Por Rodolfo Carrasco M.
“Los martes y miércoles vivo en el Congreso”, comenta la ministra de Justicia, Patricia Pérez, quien dedica gran parte de sus esfuerzos a sacar adelante lo que considera una serie de proyectos importantes para tener una mirada de Estado integral en la gestión penitenciaria y en la entrega de justicia.
- ¿Cómo está desarrollando la gestión del ministerio?
- Ha sido una experiencia muy realizadora, teníamos mucho por hacer. En el tema de la justicia penal ha sido muy relevante los distintos énfasis no solo desde el punto de vista del perfeccionamiento del proceso penal, sino que tener un nuevo Código Penal. Además, en el resultado de ese proceso penal que tiene que ver el cumplimiento de las condenas tanto en libertad a través del sistema nuevo de penas sustitutivas, como a través del reforzamiento de las condenas que se cumplen dentro de las cárceles. En ese sentido, se ha aumentado el presupuesto de Gendarmería de 2010 a la fecha en un 40% y eso ha tenido una repercusión importante. Fue el ex ministro Felipe Bulnes que tuvo la visión de que la política penitenciaria tenía que tener una mirada de Estado. Se hizo una consultoría internacional que nos ha asesorado estos años para tener una mirada integral del sistema penitenciario.
- ¿Qué resultados ha arrojado esa asesoría?
- En primer lugar tenemos un diagnóstico del sistema penitenciario. Hay tres pilares de esta nueva visión integral, tener un enfoque de derechos humanos en nuestras cárceles para dar más dignidad al sistema penitenciario. Otro elemento es la mirada de la reinserción, que la infraestructura deba estar enfocada en la reinserción. Por eso los nuevos modelos de cárceles a concesionar apuntan en esa dirección, no hacer sólo un recinto y ponerle llave. Antes no había un registro de la capacidades reales de los recintos penales y hoy eso ya lo tenemos, y eso ha permitido un mayor ahorro para el Estado, porque se detectaron más de 900 plazas sin ocupar, eso es como una cárcel. Otro de los hallazgos de la consultora es que en el sistema concesionado uno tiene la posibilidad de utilizarlo hasta un 120% de su capacidad, porque está preparado, pero como no había una gestión penitenciaria a nivel nacional, se producía que había cárceles subutilizadas y otras sobreutilizadas. Con eso ya desde el año 2012, nosotros dejamos de pagar multas por sobrepoblación en los demás penales, porque se hizo una distribución más eficiente. Además, la consultora planteó que era posible analizar la redefinición de los contratos con las concesionarias para redefinir las capacidades, para ampliar los recintos ya concesionados y generar nuevas plazas.
- ¿Cómo serán las nuevas cárceles a concesionar?
- Esta consultora estuvo dos años y nos entregó más de 5 mil hojas de información, más de 100 planos para estas cárceles. Hoy estamos con dos modelos corriendo en paralelo para poder adjudicar el diseño este año, es decir, se hará el llamado a licitación, luego vamos adjudicar el diseño y posteriormente, el año 2016, estén construidas.
- ¿De cuántas cárceles hablamos y con qué capacidad?
- Son dos recintos, uno en Talca que albergará a 1.400 personas y otro en Copiapó que, en una primera etapa, albergará a 1.800 personas.
- ¿Se aplicará el modelo de concesión actual?
- La construcción y explotación como un todo no es la mejor alternativa, porque establece rigidez del sistema, por tanto, lo que se hará es que se va a licitar el diseño y luego la construcción y estamos por decidir si la operación del recinto, o sea, la alimentación, los trabajos de reinserción, ahí tenemos que ver si seguirá el modelo de concesionar o se hará de la manera tradicional a cargo de Gendarmería.
- ¿Qué sistema prefiere?
