Militante de Revolución Democrática (RD) y representa a su bancada en la Comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado Jaime Sáez está convencido de que la aprobación unánime en general del proyecto de cumplimiento tributario da cuenta de que “podemos alcanzar acuerdos sustantivos por el bien del país, cuando dejamos de lado la mezquindad, el cálculo pequeño”.
Sin embargo, en esta conversación con Diario Financiero, el legislador no está del todo optimista para la tramitación en particular. De hecho, haciendo gala de un gran pragmatismo, señaló que “mi corta experiencia en el Congreso me indica que el optimismo no es la mejor palabra, más bien el escepticismo es lo que me acompaña”. Y, por lo mismo, advierte que “este proyecto es imprescindible para contribuir al financiamiento de necesidades que son muy urgentes y cuantiosas, respecto de su financiamiento”.
“Quien nada hace, nada teme y, por tanto, la norma tiene que aplicarse a quienes realizan planificaciones tributarias agresivas o cometen delitos”.
-¿Con qué sensación se queda a raíz de la aprobación unánime en general del proyecto?
-La sensación de que podemos alcanzar acuerdos sustantivos por el bien del país, cuando dejamos de lado la mezquindad, el cálculo pequeño, y ponemos por delante las necesidades de Chile. En el Congreso somos más los que estamos por llegar a entendimiento y eso es positivo.
-¿Fue inesperado si se compara con la tramitación de la reforma tributaria que se rechazó?
-La unanimidad de hoy (miércoles) contrasta con muchas de las votaciones que experimentamos en la tramitación de la reforma anterior; en donde en la Comisión de Hacienda el oficialismo tenemos una mayoría bastante holgada incluida la Democracia Cristiana (DC), pero eso no se tradujo en ese mismo apoyo en la Sala. Entonces, una aprobación unánime nos indica que al menos la idea de legislar, que fue algo que no pudimos sortear el año pasado, esta vez sí va a poder ocurrir.
-A partir de esto, ¿qué espera de la oposición?
-Hoy día el país tiene necesidades sociales que son muy relevantes. Tras esta votación no espero la misma unanimidad en la tramitación siguiente de modificación del impuesto a la renta, pero sí al menos una comprensión de que para que tengamos una política fiscal responsable y al mismo tiempo pueda dar cuenta de las necesidades sociales del país, requerimos de mayor recaudación. Por supuesto, el crecimiento de la economía es un factor preponderante para mejorar la recaudación, pero también lo es el cumplimiento tributario y tener un sistema tributario que sea justo, progresivo y transparente para los contribuyentes.
Los nudos del trámite particular
-En ese sentido, entonces, ¿los proyectos del pacto fiscal no sólo van a importar recursos para la reforma de pensiones, que era el principal objetivo, sino que ahora son muchos más los requerimientos que tiene el país y que hacen necesaria la reforma tributaria?
-Sí. Y en la medida que dejamos transcurrir el tiempo, más necesidades se van a ir agregando a la lista que ya es larga. Entonces, hay que legislar con sentido de urgencia, estos recursos se requieren hoy día, no en 10 años más, y que sean sostenibles en el tiempo para financiar las necesidades de manera responsable y permanente.
El año pasado estuvimos cerca, más allá de haber perdido. Hay una mayoría del Congreso que comprende esa situación y yo esperaría que la oposición también lo comprendiera y sobre todo el gran empresariado.
Porque dentro de los muchos invitados que tuvimos en la comisión, los gremios de pymes y sobre todo las mipymes se mostraron no sólo muy partidarios de avanzar en este proyecto de cumplimiento, sino también de establecer tributaciones que sean justas y que permitan que efectivamente Chile pueda salir adelante. Tener más recaudación y que el Estado pueda invertir de mejor manera redunda en crecimiento de la economía y que el sector empresarial pueda desarrollarse de mejor forma.
-También invitaron a los representantes de la CPC, ¿qué es lo que ellos están dispuestos a respaldar?
-Yo creo que ellos están dispuestos a respaldar lo que respaldó la derecha de manera general; que es importante que el país tenga una norma general antielusión que se clara, consistente. Evidentemente, manifestaron discrepancias respecto al secreto bancario, al denunciante anónimo y compensado; y el ministro ha señalado que hay que mantener la figura de la denuncia anónima, pero que hay disponibilidad a sacar de la ecuación la compensación económica.
-¿Sólo esas discrepancias?
-Otra que han manifestado, también lo hizo la Sofofa, Libertad y Desarrollo, es coincidente quiénes son los sectores que están oponiéndose, respecto a si la norma general antielusiva tiene que ser aplicada en sede administrativa o en sede judicial, como ocurre a día de hoy.
Creemos que la experiencia comparada indica que esta es una facultad de la administración tributaria. Nosotros hemos defendido esa postura y muchos otros invitados, sobre todo académicos, han defendido lo mismo; está el informe del CEP del año pasado, que también indica que toda la experiencia, sobre todo a nivel ODCE, responde a que, efectivamente, la aplicación de la norma antielusiva sea en sede administrativa.
Por ahí van las discrepancias principales con esos sectores, pero acá quien nada hace, nada teme; y, por lo tanto, esta tiene que ser una norma que sea aplicada a quienes efectivamente realizan planificaciones tributarias agresivas o a quienes cometen delitos tributarios.
