Francisco Selamé, de PwC: "Asumir un pacto tributario por 10 años hoy día es ilusorio"

El abogado Francisco Selamé ha participado en varias instancias de discusión técnica de reformas tributarias en los últimos años en nuestro país, como por ejemplo la Universidad de Chile -donde es académico de Derecho- y el Círculo Legal de Icare, del que es integrante.

Pero es desde su rol como socio líder del Área Legal y Tributaria de PwC Chile donde este abogado ha estado encargado de asesorar a clientes en la implementación de los últimos cambios en materia de impuestos que ha experimentado el país. Y que no han sido pocos en las últimas décadas.

Abogado de la U. de Chile y Magíster en Finanzas y Derecho Tributario de la Universidad de París Cité, el especialista es crítico de la propuesta de pacto fiscal del Ministerio de Hacienda, planteando dudas respecto a la posibilidad de que se logre un consenso para mantener el nuevo sistema durante la próxima década.

“Hay una estrategia del Gobierno para sacar adelante una reforma que no tiene apoyo en el Congreso y que consiste en una especie de travestismo tributario, en que una reforma se viste de distintas formas para tratar de venderla de una mejor manera y persuadir a la oposición”.

-¿Cuál es su visión de lo que se conoce hasta el momento del pacto fiscal?

- En base al borrador que se ha compartido con los partidos políticos, me parece que el pacto fiscal parte de un error fáctico, que es la idea de que este  Gobierno va a continuar  por diez años más , y que va a tener  la mayoría en el Congreso que le va a permitir garantizar la temporalidad de este pacto . Se establece el propósito de que rija por diez años con un control a los cinco años para establecer algunas modificaciones. Eso no es viable porque en los últimos años las reformas tributarias han sido infinitas y  la experiencia en nuestro país es que cada gobierno que se instala pretende modificar las leyes tributarias.

Entonces, creo que asumir un pacto tributario por diez años hoy día es ilusorio.

Y segundo, creo que lo que hay finalmente es una estrategia del Gobierno para tratar de sacar adelante una reforma tributaria que no tiene apoyo en el Congreso, y que consiste en una especie de travestismo tributario en que, en definitiva, una reforma tributaria se viste de distintas formas para tratar de venderla de una mejor manera y persuadir a la oposición.

También hay un uso de ciertas técnicas que normalmente se conocen como la ventana de Overton, que básicamente consiste en rodearse de una serie de informes técnicos que le den validez científica a las pretensiones del Gobierno para después, en el fondo, tratar de obtener su aprobación un poco forzada en el Congreso a través de acuerdos políticos previos que no son el lugar donde se deba presentar y debatir una reforma tributaria.

Al final del día, ¿cómo se nos pretende hacer pensar que esta reforma va a ser permanente si no están ni las condiciones políticas ni jurídicas para darle esa permanencia?

- ¿En qué áreas cree que se puede avanzar del pacto fiscal?

- El pacto fiscal toma algunas ideas que están en la propuesta de nueva Constitución, en cuanto a la posibilidad de que las personas puedan deducir ciertos gastos de su renta, como en educación, cuidados y arriendos. En eso se podría eventualmente avanzar.

Pero el corazón de la reforma tributaria planteada en este último documento es una modificación al impuesto a la renta, en que se subiría este impuesto  a las personas que tienen mayores ingresos, lo cual evidentemente es contrario a lo que ha estado diciendo recientemente la OCDE y una serie de informes: que el impuesto a la renta lo pagan muy pocas personas y que debe ampliarse el margen de contribuyentes sujetos a este impuesto.

Además, pienso que las personas, en la medida que sienten que pagan impuestos por pequeños que sean, se sienten ciudadanos con legitimidad también para exigir respecto del Gobierno un uso y una gestión adecuada de estos recursos.

- ¿La fórmula debería ser complementar esto con un aumento de la base imponible del impuesto personal?

- Creo que sí, con una tasa muy reducida para los tramos más bajos, pero creo que hay que hacer partícipe a toda la población, todos debemos ser responsables del sostenimiento de los gastos públicos.

- ¿Qué considera que debe modificarse del pacto? Hacienda ya ha cedido en varios puntos respecto a la propuesta original.

- El Gobierno no incluirá el impuesto al patrimonio ni a las utilidades retenidas, que producían distorsiones importantes y también dudas respecto de su constitucionalidad.

Ahora, la pregunta es por cuánto tiempo el Gobierno va a dejar de lado estos estos impuestos, ya que  eran impuestos que para ellos eran trascendentales.

Además, hace poco se publicó un informe del exdirector del SII Michel Jorratt, donde señala que la evasión del impuesto corporativo supera el 50%. Eso no cuadra con otra serie de estudios que han hecho otras instituciones y, en el fondo, crea una sensación de alarma tremenda dando a entender que en Chile las empresas no pagan sus impuestos. Creo que eso no es así.

