Más de dos meses ha estado trabajando la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en la elaboración del documento “Evaluación de medidas para un mejor cumplimiento tributario”. “Creemos que para fortalecer la sostenibilidad fiscal de cara a las necesidades de los chilenos, hay que potenciar el crecimiento económico y mejorar la eficiencia del gasto público. Además, se deben reducir los niveles de informalidad, combatir el comercio ilícito y reducir la evasión y elusión, pues todos los contribuyentes tienen que aportar según corresponda”, comenta el presidente de la entidad, Ricardo Mewes.
El texto, que propone 28 ideas -recopiladas en cinco ejes-, ya fue entregado al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y se pondrá a disposición de los diversos actores políticos.
Javier Irarrázaval, director de Políticas Públicas de la CPC. Ricardo Mewes, presidente de la CPC. Fotos. Julio Castro y Archivo
Datos: la necesidad de cifras actualizadas de evasión y la implementación de ajustes metodológicos
El primer eje de las medidas enumeradas por la muligremial, titulado “Información y diagnóstico”, contempla dos propuestas.
La primera de ella se refiere a la necesidad de contar con cifras actualizadas en evasión tributaria a nivel de Impueto al Valor Agregado (IVA) e impuesto a la renta, precisando que éstas incluyan la elusión.
Aquí, el gremio argumenta que las últimas cifras oficiales de evasión en impuesto a la renta corrresponden al ejercicio de 2009, mientras que las últimas relacionadas con de evasión en IVA son de 2018.
Por otro lado, desde la CPC sostienen que las cifras de evasión estimadas por el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt -de 7,5% del PIB-, no habrían descontado el gasto tributario (exenciones tributarias, créditos tributarios, diferimientos, etc.) en el caso de la evasión del impuesto a la renta.
“Por ello, es importante consensuar una metodología pertinente para el cálculo de evasión (que incluiría también elusión)”.
En la segunda medida, titulada “ajustes metodológicos al cálculo de gasto tributario según documento FMI/OCDE”, el gremio menciona que durante 2020 se publicó un estudio conjunto del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para evaluar ciertos aspectos metodológicos de lo que deja de percibir el Fisco por regímenes especiales en el país (como el sistema PYME, la renta presunta, las exenciones a ganancias de capital, cotizaciones previsionales, gasto presunto para trabajadores independientes, beneficios DFL2, entre otros).
Un material que, desde la perspectiva de la CPC contiene recomendaciones que “deben considerarse” para discutirlas y eventualmente implementarlas en el país.
Administración fiscal: mayoría de países OCDE tienen a un solo ente que cobre y administre impuestos
En el capítulo de “modernización de la administración tributaria”, la multigremial propone integrar en un solo organismo al Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería General de la Repúblia (TGR) y Aduanas.
Según el documento, la mayoría de los países de la OCDE cuenta con un solo organismo que cobre y administre los impuestos, exceptuando los casos de Chile, Italia y Suecia.
“La posibilidad de integrar estos tres organismos en uno solo tendría ventajas significativas en una mayor coherencia regulatoria, mejor supervisión del cumplimiento tributario y mejor uso de los recursos públicos al aprovechar sinergias de eficiencia”, plantea la propuesta.
Ya poniendo el foco en el SII, los empresarios postulan la necesidad de aislar la dirección del organismo del ciclo político para que así sea “más autónoma” del Gobierno de turno.
“El SII debiera tener una dirección colegiada cuyos nombramientos podrían ser visados por dos poderes del Estado (Gobierno y Senado) y descalzados de los ciclos políticos”, dice el documento.
Además, agregan que debieran considerarse mejores incentivos para una gestión tributaria “más eficiente”.
Otro foco del trabajo de la multigremial es perfeccionar el análisis de la información con la que cuenta la administración tributaria, mediante el uso de “tecnologías actualizadas”.
