Empresarios ultiman informe con críticas al fin de exención de DFL-2, royalty minero e impuesto a la riqueza

Agosto será un mes clave para la tramitación de la reforma tributaria, al ser el período donde se concentrarán las audiencias con expertos, organizaciones sociales y gremios del sector privado en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Se espera que en septiembre se vote en general y en particular el texto.

Dada la premura, el mundo empresarial comienza a acelerar el paso para fijar una postura en torno al “corazón” de la reforma, como son los cambios al impuesto a la renta, la desintegración del sistema, los ajustes o eliminación de exenciones tributarias, y la creación de un nuevo gravamen a la riqueza.

Esta semana será clave para aquello. El jueves, la comisión tributaria de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se reunirá para discutir el borrador del informe técnico que presentará, con posterioridad, a las ramas con el análisis de los principales puntos del proyecto.

Según conocedores, la idea es concordar un diagnóstico de la reforma y entregar propuestas de mejora con foco en aumentar la recaudación tributaria, pero resguardando los incentivos al crecimiento y la inversión.

En la instancia participan representantes técnicos de todas las ramas del gran empresariado (comercio, banca, industria, agricultura, construcción y minería).

El presidente es el abogado tributarista Christian Blanche y la integran Luis Felipe Ocampo, (SNA), Christian Aste (CNC), Francisco Costabal (Sonami), Alejandro Arriagada (Sofofa), Rodrigo Mujica (Sofofa), Camila Ramos (CChC), Javier Hurtado (CChC), Gonzalo Bustos (CChC), Germán Torres (ABIF), Juan Sutil (CPC), Fernando Alvear (CPC), Javier Irarrázaval (CPC), Loreto Pelegrí, Mario Silva, Luis Catrilef, Carlos Boada, Tomás Kovacevic, Juan Pizarro, Gabriela Clivio, Magdalena Brzovic y Patricio Arrau.

El foco en el DFL-2

Fuentes cercanas señalan que uno de los temas que abordará el texto es el fin a la exención por las rentas obtenidas de arriendos de viviendas DFL-2.

Hoy, las rentas provenientes de hasta dos viviendas DFL-2 están exentas de impuestos. Ahora, la reforma establece que pasarán a incorporarse a la base imponible del impuesto personal.

El análisis de los equipos técnicos es que el cambio podría ser inconstitucional, ya que se afectaría el derecho de propiedad para los contribuyentes a quienes se les terminaría el beneficio impositivo. “Esto es similar a un contrato del antiguo DL 600, el Estado no puede unilateralmente retirar el beneficio”, aseguran en la comisión.

De hecho, han encargado informes en derecho a abogados constitucionales como Enrique Navarro para relevar este punto.

En la banca, hay preocupación por eventuales ajustes en el tratamiento impositivo de las operaciones de leasing, ya restringidas en la reforma que financió la PGU.

El impuesto de 1,8% a las utilidades no distribuidas en las sociedades no operativas también será un foco del análisis, ya que -señalan- sería un desincentivo a la inversión.

Riqueza y elusión

Otro de los focos del reporte será el nuevo impuesto a la riqueza que crea la reforma, que gravará el patrimonio desde US$ 5 millones con tasas que oscilan entre 1% y 1,8%.

Los asesores técnicos de las ramas advertirán que la propuesta impactaría a la inversión, al incentivar el cambio de domicilio impositivo de contribuyentes de altos ingresos.

A su vez, habrá un análisis crítico en derecho sobre la aplicación administrativa de la Norma General Antielusión, que ahora podrá ser aplicada por el SII sin pasar previamente por los tribunales especializados; y también sobre la figura del denunciante anónimo tributario, que podrá acceder a un 10% de la multa aplicada. Entre los técnicos consideran que deben aplicarse medidas sancionatorias mayores a quienes denuncien sin sustento.

Si bien no es parte del proyecto principal de reforma, los ajustes al royalty para la minería serán parte del análisis técnico de la CPC.

En el gremio minero han sido críticos de esta figura que establece un componente ad valorem (sobre la base de las ventas) y otro sobre la rentabilidad operacional, ya que se traduciría en que compañías con pérdidas terminarían pagando impuestos.