Muy de a poco el tema sobre las posibles coimas a funcionarios públicos realizadas por el abogado Luis Hermosilla ha ido asentándose en el Congreso. Aunque la mayoría coincide en la gravedad de los hechos, no existe el entusiasmo habitual por opinar acerca de la situación que ya está en proceso de investigación. Los parlamentarios oficialistas ni menos los de oposición no se pelean los micrófonos para plantear sus posiciones ante este hecho.
Por lo pronto, este caso ha golpeado a todos por el abogado del que se trata, pero nadie quiere hacerse cargo como sector de lo que ha generado la investigación destapada por Ciper. Aunque ya se han levantado peticiones de una serie de medidas fiscalizadoras.
Abogado transversal
Tanto así, que el diputado de Renovación Nacional (RN) Andrés Celis se encargó de subrayar la transversalidad de Hermosilla en su actuar profesional, ejemplificando con que en su minuto fue abogado del expresidente Sebastián Piñera, pero a la vez lo era de Miguel Crispi en el caso convenios. En este escenario, el legislador opositor fue enfático en que “el abogado Hermosilla es un abogado transversal, decir que es de derecha, de centro, de izquierda…¡falso! (…) Es una abogado conocidísimo en la plaza, que tiene comunicación, contactos, lazos, con todo el mundo político”.
De ahí que, a su juicio, lo que corresponde es que “el Gobierno tenga una posición más tajante, es decir, si el Consejo de Defensa del Estado se va a hacer parte, se va a querellar, que lo haga ya, pero que no traten de culpar aquí a la derecha, por el tema de la economía, de la especulación…” e instó al Gobierno a interponer querellas contra todos los que resulten responsables, apuntando al Servicio de Impuestos Internos (SII), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el abogado en cuestión y todos quienes aparecen en la grabación. E insistió que “no apuntemos con el dedo ya sea a un partido en particular o una sensibilidad política”, consciente de la cercanía del profesional con la UDI y RN.
Fiscalización
En este sentido, el diputado Miguel Ángel Calisto (exDC y cercano a Demócratas) tomó la posta, expresando cuánto le llama la atención la transversalidad de la” red de influencias” que se destapó, apuntando a que Hermosilla era el abogado de Crispi. A su juicio, “eso demuestra la situación compleja y sobre todo de aquellos que han sido tan arrogantes y paladines de la ética y de la moralina, resulta que la influencia del señor Hermosilla incluso estaba en el corazón de La Moneda”, insinuando algún grado de involucramiento del Gobierno en los hechos de los que se acusa a Hermosilla, aunque admitió no tener antecedentes para ello.
Es por ello –dijo- la importancia de la reacción del Congreso con medidas fiscalizadoras y también del Gobierno, por lo que propuso la realización de una sesión especial de las comisiones unidas de Economía y Hacienda y, junto con ello, una sesión especial de la Cámara. E instó al ministro de Hacienda Mario Marcel a abordar particularmente el tema de la evasión, ya que en este caso lo que se implementó era “un mecanismo para defraudar al Fisco”, por lo que tanto el SII como la CMF “deben dar la cara”. Y entregó una cifra significativa, asegurando que la evasión representa cerca del 4% del PIB que el Estado deja de recaudar.
Actualizar normativa tributaria
Pero en la centroizquierda no se conforman con una sesión especial y quieren ir más allá, por lo mismo, desde las bancadas del Partido Comunista, pasando por el Partido Socialista (PS) y llegando a Frente Amplio presentaron una solicitud de Comisión Investigadora a raíz de los eventuales pagos de coimas a funcionarios del SII y la CMF por parte de Hermosilla. Desde el Frente Amplio, a través del diputado de Revolución Democrática (RD) Jaime Sáez, aprovecharon de remarcar la importancia de que Chile “pueda actualizar su normativa, en términos de poder combatir la elusión tributaria y la evasión, que es un delito”.
A este respecto, Sáez insistió en la importancia de este tema, “que la derecha ha querido chutear para el lado en la discusión del pacto fiscal y, hoy día, cuando enfrentamos este escándalo cae de cajón que es necesario actualizar nuestra normativa con mayor rigurosidad, llevándolo también hacia los estándares internacionales”, apeló.
Mercado financiero contaminado
Uno de los senadores que hasta ahora reaccionó a lo sucedido es el socialista Fidel Espinoza, quien señaló que con estos hechos estamos frente a un “gravísimo” delito de cuello y corbata, calificándolo como “la mayor crisis de corrupción de los últimos 50 años”, lo que entre otras cosas –advirtió- daña la democracia.
Donde abogados y empresarios se coludieron para “estafar al Estado y evadir pagos millonarios de impuestos de sus clientes en cifras que son siderales”, por lo que espera que no haya impunidad y se llegue hasta las últimas consecuencias, que la Fiscalía actúe como lo haría con cualquier chileno “¿o porque son empresarios y abogados de la alta elite no les van a ir a incautar sus elementos tecnológicos para para ver todo lo demás que se pueda encontrar, ver quiénes son las personas que han sido objeto de las coimas en el Servicio de Impuestos Internos y en la Comisión para el Mercado Financiero?” se preguntó Espinoza.
Por su parte, el diputado socialista Tomás De Rementería profundizó en los efectos de este caso en el mercado financiero, donde –según detalló- se invierten los recursos que los chilenos tiene en APV, seguros, seguro de cesantía y otros. Con lo ocurrido –recalcó- “ese mercado financiero está contaminado”, por lo que emplazó a la oposición a abocarse a tres agendas legislativas para enfrentar casos como este: una reforma tributaria que termine con la evasión y la elusión; una reforma “significativa” al mercado financiero; y, una reforma de pensiones, “para que las jubilaciones de los chilenos no dependan de ese casino, donde el crupier es el señor Hermosilla”.
Resquicios jurídicos
Mientras que para el diputado de Evópoli Jorge Guzmán este caso se produce debido a “resquicios jurídicos amparados en el secreto profesional o la ilegalidad respecto a la toma de declaraciones que buscan eludir una responsabilidad que claramente es ineludible”.
Por lo mismo, añade que lo que se tiene que hacer es investigar a fondo, porque lo que se ha dejado entrever en la grabación de Hermosilla es que “hay una red de corrupción eventual en el Servicio de Impuestos Internos y también en la Comisión para el Mercado Financiero”, lo que afecta “profundamente” al Estado de derecho, a la democracia y daña las instituciones. Por tanto, concluye que “ni el secreto profesional ni la ilegalidad en la toma de estos audios y estas declaraciones pueden tapar lo que evidentemente es corrupción y debe ser investigada y debidamente sancionada”.
Audio ¿será prueba legal?
Desde la UDI, el senador Iván Moreira señaló que el polémico audio de Hermosilla es “gravísimo, porque afecta la fe pública, daña la confianza en el Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero” y subraya que nadie puede estar por sobre la ley “sea un abogado famoso, empresario poderoso, un ministro o una autoridad política o un parlamentario”.
Y recordó que desde agosto existe en Chile una ley que castiga con dureza estos hechos, aludiendo a la Ley de Delitos Económicos, aseverado que Hermosilla tendrá que dar muchas explicaciones ante el Ministerio Público. Aunque dijo desconocer si el audio constituye una prueba legal, lo que está claro –agregó- es que a partir de eso hay que investigar.
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