-Esos van a ser entonces los principales nudos en la tramitación particular.
-Claro. Y otra discrepancia que también se ha expresado es sobre este Consejo Consultivo. Algunos alegan que el Consejo Consultivo no es vinculante y, por supuesto, que no es vinculante, porque es consultivo.
Lo que se está proponiendo, por interés del mundo empresarial y también de la oposición es que ese consejo esté integrado por personas externas al Servicio de Impuestos Internos, porque se ha alegado que el servicio es juez y parte, cuestión que yo no comparto porque esta es una facultad de fiscalización.
Ese también es un punto donde dificulto que se llegue a un entendimiento. Ojalá se pueda hacer eso, porque es necesario que el país pueda homologar su norma general antielusiva a las recomendaciones que entrega la OCDE y otros organismos como el Banco Mundial, el FMI etcétera, que no son organismos de izquierda precisamente.
-¿Cuáles serían los elementos en los que sí hay acuerdo? Obviamente, controlar la evasión y elusión, pero eso es bien general.
-Es bien importante el consenso en torno al reconocimiento de que hay una brecha importante de recaudación debido a la evasión y la ilusión, estamos hablando de casi 6 puntos y medio del producto; por lo tanto, esa es una materia en la cual hay conciencia y se ha reflejado en una aprobación unánime. Luego el proyecto tiene detalles que son relevantes y hay diferencias.
-¿Como las que ha mencionado?
-Creo que en la derecha hay una tentación grande, que han tratado de ocultar con bastante arte, a reconocer la elusión como una práctica de astucia y casi como un derecho. Si bien es cierto, en el último tiempo se han ido despercudiendo de aquello, yo creo que todavía eso permea y sobre todo cuando esa mirada viene de gremios importantes tiene eco en la oposición, lamentablemente. Y es lamentable que haya sectores del empresariado, no todos, que sigan prefiriendo eludir sus responsabilidades en lugar de colaborar con el país.
Más escepticismo que optimismo
-¿Qué viene para adelante en la tramitación del proyecto?
-Tenemos la votación en particular en la Comisión de Hacienda a partir de la próxima semana y se va a trabajar en paralelo en una mesa técnica, con la que tengo ciertos reparos, porque llevamos meses, prácticamente el año entero en mesa técnica con asesores, donde hemos participado los parlamentarios, entonces me pregunto qué más es lo que podríamos trabajar.
Y si hay discrepancias tendrán que resolverse en la votación misma; entonces, es de esperar que este proyecto sea despachado desde la Cámara al Senado durante las primeras semanas de abril. Para posteriormente entrar a la discusión del otro proyecto relevante, que es el de impuesto a la renta.
-¿Está optimista de lo que ocurra en esta etapa?
-Mi corta experiencia en el Congreso me indica que el optimismo no es la mejor palabra, más bien el escepticismo es lo que me acompaña; pero, por supuesto, hay esperanza en que actuemos en función de la responsabilidad con el Estado de Chile, con su ciudadanía completa. En ese sentido, este proyecto es imprescindible para contribuir al financiamiento de necesidades que son muy urgentes y cuantiosas, respecto de su financiamiento.
-Está claro que se necesitan muchos recursos para un montón de necesidades, ¿ya está claro cuántos serán los recursos frescos que ingresarán a las arcas fiscales con este proyecto?
-Le hemos pedido al Ejecutivo que apure un poco el tranco en entregar las estimaciones, porque particularmente desde el Frente Amplio (FA) tenemos cierta inquietud en cómo se va a equilibrar la rebaja de dos puntos que está planteada inicialmente en el impuesto a las grandes empresas. Hay respuestas pendientes por parte del Ministerio de Hacienda y se han comprometido a entregarlas en las próximas semanas para acompañar esta discusión.
Eso nos va a permitir tener una claridad un poco mayor respecto al potencial de recaudación, teniendo en cuenta que históricamente los cambios tributarios que se han generado por distintos gobiernos nunca han recaudado lo que se plantean originalmente.
-¿Los dos puntos que le rebajarían al impuesto de primera categoría podrían haber sido un aliciente para la oposición a aprobar este proyecto?
-Esta es mi interpretación, pero me parece que a cualquier empresario o gremio que usted le diga que va a haber una rebaja en su carga tributaria, la reacción que va a recibir es, a lo memos, de entusiasmo. Creo que eso es importante.
No hay que confundir esto con una cuestión ideológica, nosotros tenemos claridad de que para generar mayor dinamismo en la economía, el rol del sector privado absolutamente elemental y necesitamos más empresas invirtiendo, creciendo, generando nuevos proyectos; pero al mismo tiempo necesitamos reglas claras, certeza jurídica y que se cumplan las obligaciones tributarias, cuestión que es básica para cualquier sociedad decente, que en aquellos países con los cuales nos gusta habitualmente compararnos, normalmente esas cosas funcionan y en el caso de nuestro país estamos al debe en esa materia y eso se traduce en miles de millones de dólares perdidos que podrían ir directamente a necesidades sociales que son relevantes para la mayoría de la población.
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