Teodoro Ribera Neumann (53 años) asumió hace pocos meses el Ministerio de Justicia en reemplazo de Felipe Bulnes. Abogado constitucionalista, ex diputado de Renovación Nacional y ex rector de la Universidad Autónoma, ha causado polémica por señalar que analizará la jurisprudencia y criterio jurídico de los jueces a la hora de estudiar sus ascensos. Conocedor de sus obligaciones y funciones, seguro y claro en la formulación de sus ideas, el ministro está preocupado del clima de crispación que vive el país y está convencido que sólo fortaleciendo el Estado de Derecho es posible avanzar en la solución de los problemas que hoy nos afectan. Con la cordialidad que lo caracteriza, nos recibe en su oficina del Ministerio, abierto a aclarar cualquier tipo de dudas.
- ¿Fueron un error las declaraciones que formulaste en torno a la labor de los jueces de garantía?
- Quiero dejarlo bien claro. No fue un error o algo impensado. Hoy más que nunca se requiere recordar las bases normativas que rigen nuestro actuar social y político. Creo que son en los momentos de mayor algidez política, donde uno tiene que volver a las raíces, decir las cosas con claridad y precisar los conceptos. Nadie puede temer que un ministro de Estado diga cuáles son los principios que rigen su actuar.
- ¿Por qué tus palabras han causado tanta polémica entonces?
- El tema de fondo es que hemos construido, sin quererlo, un mundo de derechos y no uno equilibrado con deberes y responsabilidades. Ese mundo de derechos ha estado acompañado, además, con un largo período de bonanza económica que hace que la gente sólo mire sus intereses, de sus acciones y sus aspiraciones y se olvida que cuando uno vive en sociedad tiene también deberes. Es un problema muy serio que involucra el tema educativo, donde no se hace el énfasis que se debiera en que para cada derecho hay un deber correlativo. En una sociedad, los derechos no son absolutos ni ilimitados, pues los derechos y el bien común constituyen condicionantes que deben considerarse.
- Teniendo claro eso, ¿es la función de un ministro de Justicia entrometerse en las acciones de un poder independiente como lo es el Poder Judicial?
- El poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial no funcionan en forma autárquica o con tal nivel de independencia que no se correlacionan. El Presidente de la República es la cabeza del poder Ejecutivo, pero también es colegislador, tiene iniciativa de ley, presenta indicaciones y formula vetos. El poder Judicial, por su parte, resuelve las contiendas derivadas de la implementación de la ley, la ejecuta, sin que los otros poderes puedan abocarse a las causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones. Sin embargo, el Presidente de la República tiene dos atribuciones sumamente relevantes, que es velar por la conducta ministerial de los jueces (artículo 32, número 13), y designar tanto a éstos como a los altos magistrados sobre la base de ternas o quinas que le envía el propio poder judicial.
- ¿Por qué entonces la reacción del Presidente de la Corte Suprema?
- Dado que existieron expresiones previas del ministro Andrés Chadwick y del subsecretario Rodrigo Ubilla, pudo haberse entendido que se estaba generando una campaña de desprestigio al poder judicial y para clarificar esto, el sábado en la mañana le hice saber al Ministro Milton Juica que no existía ninguna campaña orquestada; ni listas negras ni blancas de jueces, que no las tenemos, ni las tendremos; que como gobierno, tenemos una profunda preocupación por el orden público y la institucionalidad democrática; que respetábamos absolutamente el poder Judicial, pero que también ejerceremos las atribuciones que la Constitución nos concede en su espíritu y forma.
- Pero tus dichos fueron interpretados como una amenaza velada para los jueces…
- Nadie puede sentirse amenazado cuando el ministro de Justicia ejerce las atribuciones que le confiere la ley, ¿qué tiene que hacer un ministro que busca decidir de manera racional, prudente y adecuada? Obviamente, considerar los informes que el Poder Judicial le ha remitido y que se refieren, primero, a la carrera funcionaria: por ejemplo, ¿ha sido un juez que ha estado en lugares apartados, con una carrera abnegada o ha sido realmente una flor de invernadero siempre al alero de alguien sin salir de su cobijo? Lo segundo: las calificaciones que sus superiores le han otorgado, es decir, la forma cómo el juez ha ejercido sus funciones desde el punto de vista administrativo y jurisdiccional. El tercer elemento son las notas obtenidas en la Academia Judicial que dan cuenta de su capacidad y conocimiento académico, y finalmente, si ha sido o no sancionado, vale decir, su responsabilidad y honorabilidad funcionaria. Como ministro estudio en profundidad -y lo voy a seguir haciendo- los antecedentes que me envían y dentro de la terna o de la quina elegiré a quién considere más idóneo dentro de los idóneos, para presentárselo al Presidente de la República.
