Por Gonzalo Cerda M.
Sin la presencia del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ni de la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, el gobierno presentó ayer su propuesta de reajuste para el sector público. El Ejecutivo ofreció a la mesa de los empleados públicos un 4% de reajuste basado, tal como explicó el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, en un 2,9% de inflación prevista para este año y un 1% real de reajuste del IPC.
Junto con esto, el gobierno ofreció un ajuste en los bonos solicitados por el sector público en un 4,1%.
Durante la reunión, a la que asistieron los catorce representantes de la mesa, más la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, los representantes del gobierno se negaron a discutir temas relacionados con los funcionarios a contrata.
De hecho, el interés de la ANEF por resolver este punto radica en que a fines de noviembre se terminan los contratos para cientos de funcionarios públicos.
Para llevar adelante esta negociación, la ANEF, junto a los demás gremios, solicitaron una mesa de diálogo paralela a mediano plaza para resolver la situación.
Otro punto que el gobierno se negó a abordar durante la reunión fue el de asignaciones especiales para las zonas extremas, lo que apunta a la asignación de mayores recursos para aquellos funcionarios que se desempeñan en los extremos del país. De hecho, tampoco existió respuesta respecto de la asignación profesional y técnica, ítem que entre los que componen la mesa, resulta fundamental para incentivar la profesionalización del servicio público.
Para De la Puente, la inasistencia de los ministros es una clara señal de que el gobierno le ha “restado peso” a la negociación, por lo que emplazó al Ejecutivo a que entregue respuestas respecto de los temas que no han sido abordados.
De hecho, calificó como insuficiente la contrapropuesta sobre todo pensando en que el petitorio presentando por la CUT consideraba un aumento nominal de 8,5% en el salario de los empleados fiscales.