Sólo en lo que va del último mes, el Tribunal Constitucional ha emitido ocho sentencias en temas tan disímiles como el proyecto que prohíbe las bolsas plásticas, la exigencia de visa a los haitianos y el control de constitucionalidad del nuevo ministerio de Ciencia. Es que esta "explosión de casos" o "aumento anormal" tiene a muchos soprendidos.
La respuesta tiene su origen en las reformas constitucionales que el entonces presidente Ricardo Lagos firmó en septiembre de 2005. Una de ellas es la que traspasa desde la Corte Suprema al TC la facultad de resolver sobre recursos de inaplicabilidad, a fin de permitir que las normas que inciden en las libertades de las personas tengan revisión constitucional, lo que provocó estos últimos años un aumento explosivo de los "asuntos" ingresados a tramitación al organismo.
Hasta el año 2015 el ingreso de recursos ante el TC promediaba los 200; sin embargo, en 2016 la cifra experimentó un leve aumento respecto del promedio, pasando de 186 a 357, pero en 2017 el incremento fue sustancial al alcanzar 930 ingresos. Mientras que en lo que va a de 2018 ya se han producido 812 ingresos, de lo que se podría inferir que a fines de año la cifra llegaría a cerca del doble.
¿Dónde está la clave?
Para una mirada inexperta es difícil reconocer la o las razones que pudieran haber producido este salto desde el año 2015 en adelante en que el aumento va in crescendo. Una exministra del TC y dos abogados constitucionalistas explican el fenómeno tras las abultadas cifras; e incluso el presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, supo reconocer, tal vez, la más importante de las razones que lo provocaron.
En la cuenta pública de 2017 de la entidad, en referencia directa a los recursos de inaplicabilidad, Aróstica advertía que "estos requerimientos han experimentado un crecimiento exponencial en el último tiempo", lo que finalmente ha empujado el aumento total de los recursos ingresados a trámite en el organismo. Y explicaba que "en un número significativo de casos se objetaron leyes en cuya elaboración no se habría tenido suficientemente en cuenta a la Constitución" y apunta como un caso especial el de la Ley de Armas, la que califica como "una materia de altísima sensibilidad".
La exministra del TC entre 2006 y 2018, Marisol Peña, comparte esa mirada. Enfatiza que "la causa directa e inmediata de esa explosión de casos y de trabajo para el tribunal, en mi opinión, está concentrada fundamentalmente en las causas de la Ley de Control de Armas" y por añadidura a la ley que establece las penas para ese delito y, en menor medida, a la llamada Ley Emilia. Muchos detenidos por tenencia ilegal de armas aspiran a penas alternativas a la cárcel y acuden al TC, por considerar vulnerado su derecho, cuando los tribunales de justicia no se las otorgan.
Según la actual secretaria general de la UC, normas de la Ley de Control de Armas "han sido impugnadas, desde hace un par de años, ingresando al TC, aproximadamente, unos 15 a 20 requerimientos semanales", lo que incluso habría obligado al organismo a "añadir a lo menos dos tardes de sesiones de alegatos, frente a las que normalmente desarrollaba para escuchar alegatos específicamente de estas causas", lo que se concreta martes y jueves por la tarde.
Su explicación coincide plenamente con las cifras, ya que efectivamente desde 2015 los requerimientos de inaplicabilidad, que en su mayoría están relacionados a la Ley de Control de Armas, han aumentado exponencialmente, pasando de 150 en 2015 a 897 en 2017.
"Potente acción de amparo"
Desde el punto de vista de la exministra, "no hay que descartar" tampoco la tesis de que estos últimos años la ciudadanía se haya sentido más empoderada y con ello se sienta más motivada a reclamar por sus derechos ante el TC. Ello, porque, "efectivamente, desde el año 2006 se fue produciendo paulatinamente un depósito de confianza en el TC, de que es capaz de defender los derechos que están siendo vulnerados como consecuencia de la aplicación de un determinado precepto legal".
La abogada aclara que el objetivo de la inaplicabilidad era impedir que en un juicio determinado se aplicara un precepto legal contrario a la Constitución, "pero en la práctica –en mi opinión- se ha ido transformando en una potente acción de amparo de derechos fundamentales", porque quienes recurren a este órgano lo hacen –destaca-, porque se le podría estar lesionando un derecho fundamental.
Mala regulación
Una opinión similar expresa el profesor de derecho administrativo de la U. de Chile Luis Cordero, quien plantea que "buena parte de ese aumento anormal" en las casos de inaplicabilidad que llegan al TC se debe "fundamentalmente a que durante el último tiempo el TC ha resuelto innumerables recursos de inaplicabilidad en cuestiones que están vinculadas a la Ley de Control de Armas y específicamente a las normas que están asociadas al no otorgamiento de beneficios".
Incluso elabora un interesante paralelo a través del cual le hace una crítica velada al Legislativo, señalando que "uno podría decir que así como Isapres en las cortes ha implicado un aumento explosivo, la mala regulación en materia de control de armas y la restricción de beneficios penitenciarios ha generado una explosión de casos en el TC". E insiste en que "fundamentalmente los casos de armas han significado un aumento tan significativo".
Adicionalmente, explica, los recursos que llegan al TC tienen relación con el hecho de que "el Congreso ha aprobado leyes que imponen castigos a beneficios, que el tribunal califica de desproporcionados", por lo que "por sobre todo (llegan al TC por) Ley de Armas".
El constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Julio Pallavichino, atribuye el explosivo aumento "a varios factores". Y pone otro elemento en el debate, en cuanto a que también ha crecido de manera explosiva la cantidad de gente que conoce la normativa. "En determinadas ocasiones, la gente estima que alguna norma puede ser vulneratoria de sus derechos y recurre al tribunal", sostiene.
Después de mucho tiempo, el TC está completo
Con el nombramiento de parte del Presidente de la República del nuevo ministro del Tribunal Constitucional, Miguel Ángel Fernández -quien asume sus funciones el 30 de julio-, el organismo está, finalmente, completo, después de mucho tiempo.
Y la sobrecarga de trabajo la enfrentan los 77 funcionarios del TC, en su mayoría abogados. Los diez ministros trabajan con su respectiva secretaria cada uno y su abogado asistente.
Se distribuyen en "la torre" del edificio de Huérfanos #1234 según la fórmula con la que fueron designados: en un piso los designados directamente por el mandatario; en otro piso los nombrados por el Senado ; en otro los designados por el Senado a proposición de la Cámara de Diputados y en otro piso distinto los designados por la Corte Suprema.
Las dos Salas tienen distintas jornadas de trabajo, la primera sesiona los miércoles y la segunda los martes, ambas en mañana y tarde. Mientras que el pleno lo hace los días martes y jueves.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
abogados
