Septiembre es un mes marcado con rojo en el calendario del Ministerio de Hacienda. No solo porque se cierra el Presupuesto, sino también por los frentes abiertos que busca cerrar este mes: la negociación del reajuste del salario mínimo, la reforma al sistema previsional y la inminente presentación de un paquete de subsidios a la contratación por US$ 2.000 millones, por citar algunos.
Pero hay un tema adicional que ha extendido la jornada laboral hasta altas horas de la noche en el edificio de Teatinos 120: el informe que encargó al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para revisar el conjunto de exenciones y regímenes especiales del sistema tributario.
Pascal Saint-Amans, Jefe del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE. Javiera Suazo, Abogada y consejera de la misión de Chile ante la OCDE. Ignacio Briones, Ministro de Hacienda. Fernando Barraza, Director del Servicio de Impuestos Internos (SII). Manuel Alcalde, Coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda. Claudio Agostini, Asesor especial en materia tributaria del Ministerio de Hacienda.
El documento es el insumo principal para que el ministro Ignacio Briones aterrice su compromiso de revisar los más de US$ 9.000 millones en menores ingresos que percibe el Fisco por ambos ítemes, acordado con la oposición tras la aprobación en enero de la reforma tributaria. Además, es un instrumento para contrarrestar el debate por la moción que crea un impuesto a los denominados “súper ricos”.
Fuentes del Ejecutivo aseguran que el documento está en su etapa final de elaboración y que se dará a conocer en la última semana de septiembre, no descartándose la primera de octubre.
Quienes conocen el contenido del reporte aseguran que ambos organismos internacionales entregarán su visión del impacto que han tenido las exenciones y regímenes especiales en los distintos sectores económicos, además de recomendar potenciales ajustes o incluso derogaciones.
Puntos polémicos
En Hacienda hay una definición tomada de empujar cambios en al menos dos puntos tan relevantes como polémicos: el régimen de renta presunta y el impuesto a los combustibles. Eso sí, no serán los únicos temas, ya que las exenciones fiscales
engloban a distintos sectores, como educación, salud, construcción y transporte, además de gravámenes como el IVA y a la renta.
Altas fuentes plantean que el ministro Briones tiene la “voluntad y el convencimiento” de que el sistema de presunción de rentas -que permite tributar sobre ingresos menores a los efectivos para algunos sectores- ya cumplió su objetivo y es innecesario dado el avance tecnológico y la digitalización de la gestión tributaria, por lo que el país debe abrir una discusión sobre potenciales ajustes.
Algo de aquello transmitió hace dos semanas en una entrevista en Radio Concierto, en medio de las movilizaciones de los camioneros, uno de los sectores intensivos en el uso de la renta presunta, junto con la minería y la agricultura. En su faceta como académico en la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) también fue crítico del mecanismo.
La reforma tributaria del 2014 ya modificó los límites para ingresar al sistema de presunción de rentas, rebajando el tope de ingresos anuales desde $ 345 millones a $ 222 millones en la agricultura; y de $ 129 millones a $ 123 millones en el transporte.
Otro tema en el que se abrirá la discusión es el impuesto específico a los combustibles, respecto a su tasa diferenciada (1,5 UTM por m3 para el diésel y de 6 UTM por m3 para las gasolinas) y la devolución de hasta un 80% del que gozan los transportistas. Hace dos semanas Briones calificó las distintas tasas como algo “difícil de justificar” en términos económicos y el reembolso del tributo como un “tratamiento tributario privilegiado”.
En el Ejecutivo son realistas de que ambos temas “son políticamente complejos”, ya que tocan intereses de distintos sectores, en especial luego de la reciente movilización de los camioneros. Por lo mismo, el diseño en el que se trabaja en la cartera es presentar el documento y abrir un debate a nivel parlamentario, asociaciones gremiales involucradas en el tema, académicos y expertos tributarios.
De todas formas, cualquier cambio en materia de exenciones y regímenes especiales dependerá de un acuerdo político, tanto en ajustes de corto como mediano plazo. “Hay algunos cambios que se podrán realizar ahora y otros que quedarán para un próximo gobierno”, señalan fuentes ligadas al proceso.
Los rostros principales
Los nombres de los integrantes de los equipos técnicos que elaboran el reporte en Washington y en París se mantienen en reserva, pero diversas fuentes comentan que se trata de un verdadero “dream team”.
Por el lado de la OCDE, las contrapartes serían dos de las principales autoridades a nivel global en la materia: el jefe del Centro de Política y Administración Tributaria, el francés Pascal Saint-Amans, junto con el director de Política Tributaria y de la División de Estadística del citado centro, el australiano David Bradbury.
En el caso del FMI, se estaría trabajando con el Directorio Ejecutivo y con el director del Departamento de Asuntos Fiscales, el portugués Vitor Gaspar.
Por el lado chileno, se encuentran los equipos del Ministerio de Hacienda, liderados por la Coordinación de Política Tributaria encabezada por el abogado Manuel Alcalde; el economista y asesor de Briones, Claudio Agostini -crítico de la renta presunta y del diseño del impuesto a los combustibles-; un equipo técnico del Servicio de Impuestos Internos (SII), dirigido por su director Fernando Barraza; y la consejera de la embajada chilena ante la OCDE, la abogada Javiera Suazo.
Ganancias de capital e IVA entre apuestas de los expertos
El socio de Bustos Tax & Legal, Claudio Bustos, cree que hay un conjunto de exenciones que deben eliminarse y otras "fiscalizarse más severamente".
Entre las primeras menciona la renta presunta, "puesto que en la actualidad dicha franquicia se hace innecesaria si se atiende a la existencia del régimen Pro PYME".
Asimismo, plantea límites al uso de la exención del pago de impuesto a la renta por las ganancias de capital obtenidas en la venta de valores con presencia bursátil, en el sentido de que aplique si la ganancia no excede de cierto monto: "Alternativamente, podría establecerse una tasa fija baja de tributación, como un 10% o 15% por ejemplo".
Respecto al impuesto a los combustibles, plantea acercar o igualar el tributo al petróleo con el de las bencinas. "Si bien en muchos países el impuesto al diésel es más bajo que el aplicado a las gasolinas, con lo que se pretende otorgar un estímulo impositivo al transporte de carga, en Chile la desproporción entre ambos impuestos es muy grande, por lo que hace falta una revisión en esta materia".
Para Álvaro Moraga, socio de Moraga & Cía., no solo deben analizarse las exenciones como una fuente de menores ingresos al Fisco, sino como parte de una política de "asignación de recursos" para evitar el encarecimiento de bienes y servicios que afectan a sectores de bajos ingresos.
"Considero que las exenciones van a ser eliminadas son al menos las rentas presuntas (agrícola, transporte y minería); las ganancias de capital en acciones con presencia bursátil; y las bonificaciones y beneficios para las actividades de administración y manejo de bosques. En IVA, la exención al transporte aéreo de pasajeros y a los seguros", apuesta.
Mientras que la socia líder de Consultoría Tributaria de EY Chile, Javiera Contreras, hace un llamado a ser "cuidadoso", ya que "no necesariamente terminar con exenciones lleva a lograr los objetivos buscados o puede hacerlo parcialmente con impactos negativos que superan las mejoras tanto en las conductas del mercado como en los contribuyentes".
"En todo caso, sí nos parece que realizar esta revisión hace más sentido que estar inventando nuevos impuestos, como el de los súper ricos o discutiendo subir las tasas de impuestos", señala la ejecutiva.
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