La agenda laboral del gobierno es clara, por lo menos en los objetivos, y la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, es clara en delinear las tres grandes áreas en que se moverán durante los próximos cuatro años: derechos colectivos, participación laboral y capacitación. “Si bien hay un reconocimiento a que ha habido avances importantes en derechos individuales, nosotros queremos dar un paso decidido en avanzar en derechos colectivos”, señala de entrada la secretaria de Estado.
En esa línea, la negociación colectiva, la titularidad sindical y poner fin al reemplazo en huelga, son clave. Consciente de las diferencias y desconfianzas que existen en estos temas, la ministra destaca que “no hay que tenerle temor a los derechos colectivos, porque van en favor de los niveles de desarrollo y productividad del país”.
- Toda esta agenda, ¿cuándo va a ver la luz? ¿Habrá un solo proyecto de ley que incorpore todo esto de los derechos colectivos?
- Claramente en algún minuto se va a traducir en una iniciativa legal. El cómo y cuándo lo vamos a dar a conocer en su oportunidad. No está dentro de las medidas de los 100 primeros días, pero sin duda hoy reconocemos que hay una ventana de oportunidad bien importante, desde la CUT y desde la CPC, instancias que han alcanzado niveles de entendimiento muy buenos, con avances que se han hecho con anterioridad a la instalación de este gobierno y que nosotros queremos reconocer. Me refiero al acuerdo de voluntades de 2012, y al trabajo que se ha hecho en el marco de la OIT. Además, tampoco hay que creer que esto es algo que vamos a ir desarrollando a puertas cerradas, el sello de la Presidenta durante la campaña fue que su programa de gobierno fue súper inclusivo, que se desarrolló en comisiones, escuchando a todos los actores. Eso no va a ser distinto para la construcción de agenda pública de este gobierno.
- ¿Estos derechos colectivos van a incluir temas de negociación que tienen que ver con adaptabilidad o flexibilidad laboral?
- Lo que sí sabemos es que en la negociación colectiva lo que queremos hacer es extenderla a otras temáticas, más allá de las propiamente remuneracionales…
- ¿Jornadas?
- Sí, tienen que ver con jornadas, por ejemplo. En derechos colectivos también está el famoso piso de negociación. En eso lo que hemos dicho es que, tomando en cuenta obviamente la realidad económica de la empresa, el piso de la negociación colectiva de cada año debería ser al menos lo que se logró en el anterior. Aquí está el tema del acceso a la información financiera de la empresa que le permita a los trabajadores saber cuál es el contexto en el que se encuentra para negociar colectivamente.
- Hay algún objetivo de sindicalización, una meta?
- Más del 11% que hay hoy día. Me parece que, a todas luces, esa tasa nos deja en muy mal pie a nivel internacional, donde las tasas de sindicalización en los países desarrollados están muy por sobre eso. Diría que hoy la meta es fortalecer a los sindicatos a partir de estas herramientas.
- ¿Sindicalización automática?
- Nosotros no hemos incorporado ese concepto en nuestra agenda. Hoy en la medida que se generen los incentivos necesarios para que la sindicalización sea finalmente un factor de beneficios para el trabajador, medidas como las que estamos hablando -la titularidad sindical-, van a generar los incentivos suficientes y necesarios como para poder generar una adhesión mayoritaria y mucho más alta que la que hay hoy. Ahora, yo entiendo que estos son esfuerzos de todas las partes. Una vez que se generan las condiciones, que entiendo que es nuestra responsabilidad a partir de las iniciativas legislativas, aquí también hay esfuerzos compartidos por todos los actores. Yo entiendo que la construcción de las políticas públicas es conjunta, el gobierno juega un rol principal, pero también hay un rol desde el mundo sindical, de que dadas las condiciones ellos puedan ocupar los espacios y ver fortalecidos sus sindicatos. Y también del mundo de los empleadores debe haber esas posibilidades.
Comisión salario mínimo, sala cuna y multirut
- Respecto al bono sala cuna, hay un proyecto de ley presentado por el gobierno en agosto del año pasado. ¿Ese proyecto se mantiene o ustedes van a presentar otro?
- ¿Nos gusta el proyecto tal como está? No. ¿Lo vamos a retirar? Hay proyectos que se pueden retirar y otros que no porque hay una limitante legal cuando han sido vistos y aprobados en sala. Pero más allá del tecnicismo, el objetivo es avanzar en la eliminación del artículo 203 de todas maneras y generar una propuesta legal distinta a la que tenemos hoy día. Si eso pasa por modificarlo o generar una indicación sustitutiva en torno a él, todavía hay una definición que tenemos que dar.
