota, ante los intentos de los senadores de la Nueva Mayoría de aumentar esa cifra mínima.
Para la oposición, el "cuoteo" implicaría una solución instantánea en que el Estado traspasa al privado el costo de esta inserción. Además, critican que la fijación de cuotas sujetas a multas involucra en muchos casos desconocer la naturaleza de la actividad o giro de la empresa, generando una serie de inconvenientes.
contratos por obra o faena
Mientras a principios de año el mundo político estaba en plena discusión de la reforma laboral, en paralelo la comisión de Trabajo del Senado decidió revisar el funcionamiento de los contratos por obra o faena. Luego, fusionaron esta idea con una iniciativa que crea la indemnización a los trabajadores que mantienen este tipo de contratos.
Según el abogado de LyD, Sergio Morales, el proyecto que regula los contratos por obra o faena tiene como objetivo declararlos indefinidos cuando hay cierta periodicidad en los servicios y establecer una indemnización a todo evento por cada mes trabajado en la obra. Tras el despacho de la reforma, el Senado lo instaló como una de sus prioridades en tabla y hoy figura segunda en la lista.
El "tope" estaría en la indemnización. El líder de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, dice que en el agro los contratos por faenas tienen una clara fecha de inicio y de término que responde a la dinámica de este sector, "el cual está supeditado a los ciclos biológicos propios de vegetales y animales. Una norma de ese tipo sería un cambio en las reglas del juego".
indemnización por muerte del trabajador
Este año, en medio de la reforma laboral, comenzó la discusión de un proyecto sobre indemnización por muerte del trabajador. Las voces disidentes explican que la iniciativa pretende que en caso de muerte del trabajador (por cualquier causa), el empleador deba indemnizar a sus familias con un mes de sueldo por año trabajado con tope en 11 meses, como si se tratara de un despido por necesidades de la empresa.
De hecho, para la oposición, este proyecto sería uno de los más "peligrosos" para el mercado laboral. Y si bien se encuentra por estos días en un breve "receso" en la Cámara, se espera que el gobierno se pronuncie frente al texto por medio de una propuesta.
Para Morales, el proyecto "desconoce absolutamente la normativa relativa al seguro de cesantía, donde la cuenta individual del trabajador, formada por aporte tanto del mismo como del empleador, es parte de su patrimonio transmisible, por lo que en caso de fallecimiento del trabajador sus asignatarios forzosos pueden cobrar dichos fondos acumulados y hacer -en parte- frente a la contingencia de muerte".
lOs que podrían despertar: polifuncionalidad y subcontratación
Quienes participan de las negociaciones en el Congreso comentan que mientras la reforma laboral vivía su auge, se acordó congelar las iniciativas de polifuncionalidad y subcontratación. Tras el "fin de la reforma", advierten que podrían descongelarse estas propuestas aunque, en medio del tono moderado del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, creen muy factible que no revivan en el mediano plazo.
Pese a esto, el mundo privado concentra especial atención en estos proyectos, ya que tendrían incidencia directa en la nueva ley. El líder de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, señala que "el desconocimiento de las labores que realizan los trabajadores del sector, y particularmente en la micro y pequeña empresa, puede llevar a simplificar la discusión en torno a la polifuncionalidad y afectar significativamente la capacidad de dichas empresas de responder a los requerimientos de sus clientes".
La socia de Tax & Legal de Deloitte, Mónica Fernández, asegura que las iniciativas son "bastante perjudiciales" y fueron creadas para frenar dinámicas que se darían con la reforma.
negociación colectiva en el sector público
En medio de la tramitación de la reforma laboral que opacó gran parte de las iniciativas que dormían en el Congreso, la comisión de Trabajo del Senado reactivó en junio el debate en torno a la negociación colectiva de los trabajadores del sector público, revisando tres proyectos de reforma constitucional sobre el tema presentados por parlamentarios.Se trata del proyecto iniciado por el senador Juan Pablo Letelier (PS) que consagra el derecho de los funcionarios públicos a negociar colectivamente y dispone un reajuste anual base automático de sus remuneraciones, una iniciativa del senador UDI Hernán Larraín y otra de la senadora DC Carolina Goic.
Con la reforma laboral aun empantanada en el TC y los cambios en la tabla de la comisión frente a las nuevas prioridades impuestas con la presentación del ajuste para el proyecto de inclusión de discapacitados, se habría suspendido este debate. Sin embargo, los integrantes de la instancia ya están realizando las gestiones correspondientes para retomar esta discusión en septiembre y sumar nuevas voces a las sesiones.
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