Entre el 18 de noviembre del año pasado y el 19 de enero de este año, los ministerios de Hacienda, Energía, Medio Ambiente, Economía y Transporte lideraron un proceso de diálogos sociales en el marco de la preparación del proyecto de impuestos verdes, hoy ya denominado por el ministro Mario Marcel como “reforma fiscal verde”.
Durante el lapso, se realizaron 24 audiencias telemáticas entre actores de la sociedad civil, medioambiental, empresas, gremios y universidades para exponer sus propuestas de modificaciones a los tributos a las fuentes fijas contaminantes, así como al gravamen específico a los combustibles.
La mayoría de los actores coincidieron en la necesidad de aplicar de forma gradual los cambios, tener presente el efecto sobre la actividad económica, terminar con algunas exenciones que benefician a contribuyentes que utilizan petróleo diésel, y modificar la base imponible del gravamen a las emisiones.
Los asesores recibieron a representantes de Sofofa, Clapes UC, el Instituto del Cemento y el Hormigón, al exministro Marcelo Mena, ACSP, Chile Sustentable, Acenor, Usach, Generadoras de Chile, U. de Chile, H2 Chile, UAI, Guacolda, PwC, CPC, Barros Varela Silva Vigil, Universidad Austral, ONG Fima, UC, Acesol, Acera, Conttramen, IATA, Achila y el Consejo Minero.
El texto definitivo ingresará al Congreso antes de fines de abril.
“Un impuesto al combustible sería muy difícil de internalizar y probablemente se deberá traspasar a precios. Un impuesto a las emisiones impactará de la misma forma”, señaló el gremio de las aerolíneas chilenas.
El impuesto verde “no ha sido efectivo” en reducir las emisiones de dióxido de carbono. “Solo ha tenido un propósito recaudatorio”, manifestaron las empresas de energías renovables.
1 Sofofa: eliminar créditos al diésel
Jorge Cáceres, del Centro de Medio Ambiente y Energía de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), planteó que cualquier modificación a los impuestos verdes debe hacerse cargo de los “vacíos regulatorios” que existen en la legislación, así como evitar un “exceso” de regulación.
Así, expuso que el país debe hacerse cargo de la “dieselización” del parque automotor en el país, que ya asciende al 20,7% del total, y propuso eliminar el crédito por impuesto específico al diésel que hoy favorece al transporte de carga y la industria. También apuntó a incorporar incentivos a la transición energética y agregar a nuevos sectores gravados por el impuesto a las emisiones fijas de CO2.
2 Clapes UC: corregir disparidades
El coordinador económico de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático de Clapes UC, Luis Gonzales, apuntó a que exista una “complementariedad” entre los impuestos a las emisiones de carbono y uso de energías contaminantes, y las normas restrictivas para emisiones. Así, recalcó que hay “espacio para mejorar” el nivel de tasa del impuesto al CO2, hoy ubicado en US$ 5 por tonelada emitida para llegar a niveles cercanos a US$ 30 en el mediano plazo.
Dijo que es una “oportunidad” para “corregir” la disparidad entre el impuesto a las gasolinas y al diésel. Junto con sugerir eliminar el crédito especial para este último combustible -que favorece a la industria-, recomendó incluir el impuesto al diésel en la base del IVA y aumentar la base de tributación.
3 Cemento y hormigón: gravar márgenes de emisiones
Augusto Holmer, del Instituto del Cemento y Hormigón, señaló que es “imperativo” revisar la estructura del impuesto verde, para “alinear” los incentivos a la reducción de emisiones y evitar una pérdida de competitividad que afecte la producción nacional de la materia prima.
Junto con pedir que cualquier ajuste se haga de forma “gradual”, propuso cambiar la base imponible del impuesto al CO2, que hoy grava todas las emisiones que superen cierto umbral. En cambio, sugirió que se aplique el tributo al porcentaje de emisiones que superen un umbral específico definido para cada industria, como ocurre en Canadá con el acero, la petroquímica, el vidrio y el cemento en dicho país. Dicho sistema contempla también créditos, pagos o compensaciones de parte de los emisores contaminantes.
4 Clientes eléctricos: cambiar las compensaciones
La Asociación Gremial de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor) representa a rubros consumidores de energía en el país, como la agricultura, el forestal, comercio, hospitales y transporte, entre otros.
El representante de la entidad, Javier Bustos, argumentó que las compensaciones que permite la ley para la aplicación del impuesto verde han significado que los emisores contaminantes han traspasado US$ 70 millones del impuesto a clientes libres que retiran energía del sistema, pidiendo a Hacienda modificar este mecanismo.
Así, apuntó a que el gravamen se considere como parte de los costos marginales del sistema eléctrico, para evitar que se traspase la compensación a clientes más pequeños
5 Generadoras: ojo con alzas en tarifas
Francisco Muñoz, en representación de Generadoras de Chile, hizo un llamado a las autoridades a “tener presente” el costo de las políticas de reducción de emisiones en otros sectores de la economía.
Así, recalcó que cualquier modificación regulatoria “puede gatillar alzas en tarifas de clientes libres y regulados”, como un mayor recargo por el impuesto a las fuentes fijas.
