Citi, Fitch y S&P analizan la reforma tributaria: efectos en inversión y crecimiento asoman como la principal inquietud

En la cuenta regresiva de que el proyecto de ley de reforma tributaria ingrese al Congreso, siguen sumándose análisis sobre la presentación que realizó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el viernes sobre los principales lineamientos del “pacto fiscal”, como lo ha definido el Presidente Gabriel Boric. 

En el mercado coinciden en que la propuesta estuvo en línea con lo esperado. Fernando Jorge Díaz, economista que sigue a Chile en Citi Research, detalla que esto se manifiesta en términos del tamaño, y también desde el punto de vista de las modificaciones tributarias que se anunciaron dado el aumento objetivo en la recaudación.

Costos más altos, dice Fitch, reducirá los flujos de caja de la minería y “desalentará nuevas inversiones” del sector.

Richard Francis, director senior de Fitch Ratings, recuerda que la reforma está en línea con las promesas de campaña del mandatario, y destaca que “los nuevos ingresos serían cruciales para financiar el gasto social que también prometió Boric y, al mismo tiempo, lograr una consolidación fiscal que empiece a estabilizar la creciente relación entre la deuda y el PIB”.

El analista de Citi explica que, aunque es muy difícil estimarlo a esta altura -porque no se sabe cómo va a quedar la propuesta tras la discusión en el Congreso- hay un riesgo de que la reforma tenga un efecto negativo sobre la inversión y por ende sobre el crecimiento, “ya que grava la acumulación de capital”.

Un punto en el que coincide Francis, quien alerta que “el aumento de los impuestos podría afectar a la inversión y al crecimiento”. Pero, recuerda que las propuestas se centran en gran medida en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en menor medida en el sector empresarial, salvo el aumento del royalty para el sector minero.

El economista enfatiza en esta última medida, y dice que los mayores impuestos para la minería “aumentarían los costos y debilitarían la posición competitiva de costos del sector, en relación con sus pares mundiales”. Añade que el aumento de los costes “disminuirá los flujos de caja de la minería y desalentará nuevas inversiones mineras en Chile, favoreciendo la migración de los inversionistas a otros distritos mineros de cobre”, pero repara en que “las sólidas estructuras financieras deberían permitir a los emisores absorber los moderados cambios propuestos en los royalties sin dar lugar a acciones de calificación negativas”.

En un comentario difundido el jueves, Francis afirma que “las empresas mineras no son el único sector empresarial directamente afectado por las reformas propuestas por la Administración Boric”, y hace alusión al impuesto del 1,8% sobre los beneficios retenidos para las sociedades de inversión, y a la eliminación de exenciones a los contribuyentes que reciben ganancias de arriendos de propiedades DFL2, de hasta 140 m2. 

“Esto último reduciría la demanda de inversión en inmuebles de alquiler a corto plazo y, combinado con el aumento de las tasas hipotecarias, podría pesar sobre los promotores residenciales y las empresas relacionadas”, advierte, y agrega que, a más largo plazo, “es probable que los costes añadidos se trasladen a los consumidores a través de un aumento de los arriendos”.

La clasificadora espera “un beneficio entre neutro y ligeramente positivo” para los flujos de caja del sector empresarial como consecuencia de la reducción del impuesto corporativo de 27% a 25%, lo que se aplicará a las firmas que destinen ese 2% a inversión y desarrollo (I+D). Pero el analista advierte que, aunque el plan fiscal “no afectará materialmente a la mayoría de las empresas chilenas, existen vientos en contra adicionales y no resueltos en materia de costes, principalmente relacionados con las emisiones de carbono y las reformas de las pensiones, que podrían presionar los márgenes”.

Díaz resalta que lo positivo de la propuesta tributaria es que se usan “impuestos no muy distorsivos, es decir que no castigan a la producción de manera directa, y son cambios relativamente simples”. 

Manuel Orozco, analista principal de la calificación soberana de Chile de S&P, destaca que existe “un grado de consenso” entre los partidos políticos para incrementar la carga tributaria “a fin de hacer frente a nuevos gastos estructurales que continúan materializando, la mayoría de ellos asociados a mejorar la cobertura de gasto social del Estado”. Pero, plantea que “la propuesta de reforma fiscal probablemente tendrá modificaciones para lograr el consenso de las diferentes fuerzas políticas”.

¿Y la clasificación? 

El analista de S&P contempla dos escenarios posibles en cuanto a la clasificación soberana de Chile. Por un lado, explica que un crecimiento económico por encima de lo esperado, junto con una política fiscal que ayuda a revertir el deterioro que sufrieron las cuentas públicas durante los últimos años, “podría traducirse en un perfil económico más resiliente, y que contribuya a mejorar la calificación de largo plazo en moneda extranjera de ‘A’ con perspectiva estable dentro de los siguientes dos años”.

Pero, también alerta que en los próximos dos años podrían bajar la calificación de Chile si, “la falta de capacidad para aumentar los ingresos fiscales en combinación con un mayor gasto del gobierno, resultan en déficits fiscales consistentemente elevados, así como un incremento rápido de la deuda del gobierno.”

Para Fitch, Chile tiene actualmente una calificación “A-” y Francis recuerda que la perspectiva es estable. “No prevemos presiones sobre las calificaciones a corto plazo”, dice, pero plantea que “a medio plazo, las perspectivas fiscales y económicas son importantes para la dinámica de la deuda y también son relevantes para las calificaciones”.

Francis precisa que, suponiendo que se aprueba la legislación, la recaudación adicional generada por el aumento de las tasas “pueden ser insuficientes para financiar la agenda social ampliada si el crecimiento económico en Chile sigue desacelerándose y/o entra en recesión”. Alerta que, si este es el caso, “Chile podría endeudarse más con el sector público para financiar las prestaciones sociales”.

En tanto, Díaz no espera cambios en la clasificación nacional. Explica que “el punto de la reforma es justamente financiar el aumento del gasto para que no haya un deterioro en el balance fiscal”, algo que dice “a primera vista es bueno”. 

El economista reconoce que “es cierto que si el crecimiento baja, eso deteriora un poco la trayectoria de la deuda hacia adelante, por más que el déficit fiscal no cambie”. Pero, en su opinión, “ese efecto es en algún sentido de un segundo grado de importancia”.