Por Carlos Alonso M.
El alza en el precio de las viviendas que supuestamente generaría la reforma tributaria ha sido uno de los focos de preocupación tanto de las autoridades de gobierno como de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
El proyecto hoy en el Senado incluye una limitación del crédito especial IVA a la vivienda en forma gradual y fija un tope de 2.000 UF. A ello se suma la aplicación del IVA a la compra y venta habitual de bienes inmuebles; impuesto a la renta en ganancia de capital por venta de inmuebles y el aumento del impuesto de timbres y estampillas.
Todo esto, según estudios de la CChC, tendría un impacto en los valores finales a los consumidores del orden de 8% y 13%, pero en mayor medida entre las viviendas de entre 2.000 UF y 2.500 UF.
Sin embargo, dicho cálculo difiere de los informes que ha desarrollado Hacienda, ya que según los documentos presentados por el jefe de las finanzas públicas, Alberto Arenas, el alza sería de entre 2% y 4%.
Por ello, para comenzar a zanjar esa diferencia, Arenas se reunió ayer con el presidente de la CChC, Daniel Hurtado, donde se acordó que hoy los equipos técnicos de ambos se reunirán para contrastar la metodología que ambas partes están utilizando para saber porqué se origina la diferencia del impacto en los precios.
“Los equipos técnicos están trabajando. Debemos hablar desde las cifras para saber cuáles son los supuestos que están detrás de este cálculo. Hemos hecho una estimación que tiene unos supuestos y la Cámara ha hecho lo propio con otros y, por ello, nuestros equipos técnicos están conversando sobre el tema”, sostuvo el ministro de Hacienda.
Al mismo tiempo, Arenas reafirmó que existe espacio para realizar perfeccionamientos al proyecto en el ámbito de la construcción. “Hemos dicho que donde haya que perfeccionar el proyecto por lo que vamos a estudiar las propuestas en su debido merito”, planteó.
Senadores de la Nueva Mayoría
Hasta el gabinete del ministro llegaron ayer también los senadores, Carlos Montes (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Andrés Zaldívar (DC), todos integrantes de la comisión de Hacienda.
El objetivo de este encuentro -que se realiza por segunda semana consecutiva- es ir acotando el margen de acción para realizar los mejoramientos al proyecto.
Si bien en estas citas se analiza en detalle qué aspectos del proyectos son susceptibles a perfeccionar todo debe ser resulto en las reuniones almuerzo de los lunes donde participan tanto los senadores como los diputados de la Comisión de Hacienda de la Nueva Mayoría.
Según uno de los participantes, entre las prioridades que se debe mejorar están las precisiones a las atribuciones para el Servicio de Impuestos Internos (SII), la constitucionalidad y operabilidad de la renta atribuida.
A lo anterior se une el buscar un de mecanismo para el ahorro y la inversión y que reemplace efectivamente al Fondo de Utilidades Tributarias (FUT). Mientras, la estrategia de la UDI apunta a esperar cómo actuará el gobierno y ver si esta mayor apertura al diálogo se materializa en indicaciones concretas.
Entre los puntos más cuestionados está la facultad que se le entrega al SII, renta atribuida y nuevos incentivos a la inversión. Si Hacienda no realiza ningún cambio en renta atribuida, la UDI establecerá reserva de constitucionalidad y, a la vez, presentará indicaciones para mejorar otras materias de la iniciativa.
SENADO: 15 DE JULIO SE VOTARÁ PROYECTO EN GENERAL EN SALA
En cuanto a los tiempos, el cronograma de trabajo de la Comisión de Hacienda establece que hasta el 9 de julio se escucharán exposiciones y se votará en general en la instancia legislativa. Luego, el 15 de julio la sala votará en general proyecto y se abrirá un plazo de indicaciones. En un principio se tenía considerado un plazo de dos semanas. Sin embargo, ahora se está evaluando que sea de dos días con el objetivo de agilizar la tramitación. Los senadores esperan que la reforma sea despachada del Senado el 13 de agosto para que la Cámara de Diputados -en tercer trámite- la revise y se apruebe y se despache a ley a mediados de septiembre.
LyD ve cinco focos negativos de iniciativa para el sector inmobiliario
Libertad y Desarrollo entró al debate sobre el impacto que tendrá la reforma tributaria en el sector inmobiliario. Los cinco puntos que generarán un efecto negativo en la industria, según el estudio realizado por la investigadora del Programa Social de LyD, Paulina Henoch, son: el gravamen con IVA a las ventas de bienes raíces en la industria inmobiliaria, la restricción el crédito especial de IVA para empresas constructoras, la derogación del crédito por impuesto territorial pagado por empresas inmobiliarias, el aumento de la tasa del impuesto de Timbres y Estampillas y los ajustes a la tributación sobre las ganancias de capital en bienes raíces. El primer elemento es identificado como el de mayor consecuencia en el alza en el valor de las viviendas, ya que desembocará en un incremento del ahorro que deberán tener las familias para postular a un crédito hipotecario y se deberá acreditar mayores ingresos, lo que restringirá el acceso al crédito. A su vez, prevén un efecto mayor en la clase media emergente, pues los cambios impactarán a las viviendas bajo las 5.000 UF, que son adquiridas por este grupo y algo similar sucederá al restringir el crédito del IVA a las constructoras, pero encareciendo a las viviendas bajo las 2.000 UF. "Ante esto, resulta contradictorio que por un lado a una vivienda de 1.500 UF se le esté entregando un subsidio de 100 UF y, por el otro, con esta reforma tributaria, se esté aumentando el precio en casi 200 UF", expuso el estudio. Sobre el aumento de Timbres y Estampillas, la entidad afirmó que para una vivienda de 1.500 UF, DFL2, se tendrá que pagar alrededor de $ 69 mil más y para una de 4.500 UF se incrementaría en más de $ 207 mil. "Esta medida exige más ahorro para que una familia de clase media pueda adquirir una vivienda, ya que en el momento de compra se requieren más ingreso efectivo", agregó. Al limitar las ganancias de capital provenientes de un bien raíz y gravar la venta de viviendas usadas, dijo que "se genera un serio desincentivo a comprar viviendas para arrendarlas o venderlas", lo que podría desembocar en un alza de los arriendos.
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