El Gobierno continúa realizando esfuerzos para retomar la agenda en el marco del caso Convenios.
Esta tarde, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, anunció que el Ejecutivo buscará actualizar las funciones del Consejo de Auditoría Interna del Gobierno, órgano que ha sido cuestionado por no haber sesionado a la fecha en la actual administración y por supuestamente haber relajado algunas normas de control de información de ejecución de recursos públicos el año pasado.
Elizalde informó que el instrumento a utilizar será el proyecto de ley presentado en 2016 por la administración de la exPresidenta Michelle Bachelet y que fue archivado en 2022.
La autoridad, luego del comité político en La Moneda, indicó que solicitarán que el texto sea desarchivado y se aplicará urgencia en su análisis “no solo para darle rango legal, sino que también para dotarlo de herramientas para realizar su trabajo, proveer recursos y que tenga la posibilidad de hacer auditorías por orden del Presidente de la República en determinados servicios, porque hoy ese trabajo se realiza por los propios servicios”.
Explicó que el proyecto de Bachelet “lamentablemente no fue aprobado, vamos a solicitar su desarchivo y presentar una indicación. Esperamos poder dotar de una mejor institucionalidad para dar respuestas a estos temas”.
El ministro señaló que durante el gobierno anterior la Contraloría evacuó un informe señalando que uno de los consejeros “tenía un claro conflicto de intereses, toda vez que siendo director de una consultora tenía contratos con instituciones públicas y eso podría significar que tuviera acceso a información privilegiada”.
Dada esa situación, Elizalde indicó que “hemos tomado la decisión que antes de la modificación legal, vamos a actualizar el marco normativo de carácter reglamentario, estableciendo explícitamente las inhabilidades e incompatibilidades para que esta situación no vuelva a repetirse”.
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Y sobre esa base, dijo “vamos a proceder a la designación de los nuevos integrantes”. Cabe recordar que en la actualidad el Consejo de Auditoría funciona con cuatro de sus siete miembros y el Presidente de la República debe designar a los consejeros restantes. “De todas formas, las labores operativas del consejo no se han paralizado en ningún momento”, afirmó Elizalde.
Gestión de riesgos
El proyecto de la exmandataria, firmado por los entonces ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés y de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre; crea la Auditoría Interna de Gobierno como un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará directamente con el Presidente de la República. Los actos administrativos de la Auditoría Interna de Gobierno en los que, según las leyes, se exija la intervención de un ministerio, deberán dictarse a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Señala que la Auditoría Interna de Gobierno “tendrá por objeto fortalecer los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza, mediante la realización de actividades de aseguramiento y asesoramiento al Poder Ejecutivo en materia de auditoría interna”.
Para ello, analizará la gestión de diversos órganos, respecto de su economía, eficiencia y eficacia; el cumplimiento de las normas y procedimientos; la protección de los recursos públicos; y la probidad, en la ejecución de las políticas, planes, programas y decisiones de la respectiva autoridad.
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