Grupo de 30 eurodiputados pide dar más tiempo a Chile para adecuar modernización del acuerdo bilateral

Los plazos de la modernización del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea no son una preocupación solo en el territorio nacional: también generan debate en el viejo continente. Desde el otro lado del atlántico, un grupo de 30 eurodiputados hizo un llamado a reconocer los “cambios profundos” que se están produciendo en Chile. 

Los 30 miembros del Parlamento Europeo enviaron este martes una carta a Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y comisario europeo de Comercio, y a Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión, con motivo de la modernización del AA. En ella, las autoridades plantean cinco demandas al Ejecutivo del bloque.

Además de pedir que se reconozcan los “profundos cambios que se están produciendo en Chile”, el grupo solicita que “se respete plenamente el proceso democrático chileno y la necesidad del nuevo gobierno de hacer una evaluación exhaustiva de los textos negociados por el gobierno anterior”. 

En tercer lugar, los parlamentarios plantean la necesidad de dar el tiempo necesario al gobierno chileno para evaluar la relación del acuerdo con su programa de gobierno, e instan a la Comisión a que esté dispuesta a renegociar los elementos del proyecto de acuerdo. En consecuencia, la quinta demanda apunta a que se abstengan de acelerar la firma de un acuerdo “que se negoció antes de la nueva Constitución y por un gobierno muy impopular”.

Los firmantes de la misiva recuerdan que el año pasado -en una carta enviada el 12 de octubre- ya habían expuesto su preocupación por la “rapidez” de las negociaciones, y “la consiguiente posibilidad de socavar el proceso constitucional en Chile”. 

“En nuestra carta pedíamos la ampliación del proceso de negociación”, señalan, y plantean que “las negociaciones se anunciaron como cerradas a nivel técnico en otoño (boreal) del año pasado, aunque algunos elementos seguían abiertos”. El texto puntualiza que solo unas semanas después de dicho cierre, “el pueblo chileno eligió un nuevo gobierno mientras una asamblea constituyente se encontraba en pleno mandato de redacción de una nueva Constitución”, y acusan que “el gobierno de Sebastián Piñera fue superado en las urnas tras enormes movilizaciones populares sin precedentes que fueron respondidas con una dura represión”. 

El 22 de diciembre, Dombrovskis y Borrell respondieron la primera carta de los eurodiputados. Si bien discreparon en que la modernización pudiera socavar los objetivos de este proceso constituyente, sí coincidieron en que el en ese entonces próximo gobierno tendría “la oportunidad de revisar el texto antes de decidir sobre su ratificación”, algo que permitiría “el escrutinio a la luz de los resultados del proceso constitucional”.

Tiempos ajustados 

El grupo de europarlamentarios también destaca que en su respuesta, la Comisión reconoció que “hay margen para revisar ciertos aspectos del acuerdo antes de la firma” y destacan “la importancia de dar esa oportunidad al nuevo gobierno chileno elegido”. 

Considerando que el Presidente Gabriel Boric asumió en marzo, la Convención Constitucional concluyó su trabajo el 4 de julio y el plebiscito al borrador de Carta Magna es en septiembre, los 30 firmantes afirman que “el tiempo adicional debe permitir el escrutinio a la luz del resultado del proceso constitucional en Chile”. 

En este contexto, los representantes legislativos europeos reiteran su apoyo “a la continuación de las negociaciones con nuestros homólogos chilenos, con el fin de alcanzar un entendimiento mutuo sobre las cuestiones pendientes”. 

Aseguran que las relaciones políticas y económicas “son y siguen siendo excelentes entre la UE y Chile”, y destacan que el actual acuerdo comercial ya garantiza la reducción de los aranceles sobre casi todas las mercancías, incluidas las materias primas como el litio, “que es cada vez más importante para la transición energética de la UE”, dicen.  

Además, abordan el proceso de consulta a la sociedad civil que anunció la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) hace algunos meses, y destacan que éste será “similar al que está llevando a cabo la propia UE”, y reiteran que está en marcha una revisión de los textos por parte del nuevo gobierno. 

“Confiamos en que la Comisión Europea tenga en cuenta la situación actual y demuestre la capacidad política de diálogo necesaria para crear un clima de confianza entre las partes, basándose en los elementos mencionados anteriormente”, concluye la carta.