- ¿Está dentro del grupo de los proyectos que se pueden retirar?
- Este es un proyecto que sí se puede retirar.
- ¿La idea es retirarlo?
- No hemos tomado la decisión. Sabemos que tal como está, no nos gusta y la decisión específica de si se va a retirar o se va a presentar una indicación, la queremos trabajar y conversar con los actores involucrados, que algo tienen que decir en estas materias.
- ¿Qué no les gusta? ¿El fondo que considera el proyecto del gobierno anterior? Si es el fondo, es el proyecto propiamente tal, porque que se elimine el artículo 203 es algo consensuado…
- Sí, es algo más o menos consensuado. Lo que estamos diciendo es que el norte es uno solo: que la contratación de las mujeres no sea más onerosa siempre para ellas, porque finalmente eleva el costo de su contratación. Lo que nosotros hemos propuesto es la generación de un fondo tripartito en el programa de gobierno de Michelle Bachelet. Y ese programa habla de que lo que nosotros queremos crear es este sistema universal de protección a la infancia y eso pasa por un fondo que sea equitativo en los aportes: Estado, trabajador y empleador.
- ¿Y los otros proyectos presentados por el anterior gobierno?
- Lo que hemos dicho es que estamos viendo el mérito de cada uno.
- Antes de irse, el gobierno anterior anunció el proyecto de la comisión ténica del salario mínimo...
- Nosotros no estamos de acuerdo con ese mecanismo. Nosotros siempre hemos hablado de que se va a avanzar a un salario mínimo a mediados del período de $ 250 mil. Para la discusión en torno a estos temas a nosotros nos interesa mucho el debate con todos los actores y no sólo con los expertos. Aquí siempre es importante tener a la vista que las políticas públicas que se construyen siempre deben tener en consideración el escuchar a los que van dirigidas, a los beneficiarios. No concebimos que una política de esta manera pueda estar dirigida a escuchar a unos expertos y no escuchar, por ejemplo, a los trabajadores y, por cierto, a los empleadores.
- El de multirut va a ser una indicación...
- Una indicación al proyecto que está en el Senado, al que el Ejecutivo anterior le agregó la indicación sustitutiva. Hay otros proyectos como los feriados en días de elecciones, que si bien son menores en comparación, por ejemplo, con el multirut, son mociones parlamentarias que afectan a sectores de trabajadores que nos parece que nosotros sí queremos apoyar. El tema, por ejemplo, del fuero para los comité paritarios y otros, nos interesa discutirlos con los sectores involucrados. Hay otros como el de los empaquetadores, eso hay que conversarlo previamente con los respectivos gremios. También está el del Sence, el de trabajadora de casa particular donde nos parece que hay que volver a hablar con los sectores afectados. Entonces, tenemos distintos niveles de proyectos, mociones y mensajes, y lo que nosotros vamos a hacer aparte de analizarlos cada uno en el mérito y tomar la decisión de si alguno se retira o no, o si se puede mejorar.
“La AFP estatal va”
- ¿Qué pasa con el nombramiento del superintendente de Pensiones?
- Estamos en eso y seguramente en los próximos días vamos a tener noticias.
- Respecto a la AFP estatal, ¿cómo sería su financiamiento?
- La definición jurídica exacta de cuál va a ser el formato de la AFP estatal es algo que estamos discutiendo. Por algo el proyecto de ley no lo vamos a presentar mañana, pero sí dentro de los 100 primeros días. Seguramente el proyecto que va a venir antes será el del multirut. Lo que sí puedo decir es que va a ser una entidad del Estado, que va a buscar relevar algo que hoy no lo está, igual que en educación, que es cuál es el rol público respecto de ciertos derechos sociales que nosotros reconocemos, ese norte está clarísimo.
Nosotros queremos recuperar el rol estatal de ciertos derechos sociales que hoy día han sido entregados a una lógica de oferta y demanda, la educación sin ir más lejos, las pensiones otra.
En eso, más allá de la orgánica o la estructura institucional que va a tener la AFP estatal, que a todas luces sí va a ser un organismo de carácter público, lo que sí se quiere mejorar está claro en sus objetivos. Siempre lo más importante es no poner la carreta delante de los bueyes, hay que poner primero los objetivos y la estructura lo que hace es adecuarse al cumplimiento de ellos.