- Ahora, la evasión es un fenómeno que existe en Chile.

- Claro, pero creo que en Chile, en definitiva, el impuesto de Primera Categoría se paga y es muy fiscalizado. Dentro de ese 50% se dice que está todo el tema de la informalidad, pero tampoco se dice cuánto representa la informalidad.

Pero en el fondo, decir que en Chile las empresas pagan menos del 50% del impuesto que deberían pagar no es cierto, eso genera una sensación de fraude generalizado. Eso no cuadra con mi experiencia profesional de 40 años.

- Además, el Gobierno planea reducir el impuesto corporativo en la nueva propuesta tributaria.

- Evidentemente ahí hay una contradicción, porque en definitiva vamos a premiar a los que no pagan impuestos, les vamos a bajar la tasa a los que según esos estudios defraudan este impuesto.

- ¿Ve avances en el proyecto de cumplimiento tributario que presentará el Gobierno?

- Lo primero que me llama la atención es que se diga que en definitiva el Congreso va a decidir si la Norma Antielusiva va a ser conocida en sede administrativa o judicial. El Congreso es el que tiene toda la competencia para decidir toda la reforma tributaria y aquí parece como la excepción.

Ahora, para mí no existe ninguna razón para cambiar el conocimiento de las conductas elusivas desde la sede judicial a la sede administrativa, porque en definitiva el SII tiene todas las herramientas para concurrir a un tribunal y perseguir a los contribuyentes que realizan elusión y esto requiere un estándar más alto que si fuera en sede administrativa, porque estamos frente a un juez que va a tener que evaluar las tesis y las pruebas del SII. Entonces, esa es la mejor garantía de que, en definitiva, no se persiga indiscriminadamente y sin fundamento.

- ¿Cuánto complejiza el caso audios para avanzar en darle más potestades al SII?

- Hay varios temas de legitimidad de los cuales hay que hacerse cargo. Primero, si es legítimo aumentar los impuestos cuando ves que existen casos de mala gestión, incluso de corrupción. Y ahí la pregunta es si no hay que solucionar primero esta situación antes de pretender aumentar los impuestos.

Y la segunda pregunta es si en el SII existen eventuales focos de corrupción, ¿darle más poder a esa institución significa poner a los malos funcionarios en una mejor posición frente a este tipo de conductas?

Constitución: impuestos y la polémica por las contribuciones

- ¿Qué opinión tiene del borrador constitucional? Tiene muchas referencias a temas tributarios, algunos muy controversiales.

- El proyecto del Consejo moderniza y fortalece las garantías de los contribuyentes, a diferencia de lo que hacía la propuesta anterior, que los sacaba derechamente incluso de los derechos constitucionales.

O sea, se miraba el sistema tributario como una mera herramienta para obtener recursos, una visión de caja del sistema tributario.

El proyecto actual fortalece los derechos de los contribuyentes y ese fortalecimiento es necesario en un Estado Social de Derecho, que es fundamentalmente un Estado impositivo, un Estado que ejerce una presión fiscal mayor para financiar los derechos sociales. Frente a esta mayor presión fiscal, los contribuyentes necesitan tener mayores garantías y eso se logra de manera importante en el proyecto actual.

Hay un robustecimiento al principio de reserva legal que ya no solo comprende los tributos, sino que cualquier otra carga pública, cualquier otra prestación pecuniaria que pueda exigir el Estado. Hay un fortalecimiento respecto del principio de igualdad en materia tributaria, en el sentido de que el conjunto de los impuestos que afectan a una persona no pueden tener alcances confiscatorios.

La incorporación expresa del principio de irretroactividad de las leyes tributarias también me parece un avance que da garantías y seguridad jurídica.

- Pero la incorporación de las contribuciones en la Constitución ha sido muy criticada.

- Su incorporación está dentro del desarrollo de otro derecho: a la vivienda. Así, en la Constitución actual, por ejemplo, para garantizar el derecho a la libertad de cultos se declaran exentos de impuesto territorial los templos. Entonces, esta exención opera como una garantía del derecho a la vivienda más que como una cuestión de política tributaria. Además, se puede justificar porque muchos beneficios tributarios que beneficiaban a las viviendas se han ido eliminando, como el DFL-2 o los relacionados con  la venta de los bienes raíces en casos de particulares que venden su único bien raíz.

Ahora, el borrador dice que esta exención no se aplicaría a propiedades de alto valor patrimonial y respecto a personas que tuvieran ingresos suficientes para pagar este impuesto. Se acotó a los casos en que efectivamente este tributo podría estar afectando el derecho a la vivienda.