También, se apunta a la creación de un registro nacional de donaciones, así como un registro de beneficiarios finales de dueños o controladores de empresas.
“Para el caso de instituciones privadas sin fines de lucro, que no tienen beneficiarios (accionistas o socios), se propone crear un registro con sus controladores, que tienen incidencia en el nombramiento de los directores y de la distribución de fondos”, se lee en el documento de la CPC.
Formalización: cambiar fecha de Operación Renta y devolver IVA a turistas extranjeros
El capítulo “formalización” contiene ocho medidas. La primera de ellas apunta a visibilizar los beneficios de la formalidad laboral y reducir sus costos. En este tema, para el gremio es importante la educación cívica, visibilizando los beneficios de la formalidad laboral, que protege al trabajador de una serie de contingencias, como vejez, sobrevivencia, cesantía, embarazo, enfermedad, accidente laboral e invalidez.
Aquí también se propone un régimen tributario simplificado para PYME. “Los emprendimientos menores, de bajo impacto, debieran obtener sus permisos ex post”, dice el texto. Con respecto a la propuesta del “Monotributo” -que propone Hacienda-, desde el gremio plantean que debiera considerarse un bajo monto fijo, y establecer un umbral máximo para acogerse a dicho régimen, el cual debiese ser por ventas y no por tiempo.
En este capítulo, la CPC también plantea la posibilidad de evaluar devolver el IVA de las compras de bienes y servicios realizadas en Chile por turistas extranjeros (sistema Tax-Free). “Para promover aún más el turismo, con un monto mínimo”, dice el texto. Hoy solo aplica a servicio de hotelería.
También se propone avanzar en beneficios estatales sujetos a la formalidad. Así, se sugiere que la declaración de renta del contribuyente (excepto en caso de cesantía) podría considerarse como un requisito para optar a beneficios estatales, como en EE.UU.
“Podría evaluarse más seriamente la posibilidad de un Impuesto Negativo al Ingreso, en que se promueva la declaración de ingreso para poder recibir un aporte estatal, que en parte podría reemplazar otros programas públicos mal evaluados o duplicados”, agrega el texto.
Dentro del resto de las propuestas también destaca: cambiar la fecha de la Operación Renta a junio; exigir a las plataformas de pago electrónico y medios de pago informar los ingresos de sus usuarios; y establecer una carga tributaria máxima anual del 50% de los ingresos, entre otros.
Comercio ilícito: potenciar cruce de antecedentes entre instituciones
En el quinto capítulo de propuestas, en el cual se aborda el “comercio ilícito”, la CPC plantea cuatro medidas.
En primer lugar, se propone la posibilidad de contar con una base de datos compartida entre los organismos públicos involucrados en la fiscalización y sanción.
Así, el texto plantea que el SII, Ministerio Público, Aduanas, Carabineros, Inspección del Trabajo, entre otras entidades, “debieran aplicar inteligencia artificial y cruce de datos para optimizar la recaudación y prevenir la evasión y otros delitos tributarios”.
En este eje, también se sugiere eliminar la exención de impuestos de importación a las compras personales que no superen los US$ 41 de valor FOB.
Para justificar esta medida, el documento explica que la existencia de esta norma genera incentivos al fraude y evasión aduanera y fiscal, y por tanto “debiera eliminarse el umbral sobre el cual se cobra arancel e IVA”.
Otra idea es estandarizar por ley los criterios para el otorgamiento de permisos para el ejercicio del comercio en la vía pública. Desde la perspectiva de la CPC, esto podría disminuir la discrecionalidad por parte de las municipalidades en el otorgamiento de este permiso.
“Se transparenta el proceso de cara al emprendedor, y se promueve la formalidad y la libre competencia”, argumenta la multigremial.
Por último, el texto del gremio aconseja publicar el valor de las patentes comerciales municipales y unificar el sistema para solicitarlas, y dice que también podría considerarse el cobro en base a ventas en lugar de capital inicial. “Además, podría unificarse el sistema de solicitud de patentes municipales, para mayor simplicidad”, señala.
