El inicio del año legislativo no ha sido fácil para el gobierno de Piñera. Marzo ha estado marcado por el debate en torno a dos reformas clave, como son la tributaria y la de pensiones. La primera tiene al Ejecutivo en una compleja situación, ya que por falta de acuerdo político con la oposición arriesga que la Cámara de Diputados rechace la idea de legislar de la iniciativa. Es algo que no ocurre con frecuencia y que las distintas administraciones prefieren evitar. Tanto es así que desde el año 1990 a la fecha sólo en 127 ocasiones se ha utilizado este mecanismo.
De hecho, en 2017 esta fórmula no se utilizó. Y durante 2018 sólo se recurrió a ella para echar por tierra una iniciativa menor que declaraba el 2 de julio como el “Día Nacional de los Trabajadores de Casinos de Juegos”. En lo que va de 2019 tampoco se ha usado, aunque todo indica que las probabilidades de que la reforma tributaria sea la primera de este año son altas.
El secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, explica que independiente del informe que evacue la comisión a la que le corresponda analizar en primera instancia, respecto de cualquier proyecto que ingresa, la Sala debe pronunciarse. Esto significa que, en el caso de la reforma tributaria, aun cuando la Comisión de Hacienda de la Corporación recomendara aprobar la iniciativa, la Sala es libre de seguir la recomendación o no. Así, la eventual postura favorable de la comisión no impediría que la Sala rechace la idea de legislar.
Falta de acuerdo político gatilla el uso del mecanismo
La importancia de esta definición y la complicación que le genera al Ejecutivo es que cuando se rechaza la idea de legislar tiene sólo dos opciones: esperar un año para volver a ingresar la iniciativa o insistir en la otra Cámara. En el caso de la reforma tributaria, si se decidiera insistir debería volver a ingresarla, pero esta vez por el Senado. Sin embargo, esta opción también es difícil ya que para aprobar la idea de legislar se requieren dos tercios a favor. Y ya no sólo mayoría simple.
Desde su experiencia, Miguel Landeros sostiene que “cuando las posiciones entre el Ejecutivo y los diputados son muy difíciles de acercar, estos últimos votan en contra de la idea de legislar. Si ellos no tienen interés en la fórmula utilizada por el Ejecutivo para tratar alguna materia la rechazan, porque los parlamentarios no tienen mucha posibilidad de hacerle indicaciones o modificaciones a los textos que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo”.
Entonces, agrega, “en la mayoría de los proyectos que se rechaza la idea de legislar, eso ocurre porque no se alcanzan los consensos amplios para obtener las mayorías necesarias para legislar en esa materia”.
Tan consciente está el Ejecutivo de su desventaja en este sentido que decidió iniciar una campaña comunicacional para difundir los méritos de la reforma tributaria, en un escenario en que, a un año de su segundo mandato, las cifras no acompañan al presidente, que según la encuesta Cadem marca un 37% de aprobación ciudadana.
El recurso que se usó para rechazar reforma de Bachelet
El problema de rechazar la idea de legislar, particularmente en un proyecto muy importante para la ciudadanía, es que puede significar un costo político no menor para el sector que toma esa opción, por lo que muchas veces se buscan posibilidades menos evidentes.
Ese fue el caso de la entonces oposición a Michelle Bachelet, actual oficialismo y algunos parlamentarios del Frente Amplio, cuyo rechazo a la idea de legislar no impidió que en 2017 se aprobara el mensaje que establecía la creación del "Nuevo Ahorro Colectivo, aumenta la cobertura del Sistema de Pensiones y Fortalece el Pilar Solidario" –más conocida como reforma a las pensiones-, por lo que decidieron botar el proyecto rechazando en general aquellos artículos que requerían quórums especiales para su aprobación y que constituían el corazón de la reforma.
El gobierno saliente no hizo el trámite de insistir en el Senado, por lo que la reforma murió de todas formas.
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