Un cuaderno con las 100 propuestas para el desarrollo integral recibió el presidente Sebastián Piñera, quien se reunió con los integrantes de la mesa conformada por 22 personalidades de diversos ámbitos del sector público y privado, encabezada por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que en un plazo de casi seis meses trabajó para dar a conocer sus conclusiones.
En la ceremonia realizada en La Moneda, el mandatario agradeció al equipo "porque ha producido un gran documento, que va a significar una carta de navegación, una hoja de ruta para nuestro gobierno y para gobiernos futuros, para que la meta de hacer de Chile un país desarrollado, no se vuelva a frustrar, como nos ha pasado tantas veces en el pasado".
"Juntos podemos lograr transformar a Chile en un país desarrollado; divididos vamos a estar siempre estancados, o incluso retrocediendo. Y yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los chilenos comparte la necesidad de unir fuerzas detrás de esta meta, que es grande, noble, exigente y factible", añadió en su discurso.
Piñera planteó que el gran objetivo es "transformar a Chile en un país desarrollado, antes que termine la próxima década, un desarrollo integral en todos los ámbitos del quehacer humano, inclusivo, que llegue a todas las familias, y sustentable, respetuoso con el medio ambiente".
Y dijo que "si logramos crecer al 4% o al 5% promedio durante este período, cosa que hemos hecho en el pasado, llegaremos, al término de la próxima década, a un ingreso per cápita de US$ 35 mil o 40 mil, lo cual es equivalente a países como España o como Italia hoy en día. Esa es la meta que queremos alcanzar".
Las propuestas
Los integrantes de la mesa fueron Hernán Cheyre, Katia Trusich, Manuel Agosín, Fernando Bustamante, Óscar Olivos, Eduardo Aninat, Vittorio Corbo, Klaus Schmidt-Hebbel, Juan Araya, Alejandra Mustakis, Sergio Pérez, Soledad Alvear, Manuel Marfán, Patricio Arrau, Ignacio Briones, Andrea Tokman, José Pablo Arellano, Bernardo Larraín, Soledad Arellano, Alejandro Foxley, Alfonso Swett, Rodrigo Vergara. El equipo redactor del informe estuvo conformado por Alejandro Foxley, Manuel Marfán, José Pablo Arellano; e Ignacio Briones.
- Elaborar una política pública integral para enfrentar el cambio tecnológico compatibilizando la adopción de nuevas tecnologías con la reconversión laboral de los trabajadores.
- Reformular el sistema nacional de capacitación, convirtiéndolo en un sistema dinámico, que se adapte a las necesidades de los distintos sectores productivos y grupos de trabajadores, sirviendo especialmente a las PYMES.
- Fomentar una mayor coordinación entre la educación media, los institutos profesionales y centros de formación técnica con el sector privado, para permitir transferir las necesidades de competencias que surgen en las distintas actividades productivas a los centros de formación.
Priorizar grupos sociales que, por sus características, poseen una mayor vulnerabilidad. Se identifican 4 grupos vulnerables que debiesen ser priorizados por las políticas sociales.
1. Hogares con niños pequeños, especialmente encabezados por una mujer y con niños en la temprana edad.
2. Jóvenes que no estudian ni trabajan.
3. Adultos mayores, especialmente aquellos en la cuarta edad.
4. Hogares con personas en situación de discapacidad.
- Para aumentar la efectividad de la política social, se propone reorganizar la multiplicidad de programas sociales existentes en un grupo acotado de macro programas, aumentar el uso de información disponible en el Estado para la evaluación de la situación socioeconómica de los beneficiarios y perfeccionar el monitoreo de los programas sociales.
- Reformular la duración y la gradualidad del retiro de los programas sociales, de manera que faciliten la generación de ingresos autónomos por parte de sus beneficiarios.
- Evaluar, mejorar y simplificar de manera continua las regulaciones del Estado, bajo el rol de una Comisión Nacional de Productividad institucionalizada de manera permanente y con un rol más amplio.
- Mejorar el sistema de datos del Estado mediante la creación de un sistema integrado de información del Estado, abierto y con los debidos resguardos en cuanto a la reserva y protección de los datos personales, y promover la interoperabilidad de los sistemas de información de los servicios públicos.
- Establecer un sistema estandarizado de evaluación de desempeño para los servicios públicos, que incorpore la visión de la ciudadanía y que tenga consecuencias concretas.
- Avanzar hacia una estructura tributaria coherente con los desafíos del siglo XXI, cuya recaudación permita enfrentar los desafíos sociales del país, equilibrando competitividad, incentivo al ahorro, equidad horizontal y vertical, y la simplicidad de sus normativas.
- Realizar una reforma integral al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, modernizando su funcionamiento, aumentando la participación ciudadana temprana y desvinculándolo del ciclo político.
- Generar una Política Regional de Inversión que contribuya a la descentralización del país y al mejoramiento de la calidad de vida de las regiones.
- Disminuir el déficit de profesionales técnicos y de habilidades tecnológicas en la fuerza laboral, considerando los principales requerimientos de los sectores económicos y con especial énfasis en las nuevas tecnologías.
- Avanzar en una mejor medición del impacto en productividad de las políticas públicas, mejorando la calidad técnica de los informes de productividad, de manera que sean un elemento relevante en la deliberación de un proyecto de ley.
- Impulsar la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) como uno de los ejes fundamentales para la innovación y la eficiencia de los procesos productivos en la empresa.
- Aprovechar las condiciones económicas y de desarrollo del mercado de capitales de Chile para convertir a nuestro país en un exportador de servicios financieros.
- Promover una mayor educación e inclusión financiera en el mercado de ahorro y crédito formal, con foco en las personas, las pequeñas empresas y el comercio.
- Promover la innovación tecnológica como fuente de competencia, cuidando la regulación, la estabilidad financiera y protegiendo al consumidor.
- Mejorar las condiciones para el consumidor en su relación con las empresas, facilitando su entrada y salida de contratos, y generando condiciones más simétricas
- En la contratación y devolución de un producto o servicio.
- Otorgar una protección efectiva a los datos de las personas, asumiendo la nueva realidad tecnológica, evitando los abusos y llevando las normativas nacionales a estándares OCDE.
- Promover una evolución regulatoria en servicios como notarías y conservadores de bienes raíces, para eliminar barreras de entrada y avanzar en el uso de nuevas tecnologías como la firma electrónica.
- Invertir en infraestructura digital y facilitar el acceso de las empresas de menor tamaño a la tecnología, mediante grupos de apoyo especializados en Corfo y convenios con centros educacionales.
- Crear mecanismos para aumentar la asociatividad y cooperación entre las empresas de menor tamaño, lo que les permitirá reducir costos y ser más competitivas.
- Mejorar el acceso a financiamiento a través de programas de garantías, reconociendo las significativas diferencias que existen entre las Pymes y las etapas del ciclo de vida en que se encuentran.
- Desarrollar una política de comercio exterior de segunda generación que ponga el foco en mejorar los procesos logísticos, potenciando a Chile como centro logístico regional.
- Diseñar un fondo para acortar las principales brechas de capital humano con economías más competitivas en el corto plazo, implementando programas de rápida capacitación con foco en el aprendizaje del inglés y las nuevas tecnologías.
- Impulsar a la Alianza del Pacífico (AP) como una plataforma para profundizar el liderazgo de Chile en la integración internacional.
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