Considerando el escenario en que ha debido actuar el gobierno en el último tiempo, la fuerte caída en la popularidad del presidente Sebastián Piñera que mostró la medición de Adimark del mes de junio, no fue una sorpresa para La Moneda.
En línea con lo que ha sido el guión oficial desde que comenzó el descenso, la reacción de palacio -en boca de la vocera Ena von Baer- apuntó a reconocer que los resultados muestran una realidad que el gobierno no ignora, sino por el contrario, está enfrentando.
Lo cierto es que con cifras que dan cuenta de una situación especialmente crítica, donde no sólo el respaldo al presidente apenas supera el 30%, sino que el rechazo llega al récord de 60%, las autoridades tomaron conciencia de que -aun cuando la situación afecte a toda la clase política que tiene una desaprobación similar- estaban frente a un problema imposible de eludir.
Fue el complicado panorama, donde la creciente disposición de la ciudadanía a expresar su descontento en manifestaciones públicas podía escalar al punto de transformarlas en incontrolables, el que terminó por persuadir a Piñera de hacer una apuesta más en grande, que consiguiera, al menos, contrarrestarlo.
Decisión complicada
Una decisión que no fue fácil, porque aun reconociendo el fenómeno, a Piñera éste le parece incomprensible, como lo reiteró incluso en estos días, precisamente al comentar la caída que ha sufrido en las encuestas.
En la mirada presidencial, no es fácil entender el contraste entre un país que está bien, que progresa, que crece e incluso que enfrenta problemas como la delincuencia o la salud, con esa ciudadanía que de manera impaciente exige soluciones inmediatas a problemas que se arrastran por años.
Con esa percepción, el impulso presidencial era apostar a que, más temprano que tarde, las demandas irían menguando, en la medida en que el gobierno respondiera a ellas con una buena gestión.
Pero finalmente -tras una seguidilla de reuniones formales e informales- tomó conciencia de que las manifestaciones estudiantiles habían llegado el peligroso punto de que si no se detenían podían poner en serias dificultades al gobierno, sobre todo por el riesgo de que a éstas se comenzaran a sumar todos quienes están en ánimo de protestar.
Frente a ese riesgo cierto, entendió que no podía dar respuestas que no satisfacieran las demandas, porque en lugar de descomprimir el conflicto, ello podía generar más irritación o frustraciones.
Fue entonces cuando, impulsado básicamente por el ministro de Educación, Joaquín Lavín -con quien se reunió largamente en los últimos días- el presidente asumió que una propuesta contundente en materia educacional, al menos le entregaba la posibilidad de encontrar una salida al complejo momento que enfrenta.
En ese contexto, lo más determinante fue no limitar las medidas a los anuncios que había esbozado el 21 de mayo -como la creación de una subsecretaría de educación superior u otros cambios menores- sino dotar la propuesta de más contenido, pero sobre todo, decidir la entrega de recursos por US$ 4 mil millones, para ponerla en marcha.
No era una opción por la que se inclinara inicialmente, con el argumento del riesgo que podía significar que frente a cada demanda apareciera obligado a abrir la billetera, a lo que no estaba dispuesto para no exponer los equilibrios macroeconómicos.
Pero de acuerdo a lo que indican en círculos de palacio, Piñera finalmente accedió a la idea propiciada entre otros por Lavín, de que destinando esa cantidad de dinero a la Educación, podía no sólo mejorar la situación de ese sector, sino responder de esa manera, al menos a algunas de las principales insatisfacciones ciudadanas.
Razones de la opción
En un cuadro en que está confirmado que las protestas expresan un grado importante de frustración, en que -como lo grafican algunos resultados de la última encuesta del CERC- un 65% afirma no sentirse favorecido por el crecimiento económico, mientras un 72% se inclina para que exista más igualdad, la apuesta a poner el máximo esfuerzo en el tema educacional asomó como la mejor opción.
En esa línea, no fue ajeno al análisis del gobierno la percepción ciudadana de que educación es el área donde la gente percibe que existen más expectativas de mejorar la falta de equidad, lo que de hecho confirma el mismo sondeo.
