El interés de la UDI por reflotar un proyecto que permite que los fiscales nacional y regionales sean susceptibles de ser acusados constitucionalmente no cayó muy bien en el mundo político. Pese a ello, el presidente interino del partido, diputado Javier Macaya, defendió la iniciativa de sus pares, asegurando que es "una inquietud legítima" e incluso la avaló, asegurando que "todas las señales políticas son importantes y estas indican que en ciertas situaciones, en ciertas filtraciones, direcciones que se asumieron en el marco de las investigaciones, existieron algunas situaciones que nos generaron una sensación térmica distinta a la de los otros partidos".
Quien hizo una dura réplica a la postura gremialista fue el diputado socialista Leonardo Soto, que encabeza la Comisión de Constitución de la Cámara durante este período, precisamente la instancia que debería encargarse de la tramitación de la polémica iniciativa en el caso de que se reactive.
"En el contexto en que estamos de una investigación como la que lleva a cabo el fiscal nacional, en los casos Penta, Caval y SQM, esto es una manera de intentar detener dichas investigaciones y amedrentar al fiscal nacional con ese objeto", argumentó el legislador del PS.
A juicio de Soto, esta iniciativa gremialista "es parte de una misma estrategia para cuidar a los involucrados de la UDI en la investigación" y plantea derechamente que la idea de reflotar este polémico proyecto de reforma constitucional "es una manifestación más de la política institucional de la UDI" en esta materia.
Junto con reiterar la necesidad de respetar la autonomía del Ministerio Público, porque es necesaria para el buen desarrollo de la investigación, instó a la UDI a detener esta "campaña".