- ¿Estás preparado para una posible interpelación, como lo ha anunciado el Partido Socialista?
- El que dice la verdad no necesita tener buena memoria, porque puede permanentemente justificar sus dichos. Cualquier otro sistema podría ser absolutamente injusto para quienes postulan. Una vez me llamó un candidato a un cargo, quería que yo lo recibiera y le dije que si venía con los otros dos postulantes, lo recibía con gusto. Nunca más volvió.
- ¿Estás arrepentido de lo que dijiste?
- ¡Jamás! ¡Nunca! No estoy arrepentido, creo que nunca es inapropiado recordar las bases del Estado de Derecho.
- ¿Pese a la mal interpretación?
- Hoy día existe un estado de crispación que incrementa la sensibilidad. Está ese sentimiento de que cada uno hace lo que quiere, y cuando a la gente se le recuerda que existen marcos constitucionales y legales, que significan una limitación de las conductas, no falta quien hable de represión o autoritarismo, cuando lo que se está diciendo es que deben respetar las bases de la democracia. Estoy en este cargo por designación presidencial, de quien ganó las elecciones libre y democráticamente y obtuvo, por el apoyo popular, el cargo que se merece: Presidente de la República. Yo estoy ejerciendo, por su delegación, soberanía popular.
Ministerio Público
- ¿Cuál es el problema que impide que se sancionen actos de violencia que se realizan a vista y paciencia de la ciudadanía?
- El tema es complejo porque en una decisión judicial hay que considerar las conductas, las pruebas presentadas y la tipificación. Por lo tanto, no es tan fácil atribuirle responsabilidad o no a un juez, sino que también se debe considerar la norma jurídica, como la policía actúa y si el Ministerio Público acompañó o no las pruebas necesarias para resolver. Tenemos que mirar la globalidad, y si todos actúan como corresponde, se podrá ser más justos. El hecho es que todos tenemos una responsabilidad por la seguridad pública y por la conservación del Estado de derecho.
- ¿Hasta qué punto la vaguedad en la tipificación de los delitos relativos a la seguridad pública permite la subjetividad a la hora de sancionarlos?
- El ministerio del Interior presentó al Congreso una modificación legal, porque sus estudios sostienen que la descripción de las figuras vinculadas al orden público no son las adecuadas para los tiempos actuales. Además, la forma de recolectar medios probatorios tiene que ser perfeccionada. El gobierno a través del ministerio del Interior, tiene conciencia de que la legislación actual es imperfecta y que debe ser modernizada.
- ¿Qué participación tiene el ministerio de Justicia en este proyecto de ley anti-tomas?
- Su redacción fundamental radica en Interior que está a cargo del orden público, pero cuando requieren la firma de este ministro, obviamente que se produce una segunda revisión por parte de las unidades propias de nuestro ministerio.
- ¿Qué debe hacerse para mejorar la labor de la justicia en este plano?
- Más que seguir en el proceso de echarnos la culpa unos a otros o buscar culpables, el problema de fondo que tenemos, es resolver dónde están las responsabilidades y por qué sucede esto. Tenemos que sentarnos y decir cómo lo hacemos para que efectivamente la responsabilidad la podamos ejecutar. Eso implica una labor de coordinación relevante, que tiene que tener lugar y ser impulsado por los actores principales. Obviamente, el Ministerio Público tiene que hacerse un proceso de autoanálisis en que mida lo que está sucediendo y me imagino que eso lo harán otros poderes del Estado.
- ¿Está el ministerio abierto a impulsar una mesa para encauzar de la mejor forma este proceso?
- Hay una mesa de coordinación de la reforma procesal penal, que no se refiere necesariamente a esto, pero creo que el tema es necesario analizarlo hoy día bajo una perspectiva no tan directa y con aproximaciones graduales, dado el nivel de sensibilidad que se ha generado los últimos días.
- Después de cinco meses de movilizaciones no se vislumbran salidas ¿Qué falta por hacer?
- Yo creo que hoy nuestra obligación es fortalecer el Estado de Derecho y en esa función debieran estar todos los partidos políticos, porque ese elemento esencial es, en definitiva, lo que va a permitir darle al país cauces para la solución de sus problemas. Veo con temor que Chile, teniendo un rol protagónico en Latinoamérica, pierda su oportunidad histórica de concretar su salto al desarrollo, como quizás pudo haber sucedido en los años de bonanza del salitre, cuando los grupos políticos se enfrascaron en luchas eternas. En esos tiempos, los parlamentarios se adueñaron del poder, condicionaron la facultad presidencial y el neo-parlamentarismo nos quitó, quizás un cauce más ordenado hacia el futuro.
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