El gobierno dio a conocer esta tarde su respuesta oficial al petitorio de medidas de los estudiantes, requisito básico para instalar una mesa de diálogo con la autoridad e intentar destrabar el conflicto estudiantil.
En conferencia de prensa, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, rechazó dos de las exigencias anunciadas el lunes por el movimiento.
La primera dice relación con la intención de los estudiantes de postergar el cierre del primer semestre académico en las universidades. Al respecto, el ministro dijo que el primer semestre se debe cerrar el 7 de octubre pues se requiere un mínimo de 17 semanas para avalar un semestre universitario
"No es un problema de presión del gobierno, no es un problema de voluntad del gobierno. Es un problema de constatar tanto las normas, las reglas, los requisitos y los plazos de paralización que ya han transcurrido y los plazos de recuperación que están disponibles”, dijo Bulnes.
El gobierno también rechazó suspender o congelar la tramitación de los proyectos enviados por el Ejecutivo al Congreso. En esa línea Bulnes dijo que la tramitación de proyectos es parte de la labor de su cartera y que dejar de legislar en torno a la deuda de crédito universitario afectaría a muchas personas.
"No estamos de acuerdo con esta condición por dos razones. En primer lugar porque no podemos dejar nuestra función, lo que supone entre otras cosas presentar y tramitar aquellos proyectos que estamos convencidos que son buenos para el país y por otra parte, tampoco podemos acceder a esta condición porque no nos parece equitativo, ni justo, ni correcto, dejar de ayudar a más de 100.000 deudores morosos del crédito solidario”, añadió el representante de gobierno.
Los puntos de acuerdo
El titular de Educación, sin embargo, dijo que sí están de acuerdo con establecer un diálogo abierto y transparente. "Estamos disponibles que todo lo que se converse en estas mesas de diálogo con los estudiantes y con los directivos del colegio de profesores posteriormente sea recogido en un acta donde se consigne con fidelidad la posición que sostuvo cada uno de los actores", dijo.
Asimismo recalcó que estas actas serán publicas y podrán acceder a ellas la ciudadanía y los distintos actores sociales. De esta forma se enterarán " en qué puntos se llegó a acuerdo y en que puntos hubo disenso".
El gobierno también accedió a la petición de dejar de entregar recursos fiscales a las universidades con fines de lucro y se comprometió a fiscalizar a todas las casas de estudio. Adicionalmente, anunció que de aquí a los primeros días de octubre se enviará un proyecto de ley que crea la superintendencia de educación superior cuya principal pero no única misión, será fiscalizar que las universidades estén constituidas y funcionen como corporaciones sin fines de lucro.