Heidi Berner: “Ojalá varios proyectos del pacto fiscal sean aprobados no a fines del 2024, sino mediados de año”
La economista explica que los guarismos y diseño de cambios al impuesto a la renta no están cerrados, pero que los principios sí: que debe haber progresividad en el nuevo sistema y gravar las rentas del capital.
- T+
- T-
Una de las protagonistas en el diseño del denominado “Pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal” fue Heidi Berner. La subsecretaria de Hacienda participó en la mayoría de las más de 20 reuniones con partidos políticos, además de la etapa previa de tratativas con la sociedad civil, académicos y representantes de pequeñas y grandes empresas, que tuvo como corolario la presentación de un borrador final el jueves.
La ingeniera comercial de la U. de Chile y máster en Administración Pública de Harvard define ese hito como el “término de una etapa”, que se inició en agosto con las primeras conversaciones y que ahora continúa en enero con el ingreso de los primeros proyectos de ley y la convocatoria de una mesa de trabajo prelegislativo para la reforma del impuesto a la renta.
Así, la número dos en Teatinos 120 espera que los proyectos que dan vida al pacto logren despacharse del Parlamento durante el próximo año. ¿La razón? Hay prioridades de gasto, dice, que no pueden esperar.
“En todas las conversaciones fue surgiendo la importancia del crecimiento, como también de la generación de mayores ingresos”, señala, junto con recordar el rol de la comisión Marfán y de la OCDE.
“En general, las rentas del capital son rentas altas y en Chile se recauda poco de las rentas del capital. Eso es un foco importante y que además está muy relacionado con los niveles de ingresos de las personas”.
“Si nos quedáramos solo con el impulso al crecimiento, recién tendríamos los recursos equivalentes a las necesidades que hoy tiene el país en 2029”.
- ¿Este documento está cerrado o pueden agregarse enmiendas en el camino?
- Siempre cuando uno convoca a los distintos actores, eventualmente en esas conversaciones políticas puede haber cambios. Ahora, respecto del pacto, deberían ser bastante marginales, porque esto es un resultado de cinco meses de trabajo.
- ¿La mesa de trabajo por el proyecto de renta se convoca en la primera semana de enero?
- Durante las primeras semanas de enero. Hay un compromiso de acordar el pacto y nosotros empezar a ingresar los proyectos de ley de este pacto, donde a partir de la primera etapa en enero queremos ingresar el proyecto de permisos sectoriales del Ministerio de Economía, el de modificación a la Ley 19.300 del Medio Ambiente con el fortalecimiento del SEA, pero también para entregar más certeza jurídica y disminuir plazos en la tramitación de permisos ambientales. Además, está el proyecto de regulación de la colaboración entre el Estado y las fundaciones sin fines de lucro. Y el cuarto proyecto es el de cumplimiento de obligaciones tributarias.
Entonces, nuestra convocatoria es a ser parte de este pacto, donde estos serían los primeros cuatro proyectos a ingresar.
En paralelo, estamos comprometiéndonos como Ejecutivo a convocar a todos los actores políticos que quieran sumarse para preparar el proyecto de reforma a la renta que entraría en marzo.
En el proyecto de renta, no estamos pidiendo que generemos un pacto ex-ante, porque entendemos que puede haber mayores diferencias, pero que sí podamos hacer este trabajo prelegislativo y recoger las distintas propuestas.
Además, en marzo estaríamos entrando con la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas y con el proyecto de impulso a la inversión en infraestructura.
- ¿La idea es que los proyectos sean aprobados en 2024?
- El pacto es más que solo esos cuatro proyectos de enero, más los tres que mencioné para marzo, porque hay varios que son indicaciones a proyectos en trámite.
Entonces, cuando uno acuerda un pacto, el objetivo al final del día es generar una serie de priorizaciones legislativas, que están incluidas en este pacto. Y, de esa forma, tramitarlos como se han tramitado los proyectos de la agenda de seguridad.
- ¿La idea es que todos estos proyectos estén aprobados el próximo año?
- Sí, y ojalá varios de ellos no sean aprobados a fines del próximo año, sino más bien a mediados de 2024. Pero eso es parte de las cosas que hay que acordar y dependerán del debate legislativo.
Impuesto a la renta
- También se abordan compromisos de reforma al impuesto a la renta.
- En lo que tiene que ver con la reforma a la renta, se acotó el porcentaje de recaudación que se requiere: hoy hablamos de un 0,6% del PIB, una vez conocida la información entregada por la Comisión Marfan y la OCDE, no de 1,1% que buscaba lograr la reforma tributaria.
¿Por qué? Porque las necesidades de gasto, equivalentes a 2,7% del PIB, pueden ser financiadas en parte con aumento de crecimiento, eficiencia del Estado y con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero para el resto que se requiere, el 0,6% del PIB, deberán provenir de los cambios al impuesto a la renta que se presentarán en marzo.
- ¿Espera que el proyecto de cambios al impuesto a la renta tome más tiempo en tramitarse? ¿Incluso aprobarse en 2025?
- Nuestra expectativa es que podamos tramitarlo durante el año 2024. Por eso mismo, estamos convocando a esta mesa de trabajo prelegislativo.
A propósito de lo que mencionó la comisión Marfán, si nos quedáramos solo con el impulso al crecimiento, recién tendríamos los recursos equivalentes a las necesidades que hoy tiene el país en 2029. Eso no ayuda a nadie, porque las necesidades de mejorar las pensiones, de subir y aumentar la cobertura de la PGU, disminuir las listas de espera en hospitales, aumentar el per cápita y la universalización de la salud primaria, los gastos en cuidados, en seguridad… nadie podría pensar en esperar a 2029 recién para hacernos cargo.