Derechos de contribuyentes: plazos máximos para los fiscalizadores y la restitución de impuestos mal cobrados
En este capítulo, la primera medida consiste en cambiar la competencia de los juicios ejecutivos tributarios, desde la TGR a los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA).
“Actualmente, la Tesorería participa en dichos juicios como juez y parte, lo que no es consistente con un debido proceso”, se lee en el documento de la CPC.
También, destaca propuestas como establecer plazos para los organismos fiscalizadores en su relación con los contribuyentes.
Por una parte, se plantea establecer un plazo máximo a los fiscalizadores para revisar las solicitudes de devolución de impuestos.
“Actualmente, hay casos de demoras excesivas en la revisión de solicitudes de devolución, incluyendo demoras en el nombramiento del fiscalizador y cambios de fiscalizador”, justifica la CPC.
En la misma línea, pide fijar un plazo máximo para la restitución de impuestos pagados indebidamente o en exceso de los contribuyentes al Fisco.
“La autoridad tributaria, dividida entre la TGR y el SII, debe mejorar su coordinación interna para estos efectos. Ocurre que, una vez finalizada la revisión del SII, pasan meses para que se envíe esa información a la TGR, con la consiguiente demora en obtener la devolución de los pagos en exceso; incluso se han observado cierre de las peticiones de devolución sin resolución fundada”, ejemplifica el documento.
También, otra idea es “optimizar” los incentivos del SII para las devoluciones de tributos, las cuales -dice la CPC-debieran incidir en las metas de cumplimiento de los funcionarios de la administración pública.
Otras medidas son fortalecer la Defensoría Nacional del Contribuyente (Dedecon) y permitir la exención del impuesto a la herencia en beneficio de las empresas familiares operativas, en la medida que los sucesores mantengan activa la empresa y dentro de su patrimonio.
NGA y “denunciante anónimo”: el duro análisis de las acciones que vulnerarían derechos de contribuyentes en la reforma tributaria
La CPC incorporó un análisis en el que identifica cuatro medidas del proyecto de reforma tributaria rechazado que atentarían contra los derechos de los contribuyentes.
El primero sería la aplicación administrativa de la Norma General Antielusión (NGA), que pasaría de ser aplicada directamente por el SII, sin pasar por un TTA.
“La propuesta de la calificación de la elusión hace que el SII sea juez y parte. El argumento del Gobierno de que en la mayoría de los países OCDE la calificación de la elusión efectivamente ocurre en sede administrativa no es suficiente, pues precisamente la calificación en sede judicial busca poner a salvo a los contribuyentes de la eventual discrecionalidad de la administración”, expone la Confederación.
La segunda medida crítica es la figura del “denunciante anónimo” para reforzar la persecución de delitos fiscales. “Existe el riesgo de que se creen verdaderos mercados de denuncias falsas. Si bien existen penas de cárcel asociadas a denuncias maliciosamente falsas, éstas tienen un alto estándar probatorio, por lo que se desprotege a la potencial víctima”, opinan. También, dice que el denunciado, en casos declarados inadmisibles por falta de fundamentos, debiera poder acceder a datos del denunciante.Los cambios propuestos por el Gobierno a las reorganizaciones empresariales y tasaciones son el tercer tema que preocupa al gran empresariado: “No parece razonable que el SII tase las operaciones comerciales que se realicen con terceros no relacionados”.
El cuarto punto se refiere a la ampliación del concepto de “partes relacionadas” para el caso de operaciones económicas, algo “delicado en el ámbito de las empresas familiares, pues, considerando un solo factor, si se gatilla solo por parentesco, como se pretende, en los hechos, un padre y un hijo, o varios hermanos pueden tener negocios separados, y no por ello ser relacionados, pues se trata de patrimonios diferentes”.
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