Propuesta de nueva ley antiterrorista del Gobierno, el test “de la blancura” para todos los sectores

Aun no se sabe mucho de la propuesta de nueva ley antiterrorista del Ejecutivo, sólo lo que adelantó la ministra del Interior, Carolina Tohá, el miércoles; también se desconoce si ingresará al Congreso por la Cámara o el Senado.

Pese a ello, los parlamentarios están alerta a los contenidos de la iniciativa, a cómo conversan con los otros proyectos de seguridad que ya se tramitan en el Congreso y hasta qué punto es viable avanzar en una medida como esta en el clima político que existe en el Parlamento. Pero también preocupa si las distintas bancadas de Gobierno y oposición se alinearán tras la proposición.

Uno de los que está más interiorizado, pese a que nadie conoce el contenido, es el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, que también integra Seguridad Ciudadana, el diputado del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva.

Según el diputado, existen muy pocas condenas por la actual Ley Antiterrorista, entre otras cosas, debido a que el delito terrorista se funda en el “ánimo” de causar terror en la población y circunscribirlo al “ánimo” es muy difícil de acreditar. Por lo mismo, añade, es que actualmente en los delitos de carácter terrorista se aplica la Ley de Control de Armas.

De ahí que, a su juicio, lo bueno de la norma, que el Gobierno se habría comprometido a enviar al Congreso en 15 días, es que circunscribe los delitos terroristas a que conduzcan a socavar la institucionalidad social, política o económica del país y pone énfasis en la organización terrorista. “Con esos dos elementos, que son más objetivos, se va a poder sancionar de una mejor manera, a diferencia de lo que ocurre actualmente, en donde el elemento subjetivo es lo determinante”.

Tema de Estado

El diputado admite que, dado que el propio presidente Gabriel Boric ha reconocido que en La Araucanía ha habido actos terroristas, si se produjeran atentados que cumplieran con las características que establecerá la norma, algunos de los hechos que ocurren en la citada región podrían entrar penalidad.

En términos políticos, Leiva apela a que todos los sectores aborden la tramitación de esta iniciativa, cuando ingrese, como “un tema de Estado” y  aunque reconoce que muchas veces el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad han votado de manera dispar, espera que “el hecho de que las sanciones asociadas van a ser mucho más gravosas las penas, que las que establece la Ley de Control de Armas hoy, eso debiera contribuir a que pudiéramos aprobar mayoritariamente un proyecto de esta naturaleza; que se hace cargo, además, de una realidad que el propio Presidente ha develado, que es que en nuestro país se cometen actos terroristas y hay que sancionarlos”.

Incluso hace hincapié en que sobre todo en lo que dice relación con el intento de socavamiento de la institucionalidad, sobre todo tienen que estar de acuerdo los parlamentarios, aunque no descarta “matices, sobre todo en lo que dice relación con los procedimientos que pueden atentar contra el debido proceso o el legítimo derecho a la defensa”, se adelanta. Y advierte. “Pero, yo no me perdería, porque quien no condena el terrorismo en Chile, no sé en qué país está viviendo”.

La preocupación del PC

El argumento de los matices a raíz de los procedimientos, efectivamente, encuentra eco en un representante del Partido Comunista (PC), el diputado Luis Cuello. Si bien, expresa el interés de su sector a analizar con buena disposición el proyecto, cuando ingrese. No obstante, recuerda que incluso organismos internacionales han acusado al Estado de Chile de violaciones a los derechos humanos, por lo que prefiere ser cauto en esta materia.

Una mirada compartida por su par de Revolución Democrática (RD), Jaime Sáez, quien, fue enfático en sostener que “nosotros no tenemos ningún problema ni complejo de ninguna naturaleza en legislar en torno a seguridad ni a establecer mayor dureza en sanciones; lo que no estamos dispuestos a hacer es disfrazar discusiones para dejar contento a un sector, haciendo creer que estamos solucionando algo, como ocurrió con Naín Retamal, que se está utilizando, por ejemplo, para favorecer la libertad de quien cegó a la senadora Fabiola Campillai y a Gustavo Gatica”.

Y es aquí donde puso su línea roja, advirtiendo que no estarían disponibles a tramitar “algo que escape al control democrático de las instituciones y genere demasiada discrecionalidad en algún agente estatal”, porque eso podría prestarse para arbitrariedades que terminaran en indistintamente en hechos de corrupción o violaciones a los derechos humanos, reflexionó el diputado. Esto es algo que hay que prevenir adecuadamente con un buen accountability, señaló.

Animosidad

El legislador admite que ve difícil que la iniciativa avance con fluidez, por una serie de razones como el grado de fragmentación que existe en la Cámara, aspecto en el que coincide con Leiva, ya que este último dice que preferiría que el proyecto entrara al Congreso por la Cámara, justamente, porque es allí donde “hay más atomización”, por lo que –desde su punto de vista- “mejor salir rápido de ese trance”.

En cualquier caso, Sáez añade que aunque en el Senado es más homogénea la conformación; en ambas cámaras existe un nivel de animosidad que no permite avanzar en algunos debates importantes.

Y si bien la oposición y una parte del oficialismo –recalca- “se ha erigido como paladines de la seguridad, pero cuando tengamos que enfrentarnos a esta discusión será la prueba de la blancura. (…) Es un gran examen de coherencia para constatar si, efectivamente, este es un tema que nos preocupa y si estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para abordar el problema”.

Ello porque, Sáez está convencido de que la otra vertiente, que ha implicado más policías y más atribuciones para ellas, no ha solucionado el problema de fondo y ha resultado insuficiente. Por lo que insistió en que en su sector están “súper disponibles” a legislar y apoyar este tipo de iniciativas, particularmente cuando se tratan con seriedad y con altura de miras, dijo, por lo que esperó que en todos los sectores políticos tengan la misma voluntad.

Ello, tal vez, porque en su caso particular, consultado acerca de si cree que ha habido terrorismo en La Araucanía, con la mayor sinceridad asegura que “me he ido convenciendo, a lo largo del tiempo, que sí”.

Legislación robusta

Desde otro sector del Socialismo Democrático, el diputado independiente-PPD Jaime Araya está convencido de que si a la propuesta del Gobierno se incorporan, como se ha dicho que será, las técnicas de investigación creadas para el combate al crimen organizado, “efectivamente, vamos a tener una legislación muy robusta en materia antiterrorista”.

Y comenta que, esta misma semana, se aprobó en general una moción que le entrega la titularidad de la acción antiterrorista a los gobernadores, lo que de alguna manera se complementa con la propuesta del Gobierno.

Y fue enfático en que dado que en La Araucanía hay conductas de carácter terrorista, por lo que dotar de técnicas especiales de investigación a las policías constituye “un adicional muy importante y una tremenda herramientas que hoy día no tenemos”.

Araya cree que la iniciativa encontrará “un amplio consenso”, ya que “el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción y la criminalidad organizada son las amenazas de la democracia en Chile, entonces nadie podría restarse a contribuir a un debate legislativo”; sin embargo, admite que ello podría ser con “matices”.