Para ello, se tomaron en consideración realidades como que las familias gastan casi la mitad de su presupuesto en educación, mientras las deudas de los estudiantes se habían incrementado a extremos que no podían enfrentar.
Eso explica que parte sustantiva de los anuncios presidenciales apuntaran al aumento de becas que le permitan acceder a la educación superior al 40% más pobre de la población, a lo que se suma el cambio en el sistema de los créditos, o la rebaja de los intereses a los actuales.
Una muestra de que parte importante de la propuesta llamando a un gran acuerdo educacional (GANE) tenía el propósito de que no sólo pareciera dirigida a los académicos o estudiantes, fue que en su discurso, Piñera hizo una alusión directa a que iban en beneficio de todas las familias chilenas.
Con ello, tanto la expectativa presidencial como del ministro Lavín, no era encontrar una inmediata acogida en los dirigentes estudiantiles, menos teniendo en cuenta que habían radicalizado sus posturas, sino que se creara un escenario que descomprimiera la situación, donde aparecía determinante la actitud que adoptara el Consejo de Rectores (Cruch), luego de que la semana pasada había roto el diálogo por considerar que lo que se le ofrecía era insuficiente.
Con el respaldo de los rectores a la propuesta, que significó reanudar las conversaciones como lo anunciaron tras reunirse por más de tres horas con Lavín, la esperanza del gobierno quedó radicada en que, tanto los estudiantes, como los dirigentes opositores adopten una actitud similar que tienda a cambiar el escenario actual.
La credibilidad
Considerando la reacción de algunos dirigentes de la Confech, que pese al rechazo inicial se han mostrado más abiertos a dialogar, sumado a que difícilmente los políticos podrán rechazar de plano propuestas que no sólo tienden a mejorar el sistema de educación superior -como admitieron los rectores- sino a lograr más equidad, es posible que comience a gestarse un clima distinto.
Pero el problema que no pocos perciben, es que aun cuando la situación actual se aplaque, ello pueda no ser suficiente para poner fin a un descontento más general considerando que detrás de todas las protestas está presente un problema de credibilidad.
Como lo mostró la encuesta del CERC, lo que ratifica la medición de Adimark, está instalada la sensación de que el presidente no genera confianza ni es creíble -de hecho son sus peores atributos- básicamente por las excesivas expectativas que ha generado con bullados anuncios en temas sensibles, sin que éstos respondan a lo que prometen.
Fue, sin ir más lejos, lo que ocurrió a fines de 2010 cuando calificó como “revolucionaria” la propuesta para mejorar la calidad de la educación, que, finalmente, consistía en medidas importantes como los cambios al estatuto docente, pero que no abordaban, por ejemplo, el problema de la municipalización.
Es la actitud que el presidente repite cuando habla de grandes transformaciones estructurales en siete áreas, sin que éstas se conozcan, o cuando planteó como una gran “agenda social” el aumento del post natal o la reducción del 7% a los jubilados, que al fin no beneficiaban a todos quienes se suponía.
Desafío de Lavín
Generar las condiciones para recuperar la credibilidad de que ahora sí se está frente a una reforma importante en Educación, que debería ser el sello que distinga al gobierno, es el gran desafío que enfrenta el gobierno, donde juega a su favor que -a diferencia de las demás oportunidades- comprometió recursos de tal magnitud, que incluso superan a los que el gobierno de Michelle Bachelet destinó en su momento para financiar el pilar solidario, de su reforma previsional.
Es la tarea que, por encargo del propio Piñera, se ha propuesto el ministro Lavín, quien luego de la caída de 24 puntos que experimentó su popularidad este mes, está conminado a recuperar su muñeca política para demostrar que la apuesta a la Educación es en serio y que apunta tanto a mejorar su calidad, como a responder a las frustraciones por las desigualdades que tienen a la gente protestando en las calles, como al presidente con un rechazo que dobla a su aprobación.
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