Tributaristas califican de “ingenuo” e "inaplicable" el impuesto a los súper ricos
La comisión de Constitución de la Cámara recibió a una serie de expertos en la materia.
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La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados continuó con la ronda de audiencias respecto al proyecto de reforma constitucional que establece un impuesto al patrimonio, escuchando a expertos tributaristas quienes en su gran mayoría advirtieron lo complejo que será aplicar el nuevo impuesto y calificaron hasta de ingenuo el proyecto.
El socio de Baraona Fischer & Cía., Juan Manuel Baraona, sostuvo que la iniciativa en trámite afecta los principios constitucionales de legalidad, no confiscación y no establecer tributos injustos. Señaló que "se debe tener cuidado con tomar la práctica general de legislar por la vía de una reforma constitucional".
Indicó que es "insuficiente" establecer un impuesto al patrimonio como definición del hecho gravado" y agregó que "advierto cierta ingenuidad del proyecto. Hablan de base imponible del patrimonio bruto y eso no existe, el patrimonio es neto. Vamos a tener que necesitar una ley adicional para que el proyecto sea operativo o aplicable y eso necesariamente requiere de un patrocinio del Presidente, quien es el que tiene iniciativa exclusiva en materia de tributos".
Agregó que otra dificultad es que el proyecto establece el destino de los recursos para una renta básica de emergencia "que hoy no existe. Lo que va a pasar es que los recursos (de aprobarse) van a ir a fondos generales y no se va a cumplir el objetivo de la ley".
Por su lado, la socia principal de EY, Macarena Navarrete, señaló que normativas similares en otros países generaron fuga de capitales y cambios de residencia. Agregó que hoy países como Portugal y Uruguay "compiten" por atraer a las grandes fortunas con normas especiales y "nosotros estamos pensando en impuestos".
Agregó que el texto establece una doble tributación, ya que dichas rentas ya tributaron, "lo que podría llegar a ser confiscatorio, injusto y discriminatorio", y llamó a buscar mecanismos alternativos para mejorar la recaudación.
El socio de Bruzzone & González, Francisco Saffie, indicó que de avanzar el proyecto "va a ir vaciando las normas tributarias constitucionales, acá se afectan y derogan derechos constitucionales, y si alteramos los derechos de los contribuyentes podríamos tener muchos casos de judicialización".
El socio de Villarroel, Lecaros y Aste, Cristián Aste, indicó a su turno que el proyecto "es un fraude a la normativa constitucional, genera una serie de efectos indeseados, es contraproducente y tiene requisitos como el pago en 30 días, que es muy difícil de poder cumplir".
Cabe señalar que la Cámara de Diputados analiza la reforma constitucional presentada por parlamentarios de oposición, que establece un impuesto por única vez de 2,5% a los patrimonios de personas naturales igual o superior a US $22 millones para financiar una renta básica de emergencia.