Debate genera idea del gobierno de fijar “cuotas” en proyecto que promueve la inclusión laboral

Aplausos, pero también dudas dejó la semana pasada la firma de la indicación sustitutiva al proyecto de ley de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. La iniciativa, que obliga a los organismos públicos civiles y militares y a las grandes empresas privadas -en ambos casos con 200 o más trabajadores- a reservar una cuota mínima del 1% para personas con discapacidad, reactivó el debate en torno a la efectividad del llamado “sistema de cuotas”.

¿Qué tan eficiente es este mecanismo para promover la inserción de dichos trabajadores? Según un estudio elaborado por el investigador de Libertad y Desarrollo (LyD), Sergio Morales, pese a ser este sistema la “gran alternativa planteada por la OIT”, pareciera no ser eficiente, ya que generaría una serie de “inconvenientes e incertidumbres” llegado el momento de su implementación.

El talón de Aquiles sería, principalmente, que el establecimiento de cuotas sujetas a multas implica en muchos casos desconocer la naturaleza misma de la actividad o giro de la empresa. Por ejemplo, la realidad en el caso de una flota de taxis frente a la de un hotel, restaurante o call center.

“La imposición de cuotas obligatorias genera una estigmatización del trabajador con capacidades distintas diferentes, toda vez que su contratación implica una imposición externa por parte del Estado, por lo que los empleadores cumplirán sólo con los mínimos legales, transformándose estos mínimos en verdaderos máximos”, se explica en el documento. Además, otro flanco que desconocería el sistema de cuotas es el trabajo por cuenta propia y el incentivo de mayor emprendimiento.

Por esto, en la oposición ya se analiza en detalle las implicancias que podría tener esta legislación en términos prácticos. Para el sector, el “cuoteo” implicaría una solución instantánea en que el Estado traspasa al privado el costo de esta inserción, dejando de lado medidas que deben adoptarse con antelación como la tarea de formación y capacitación.

¿Qué hacer entonces?

De acuerdo al Segundo Estudio Nacional de Discapacidad, en Chile el 20% de las personas de 18 años o más (2.606.914) se encuentra en esta situación. Laboralmente, la mayoría está inactiva (57,2%) o desocupada (3,6%), sólo el 39,3% tiene empleo, de los cuales 73,9% cuenta con contrato a plazo indefinido, mientras que el 26,1% lo tiene a plazo fijo.

La receta tendría dos condimentos: adaptabilidad y flexibilidad.

A juicio de Morales, este debate es un imperativo, pero no se soluciona por la vía de la obligatoriedad de cuotas. La solución estaría en potenciar las capacidades de estos trabajadores por medio de la generación de mayor adaptabilidad laboral en la legislación para su contratación y ajustando normas laborales generales.

Entre las ideas que salen al ruedo está la flexibilidad horaria que permita cortar jornadas para compatibilizar terapias, favorecer el teletrabajo, determinar instrumentos de trabajo con ayuda, y fijar beneficios tributarios para el costo de programas de formación y capacitación para estos trabajadores.