Una gran expectativa existía respecto de que la Sala de la Cámara despachara esta semana al Senado el proyecto que crea un subsidio a la tasa hipotecaria para la adquisición de viviendas nuevas; sin embargo, lo más probable es que ello no sea posible, porque la Comisión de Hacienda de la Corporación no concluyó la votación particular de la iniciativa por una cuestión de tiempo.
Debido a ello, la instancia retomará la votación del proyecto mañana miércoles a las 10:30 de la mañana, lo que significa que es difícil que la Sala lo alcance a votar, explican algunos parlamentarios, ya que estarán sesionando en paralelo y, además, hay que elaborar el informe que, estiman, es complejo antes de que termine la sesión de Sala. Aunque ya nadie se atreve a asegurar nada.
Durante la votación en particular de hoy se produjeron algunas novedades con las indicaciones del Ejecutivo. Una de ellas es la que más inquietó a la oposición, que optó por abstenerse, señal de que están dispuestos a aprobar el proyecto aunque no sea tal como lo imaginaron. Se trata de aquella que impide a las personas jurídicas (inmobiliarias o empresas de cualquier tipo) adquirir las viviendas a que se hace referencia el proyecto.
Mirada opositora
En este sentido, los diputados de RN, Frank Sauerbaum, y de Republicanos, Agustín Romero, coincidieron en que el problema es que el oficialismo no tiene claro el objetivo del proyecto. Porque, según el segundo, “efectivamente, el objetivo de este proyecto es liquidar el stock de viviendas construidas de manera que se puedan iniciar otros proyectos (…); esta no es una política habitacional, no es una política social, sino que hoy día existe un stock de viviendas que no ha sido posible vender, por lo tanto, tenemos que generar incentivos para que se liquiden”.
Aun cuando cree que es un proyecto que hay que aprobar. Ello con la idea de que se generen unos “gatillos” a nivel de reglamento, que se activen si no se logra vender el mínimo de casas en un determinado periodo.
Al respecto Sauerbaum planteó que se acordó con el Gobierno generar este “gatillo”, para que puedan comprar las personas jurídicas, si no se llega al monto previsto con las personas naturales.