El lunes la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) expuso en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados sus observaciones y propuestas frente el proyecto de agenda laboral del gobierno.
Una de las principales críticas de la organización gremial que representa al empresariado fue que la iniciativa en los términos planteados aumentará de forma artificial los niveles de sindicalización en el país.
Entre los privados existe la sensación de que esta especie de "sindicalización automática encubierta" -como lo planteó la CPC- tendría el riesgo de elevar la conflictividad en las empresas.
Ante los diputados, el gerente general del gremio, Fernando Alvear, citó un informe del Ministerio del Trabajo elaborado por los investigadores Cristóbal Huneeus, Lorena Flores y Stephanie González que dice que la tasa de sindicalización alcanza a 18%. Mientras, en los países de la OCDE el promedio ponderado es de 17,1%. Alvear además menciona que la tasa de Francia a 2010 se sitúa en 7,9%.
"Siguiendo la metodología de la DT, la densidad sindical, definida como la proporción de trabajadores dependientes afiliados a sindicatos respecto al total de trabajadores asalariados del sector privado, alcanza un 16,4% para el año 2013. Sin embargo, con los datos administrativos de este estudio alcanza el 18%", dice el análisis de los expertos.
El estudio considera un total de 4.574.654 asalariados del sector privado y personal de servicio para el trimestre mayo - julio 2014 de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE).
Precisan que la diferencia entre las tasas de 16,4% y 18% se produce principalmente debido a que la DT considera la totalidad de la población afiliada a un sindicato activo incluyendo, por ejemplo, al personal de servicio, el cual por la naturaleza de los sindicatos estudiados en el documento no se consideran. Por otro lado, el personal de servicio no cotiza por concepto de seguro de cesantía, por lo cual no hay registro de ellos en la base.
De acuerdo al informe, a junio de 2014, en los registros de la Dirección del Trabajo, hay cerca de 11.500 sindicatos vigentes o en receso por no más de tres meses, de los cuales, 8.500 son sindicatos de empresa, establecimiento o interempresa.
Del total de 8.176 sindicatos considerados en el análisis, 7.712 se encuentran activos y 464 están en receso por no más de tres meses. Estos sindicatos cuentan con un total de 822.038 trabajadores socios, de los cuales 64,6% son hombres.
En el gobierno aclaran que el objetivo del proyecto que moderniza el sistema de relaciones laborales no es alcanzar una meta en materia de sindicalización. Lo que se busca es que los trabajadores tengan las opciones y los incentivos adecuados para decidir con libertad si quieren negociar sus remuneraciones y condiciones en forma individual o colectiva.
Conclusiones
Se observa en el estudio que el porcentaje de compañías que tienen sindicato aumenta con el tamaño de la empresa, de 3% para empresas con 9 a 30 trabajadores a 100% para empresas con más de 10 mil trabajadores. La barrera del 50% se supera en empresas con más de 500 trabajadores. En empresas con más de 50 trabajadores se observa la mayor cantidad de empresas con sindicatos.
A distintos tamaños de empresa los trabajadores tienen un salario mayor en firmas con sindicato en comparación de empresas sin sindicato, $745 mil versus $570 mil respectivamente. Esta diferencia es mayor en hombres que mujeres. Misma relación se observa a favor de empresa con más de un sindicato.
LyD no cree que "sindicalización forzada" reduzca la desigualdad
D. Vásquez/S. Valdenegro
El proyecto de ley de reforma laboral no cumpliría con el objetivo principal de reducir la desigualdad, según un análisis del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD). La razón principal sería que la iniciativa del gobierno no potencia los mecanismos para incrementar la productividad, lo que a juicio de la entidad es la única forma de lograr aumentos sostenibles en las remuneraciones y -por tanto- permanentes y sin efectos negativos para los trabajadores más vulnerables.
La postura está fundamentada en los efectos que -bajo su punto de vista- tendría el texto de ser aprobado en el Congreso: una ganancia de corto plazo para los trabajadores sindicalizados a expensas de otros más vulnerables y, por otra parte, un mayor costo laboral para las empresas.
Además, LyD advierte que dicha mejora en los sueldos se perdería a largo plazo producto de la menor competitividad de la economía ante los mayores costos laborales, "a menos que se busquen espacios de mejoras productivas, en lo que el proyecto está también al debe".
Otras conclusiones del estudio apuntan a que la tasa de sindicalización en Chile (15,3% en 2012) está en torno a la media de los países de la OCDE (17,1%), lo que en opinión de la entidad quiere decir que la institucionalidad vigente "no tiene debilidades y cuenta con los instrumentos para que los trabajadores capten la renta que les correspondería", en una clara crítica a los efectos del modelo de titularidad sindical que está impulsando el gobierno y que ha sido blanco de críticas por parte del mundo empresarial.
"No es la sindicalización forzada, sino en incrementos en la productividad donde el mercado chileno tiene espacios significativos para mejoras en las remuneraciones de los trabajadores y, particularmente, en los hogares de menores ingresos, dado que en ellos las tasas de ocupación son las más bajas", postula la entidad.
En ese sentido, LyD manifesta que el aumento de la productividad en los grupos más vulnerables debería ser el foco de la reforma laboral del gobierno, ya que centrarse en los derechos colectivos de un grupo de trabajadores puede traer beneficios a corto plazo pero a expensas de otro grupo de mayor precariedad.
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