Junto con argumentar que el principal objetivo debe ser reducir emisiones “y no la recaudación”, Muñoz solicitó que el tributo sea incorporado como parte del costo variable de las generadoras, y que la recaudación debe destinarse a mitigar alzas de tarifas a clientes vulnerables y financiar iniciativas para reducir emisiones.
6 Guacolda: impuesto verde para todas las industrias
El gerente general de la eléctrica Guacolda, Marco Arrospide, centró su presentación en el pago que ha realizado la empresa del tributo a las emisiones fijas, que ha promediado US$ 22 millones al año desde el 2017.
Agregó que el gravamen representa cerca de un 40% del resultado operacional (Ebitda) de la firma, por lo que aumentar el gravamen sobre los US$ 5 actuales “nos deja bastante complicados”.
El ejecutivo agregó que la aplicación del impuesto debe ser “transversal a todas las industrias, sin exclusiones”, pero teniendo en mente las implicancias de costo-eficiencia para los distintos rubros. Pidió que un eventual aumento sea “paulatino” en el tiempo, siendo exponencial a partir del 2024
7 PwC: foco en compensaciones
El gerente de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC Chile, Nicolás Westenenk, argumentó que el tributo a las emisiones fijas en Chile hoy es “bajo” y “no deja ingresos” en las zonas donde se genera la contaminación.
Así, apuntó a aumentar de forma indexada la tasa del tributo, basado en l cumplimiento del presupuesto de carbono nacional, que fijó que el costo social de las emisiones de CO2 ascienden a entre US$ 30 a US$ 35 por tonelada emitida.
Así, el experto señaló que se debe mantener la opción de que los contribuyentes compensen las mayores emisiones contaminantes como alternativa al pago del impuesto, con el foco en redirigir fondos hacia proyectos que faciliten la reducción de emisiones.
8 CPC: tributo a todos los combustibles contaminantes
Javier Irarrázabal y Paulina Riquelme acudieron a los diálogos por la Comisión de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Ambos plantearon que las modificaciones a los impuestos verdes y específicos a los combustibles deben ser “graduales” y contemplar mecanismos de transición que permitan la adaptación de los agentes regulados.
También, apuntaron a abordar las duplicidades de los impuestos, como la situación del tributo específico versus el IVA.
Asimismo, concordaron en proponer como “pertinente” la eliminación del crédito por impuesto al diésel que favorece a las empresas de transporte de carga y a la industria, “en la medida que sea gradual y los contratos se ajusten con razonabilidad”.
En cuanto al impuesto específico, plantearon excluirlo de la base del IVA para evitar una doble tributación, así como enfocarse en estrategias para desincentivar el uso del diésel y desarrollar la electromovilidad y la industria del hidrógeno verde.
Por último, sugirieron ampliar el impuesto específico a todos los combustibles que generan externalidades negativas “y toda la actividad productiva que lo utilice, sin eximir o beneficiar a determinados sectores”.
9 Acera: foco en reducir emisiones
Carlos Finat y Darío Morales, de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera) expusieron un diagnóstico crítico del efecto del impuesto a las fuentes fijas, señalando que “no ha sido efectivo” en reducir las emisiones de dióxido de carbono. “Solo ha tenido un propósito recaudatorio”, señalaron.
Así, aludieron al mecanismo de compensación de emisiones que estarían afectando a los clientes de los emisores de fuentes contaminantes.
Así, sugirieron incorporar el impuesto verde en el costo variable de las centrales generadoras que emiten CO2, para que no carguen el tributo a las generadoras.
En la misma línea, recomendaron subir el tributo en una primera etapa desde US$ 5 por tonelada a US$ 32, y luego a niveles similares al de países desarrollados, entre US$ 50 y US$ 100 por tonelada hacia 2030.
10 Aerolíneas: alertas por impacto en pasajes
Peter Cerca, de la International Air Transport Association (IATA), y Carolina Simonetti, por la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila), presentaron la visión del rubro del transporte de pasajeros respecto a la reforma.
Cerca partió señalando que cualquier modificación debe ser “holística” y tener en consideración las consecuencias y costos de corto, mediano y largo plazo. Así, advirtió que el combustible representa entre un 30% y 40% del costo operacional del sector.
En línea con lo anterior, Simonetti alertó que aumentar el impuesto a los combustibles para el sector puede afectar el costo de los pasajes aéreos y el transporte de carga, en especial hacia zonas extremas.
“Un impuesto al combustible sería muy difícil de internalizar y probablemente se deberá traspasar a precios. Un impuesto a las emisiones impactará de la misma forma”, cerró.
11 Minería: incentivos a rebajar otros impuestos
El gerente general del Consejo Minero, Carlos Urenda, partió su ponencia señalando que los impuestos verdes “no deben tener un objetivo recaudatorio, sino reducir emisiones y deben aplicarse donde esa reducción es factible”.
Asimismo, opinó que el proyecto del Ejecutivo debiera considerar incentivos a dicho fin, como por ejemplo la deducción o rebajas de otros impuestos.
También, argumentó que se debe “evitar una fuga de CO2” al aplicar impuestos más altos en Chile respecto a otros países que son emisores más intensivos de dióxido de carbono, lo que en el resultado neto podría aumentar las emisiones contaminantes a nivel global.
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