Finalmente, la comisión revisora del Sistema de Capacitación (Sence), entregó su informe respecto de las falencias del actual sistema.
La comisión presidida por el economista Osvaldo Larrañaga, concluyó que en recursos públicos se aprecia que estos favorecen a grupos de ingreso medio-altos, y que alrededor de un 80% del gasto público en capacitación se financia con cargo a la franquicia tributaria. Además que los participantes de estos programas son trabajadores que se ocupan en las empresas más grandes.
El informe muestra que al evaluar los resultados de la franquicia tributaria, la comisión llegó a la conclusión que esta no contribuye significativamente a mejorar los ingresos laborales ni la empleabilidad de los trabajadores que asistieron a cursos pagados por este instrumento.
En materia de eficacia de los programas dirigidos a poblaciones vulnerables, los más auspiciosos provienen del Programa Especial de Jóvenes que opera cursos de larga duración de 450 horas acompañado de una práctica laboral de 300 horas. No obstante, los programas Jóvenes Bicentenario y el Programa Nacional de Becas y Mujeres Jefas de Hogar no han arrojado buenos resultados. “En términos de equidad, la mayor parte de los recursos públicos favorecen a trabajadores con mayores ingresos y que ocupan en grandes empresas, (además), salvo excepciones, no hay evidencia de efectos positivos en empleo o salarios de los capacitados”, dijo Larrañaga.
Respecto a estos malos resultados, el experto centró sus críticas en el gobierno pues, finalmente la dispersión de los recursos se debe a que el Ejecutivo no ha planteado bien las reglas del juego.
“El tema al final, es de cómo la política pública ordena un sistema que tiene muchos actores, que si no hay reglas del juego bien definidas” agregó y recalcó que “no se está jugando poco (...) parte importante del desarrollo del país pasa por tener un sistema de capacitación que tenga las competencias requeridas, no es una reforma secundaria”, puntualizó.