- Precisamente, como está dentro de los 100 primeros días es que se lo preguntamos…
- Tenemos algo avanzado, lo estamos discutiendo, y lo vamos a presentar dentro de los 100 primeros días. Lo que puedo decir hoy es que queremos generar cobertura para un sector que no está en el sistema porque no es atractivo para las AFP.
- ¿Eso implica participar en la licitación de cartera?
- Esos son temas que vamos a ver en las definiciones. Si bien está dentro de los 100 primeros días, sería irresponsable de mi parte adelantar cosas que nosotros queremos construir de manera dialogante y escuchando a todos. Por eso también la señal para el mundo de las AFP es que no hay que generar tanta ansiedad, porque nosotros tenemos la intención de escuchar a todos y de poder rescatar todas las opiniones respecto de esto.
Ahora, la AFP estatal va. Hay una serie de temas de regulaciones, de normativa, estructura institucional, que nosotros todavía estamos discutiendo y analizando. Lo importante es que el Estado no puede abstraerse de su rol en algo tan esencial como son las pensiones en Chile y la manera de no abstraerse a nosotros nos parece, entre otras cosas, una mirada como la AFP estatal. Tampoco se trata de ponerle toda la carga a la AFP en el sentido de que esto nos va a solucionar todo.
- La gente lo está entendiendo así…
- Por eso lo aclaro. Hoy día la AFP estatal tiene objetivos muy claros: generar competencia, disminución de comisiones y cobertura para grupos que han quedado, en general, segregados. Pero la reestructuración del sistema de pensiones en Chile viene dado por una discusión mayor que va a partir con la conformación de una comisión y ahí sí nos vamos a meter a un debate que tiene que ver con temas de fondo, tales como monto de comisiones, cotizaciones, pensiones mínimas, edad de jubilación, requisitos para la jubilación, estructuras institucionales, etc.
Lo que no puede seguir existiendo es un Decreto Ley 3.500 que nos dijo que las pensiones eran dignas y la tasa de reemplazo un 70%. Hoy lo que tenemos son pensiones indignas y una tasa de reemplazo de 40% y menos para las mujeres, que siempre salimos perjudicadas.
"Quizás tenemos que hacer más sofisticado el sistema de medición"
- El gobierno anterior se fue diciendo que creó un millón de empleos. ¿Qué evaluación tiene de ese número y qué metas tienen ustedes?
- Lo primero que quiero decir es que muchas veces me dicen: ¿Habrá que reconocer que la creación de empleo es bueno? Por cierto.
Si cuando yo hago una crítica no estoy diciendo que crear empleos sea una mala noticia, lo que estoy diciendo es que la creación de empleo tiene que ir aparejada de la certeza de que detrás de cada uno de esos empleos, hay empleos de calidad.
Quizás vamos a tener que hacer más sofisticado el sistema de medición, no lo sé, es parte de las cosas que hoy estamos viendo. Pero hoy no podemos incorporar como gente empleada al ejemplo que yo doy siempre: en el caso de los portuarios, aquellos que tienen tarjetas que los habilitan para trabajar en el puerto. Pero eso muchas veces significa la realización de un turno en el mes por el que le pagan $ 30 mil.
Entonces, necesitamos tener certeza de que cuando yo hable de una cantidad x de empleo, siempre vamos a estar hablando de empleos que impliquen trabajo decente, salario justo y protección social. Porque en el fondo lo que hoy nos genera preocupación es que un trabajador asalariado, formalmente contratado, con todas las imposiciones al día, puede estar bajo la línea de la pobreza.
- ¿Eso significa revisar cómo se hace la encuesta de empleo?
- No lo puede decir ahora. Lo que sí tenemos que hacer es avanzar desde, quizás perfeccionar los sistemas de medición, no lo sé, no es un anuncio.
Lo estoy diciendo, porque creo que es una de las cosas en que tenemos que avanzar, es que los números no escondan realidades que no queremos.
- Pero eso se cambió hace pocos años con la Nueva Encuesta Nacional de Empleo. En ese momento hubo un debate sobre quién estaba realmente empleado...
- Sí, pero a lo que yo voy es que detrás de cada uno de esos conceptos de empleo tenemos que tener certeza de que se cumplen estos tres requisitos. Hoy día esa condición no queda tan clara.
Pero no estoy anunciando un cambio en la encuesta, esto puede consistir en instrumentos complementarios, pueden ser estudios particulares y puntuales para identificar, por ejemplo, cuando vamos a tener empleados que -cumpliendo todas las condiciones que les decía- igual se ubiquen bajo la línea de la pobreza.
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