CPC valora medidas contra informalidad propuestas por Hacienda, pero ve distancia aún sobre ítem de antielusión

Si el lunes fueron las PYME, ayer fue el turno de los grandes empresarios en acudir al Ministerio de Hacienda y conocer de primera fuente uno de los ejes principales del pacto fiscal que prepara el Ejecutivo: las medidas para combatir la evasión y la elusión.

Así, cerca de las 15 horas comenzó la cita en el piso 12 de Teatinos 120, donde acudieron el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, el gerente general de la multigremial, Fernando Alvear, y los asesores tributarios Mario Silva, Luis Felipe Ocampo y Nicolás Burr (este último presidente de la comisión tributaria de Sofofa y gerente general de CAP).

Los anfitriones fueron el ministro Mario Marcel, el co-coordinador de Política Triburaria, Diego Riquelme, el embajador chileno en la OCDE, Francisco Saffie -se conectó desde París-, y el asesor Tomás Laibe.

Mewes se mostró optimista sobre el contenido de lo anunciado por Hacienda: “Hay varias cosas en las que yo diría que estamos de acuerdo, que es importante que se avance”, explicó, apuntando a las medidas para reducir la evasión combatiendo la informalidad.

“Claramente ahí hay acuerdos, en las medidas que tienen que ver con el SII, con Aduanas, en fin, hay hartos temas que abordar en ese sentido”, agregó.

Sin embargo, el timonel de los grandes empresarios señaló que hay al menos dos temas que requieren modificaciones de parte del Ejecutivo: el proceso de notificación electrónica y la figura del “denunciante anónimo tributario”.

“Hay todo un proceso de notificación electrónica. Entonces, cuando hay poca conectividad en algunos sectores, hay que resolver esas situaciones también”, explicó.

Sobre el denunciante anónimo, Mewes señaló que es uno de los puntos que “genera controversia” entre las partes. “Dimos algunas ideas para que el ministro las pueda analizar”, tales como establecer “una sanción para aquel denunciante anónimo que es temerario y genera una denuncia que no tiene fundamento, y en ese sentido claramente tiene que haber una sanción muy severa por el daño que esa persona puede causar. Esos son los elementos que tenemos que trabajar”, planteó.

Con todo, el dirigente empresarial recalcó qué se trata de conversaciones en curso y que como sector continúan con la disponibilidad de aportar al debate.

Fuentes que participaron del encuentro, señalaron que se acordó apurar el trabajo técnico, para lo cual los asesores de la CPC se reunirán con los de Hacienda los días jueves y viernes. Todo esto considerando que a fin de mes el Ejecutivo anunciaría los pasos a seguir con la reforma.

Las propuestas

En la cita, Hacienda informó que insistirá en la aplicación administrativa de la Norma General Antielusiva (NGA), a través del Servicio de Impuestos Internos. Hoy, la normativa se ejerce previo paso por los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA).

Eso sí, se respetará el derecho de los contribuyentes para presentar acciones judiciales posteriores. También, Hacienda propondrá la creación de un consejo asesor, que deberá emitir opinión sobre los casos donde el SII busque aplicar la norma. La idea de Teatinos 120 es que dicho órgano sea similar al consejo asesor de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon).

Otro cambio relevante es que se determinará que una vez aplicada la NGA -independiente de su resultado judicial- la administración tributaria no podrá aplicarle una norma especial antielusiva al mismo caso.

También, se insistirá en la creación del denunciante anónimo de la reforma original, quien podrá entregar antecedentes sobre eventuales delitos fiscales a cambio de una recompensa. Eso sí, se considerará el trabajo legislativo de la reforma anterior, que reforzó las sanciones contra las denuncias falsas, por ejemplo.