Creemos que es importante tramitar esto con la celeridad que corresponde.
- En los compromisos del proyecto de impuesto de renta, ustedes dicen que van a reducir el impuesto corporativo para reducir la brecha con la mediana de la OCDE. ¿Estamos hablando de bajarla de 27% a 25%?
- Eso es parte de lo que tenemos que conversar en los próximos meses. Pero efectivamente, tal como lo señala la comisión Marfán, ellos hicieron una estimación de qué significaba en términos de aumento del crecimiento bajar la tasa de 27% a 25%.
De alguna forma se ha instalado eso, pero nada está cerrado. Son parte de las cosas que hay que conversar.
- Ustedes agregaron un párrafo interesante en la parte de impuesto a la renta, donde señalan que van a reducir el impuesto corporativo y que esto va a ser compensado con “tributación de rentas personales sobre ingresos del capital”. ¿Esto a qué se refiere en específico?
- Se refiere a que hay personas que, como yo, solo tienen la renta al trabajo, pero hay otros que además tienen otro tipo de renta, como ingresos de dividendos retirados de empresas, que se conocen como rentas del capital. En general son rentas altas y en Chile se recauda poco de las rentas del capital. Eso es un foco importante, que además está muy relacionado con los niveles de ingresos de las personas.
- ¿Eso significa que insistirán con el impuesto a las rentas del capital de 22% que consideraba la reforma tributaria original?
- Los guarismos no están cerrados y las fórmulas tampoco. Sí hay un tema de principios desde el punto de vista que el sistema tiene que ser progresivo, que no vamos a insistir en el impuesto al patrimonio, que es un stock, pero sí en términos de flujo. ¿Cuál es la fórmula y los guarismos? Es lo que seguiremos trabajando de aquí a marzo.
- ¿Pero de todas maneras sería algún tipo de impuesto al flujo y no al stock?
- Claro, por eso hablamos de renta y no de patrimonio, que es una suerte de stock.
- ¿Se va a insistir con la fórmula de aumentar los tramos medios y altos del Global Complementario y subir la tasa máxima a 43%?
- De partida, piense que hay un conjunto de incentivos que no estaban antes y que hoy están en el documento. Por ejemplo, toda la ruta del emprendimiento de las PYME no estaba en la versión anterior. Está el tema del monotributo para las PYME más pequeñas. Y eso hace también que la parte de recaudación sea distinta en varios ámbitos. Eso es lo que se está afinando y trabajando de aquí a marzo.
Como la meta de recaudación neta ahora es distinta, es 0,6% del PIB, eso también lleva a repensar cómo uno llega a esa recaudación.
Entonces, las tasas del Global Complementario probablemente hay que reestudiarlo.
Hacienda dice que fortalecer la administración tributaria va de la mano con reforzar la probidad
La subsecretaria Berner señala que las modificaciones a las facultades del SII ayudarán a detectar antes casos como el mega fraude tributario.
- ¿Los cambios que incorporaron con foco en la probidad de los funcionarios de la administración tributaria tienen que ver con los casos en investigación en el SII y los TTA?
- Son coincidentes, pero la verdad es que los temas de probidad los hemos venido trabajando como Gobierno de un tiempo atrás.
La misma Ley de Compras Públicas, que fue un proyecto de ley que me tocó tramitar desde que asumí, muchas de las indicaciones al proyecto que venía de la administración anterior se relacionaron con capítulos de probidad y transparencia. Por ejemplo, actualizaciones con mayor periodicidad de las declaraciones de patrimonio y de intereses de las personas que forman parte del proceso de compras públicas y no solo de las autoridades como está hoy día. Entonces, ya en la Ley de Compras Públicas hay toda una mirada de mayor probidad.
En el pacto hay un fortalecimiento y modernización de entidades como el SII, Tesorería, Aduanas y los TTA, pero también nos parece que como contrapartida aumentar los niveles de probidad con distintas fórmulas es parte importante de este fortalecimiento.
- ¿Esto va a implicar que, por ejemplo, los funcionarios en terreno tendrán que hacer una declaración de patrimonio?
- Eso lo estamos todavía revisando, pero eso es parte del proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias.
- ¿Lo que está ocurriendo con el SII, en el marco del caso audios y las críticas por la lentitud con que se querelló por el mega fraude tributario, no hace más difícil avanzar en darle mayores facultades?
- Yo creo que es al revés. La lentitud tiene que ver con el proceso que hoy tiene que hacer el SII con el Ministerio Público, y creemos que tenemos que fortalecerlo para que tengan mejores herramientas administrativas para poder actuar de manera más rápida.
Entonces, es al revés, hoy el proceso es mucho más lento, por ejemplo, si quisieran levantar el secreto bancario. Primero, tienen que preguntarle al contribuyente y, si éste se opone, tienen que esperar el pronunciamiento del tribunal. Y cuando el tribunal da el ok, lo más probable es que esa cuenta corriente ni siquiera exista. Eso hace que el proceso sea muy largo. Entonces, lo que nosotros hoy estamos trabajando en cumplimiento de obligaciones tributarias va justamente en la línea de tener mejores herramientas para llegar más rápido y con mayor oportunidad a este tipo de casos.
- ¿No se enfrentan a una derrota al insistir con temas controversiales como el denunciante anónimo o la aplicación administrativa de la Norma Antielusión?
- Parte del trabajo legislativo va a ser ir afinando aquellos ámbitos donde de alguna forma no hay total consenso. Nosotros creemos que es mejor que se aplique de manera administrativa, pero esto va a ser parte del debate.