- Faltan elementos para poder distinguir cuál sistema es mejor. Hay una experiencia que está en curso en el Reino Unido, donde nosotros como país debiéramos en el futuro repensar los contratos de concesiones, en el sentido de incluir dentro de los pagos indicadores de resultados, no solo el cumplimiento de ciertas actividades, sino que asociarlos a resultados objetivos en términos de reducción de la reincidencia. En Inglaterra lo que hacen es pagar contra resultados y eso vincula reducir la reincidencia.
- ¿Se podría aplicar eso en Talca y en Copiapó?
- Perfectamente, pero por ahora estamos concentrados en la licitación de los recintos. De todas formas, existe un estudio de Paz Ciudadana que señala que las personas que pasaban por las cárceles al cabo de tres años reincidía más del 50%. Ese dato te lleva a pensar qué está faltando en el mundo penitenciario para bajar esa cifra. Al contrario, en las penas con libertad vigilada las tasas de reincidencia son menores.
- ¿Qué valores de inversión se manejan?
- Se trata de valores estimativos, porque el precio final lo entregará el diseño de cada cárcel, pero aproximadamente entre US$ 70 millones la de Talca y unos US$ 75 millones Copiapó.
- ¿Es efectivo que cuándo asumieron había cárceles que no se podían inaugurar?
- Cuando asumimos el gobierno había una cárcel que estaba supuestamente en condiciones de ser utilizada, la cárcel de Antofagasta, pero eso no podía materializarce, porque no tenía agua, así que hubo que hacer una ampliación de la zona de concesión, hacer un ducto de kilómetros para unir la cárcel con la empresa que provee agua. Esperamos este año ponerla en funcionamiento. Este penal tiene una capacidad de más de mil personas. Además, había dos mil plazas que se perdieron a raíz del terremoto que hubo que reconstruir. No ha sido una tarea fácil, pero más que detenernos en las dificultades, hemos avanzado en las soluciones con visión de país.
"Justicia oportuna y de calidad"
- ¿Qué balance entregará el presidente el 21 de mayo en Justicia?
- Tiene muchas cosas que decir afortunadamente. Hay avances, el objetivo fundamental era tener una justicia oportuna y de calidad, ese es el mandato esencial y eso se ha ido cumpliendo con mucha fuerza. Primero, la justicia civil, nosotros presentamos a tramitación un nuevo Código de Justicia Civil en el Congreso y ya llevamos aprobados más de 300 artículos en la Cámara de Diputados.
Esta norma es muy importante porque los casos civiles representan el 60% total de las causas que se dan en justicia y es la que está más atrasada en la modernización en comparación a la laboral, de familia y la penal. En materia penal, la promulgación de la ley de penas sustitutivas donde pasamos de un Informe Financiero de $ 6.000 millones en 2009 a uno de $ 27.000 millones que implica la contratación de más de 500 personas destinadas a la reinserción en la historia de Gendarmería, así se podrá controlar mejor las penas que se cumplen en libertad. Todo el perfeccionamiento del sistema penal es muy relevante y el proyecto del Sename que es clave poder avanzar. Estamos tramitando también el proyecto de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
A todos los proyectos de este ministerio se aplica una triada: se basan en la evidencia, están hechos en forma participativa con la sociedad civil y expertos, y son evaluadas porque en decisiones de políticas públicas es importante evaluar al momento de ponerse en práctica, durante y después, para ver si se amplia o cambia.
Intensa Agenda legislativa
- ¿Qué énfasis tendrá la agenda legislativa este año?
- Tenemos muchas tareas. El proyecto que sanciona los atentados sexuales contra los menores, este martes iniciamos la discusión de la Reforma Procesal Penal en el Senado. El Código Penal que trabajamos a pasos agigantados, la idea es poder ingresar ese proyecto el próximo año al Congreso antes de finalizar nuestra gestión. Esperamos lograr un nuevo Código, porque tenemos el más antiguo del mundo, con 139 años.
Hay que ponerlo a la altura de los tiempos, ha sido parchado muchas veces y ya perdió coherencia interna, aunque sigue siendo un buen Código. Tiene legislación que hoy no tiene ninguna vigencia y hay legislación especial que debieran estar dentro del Código no lo están, eso lleva a tener un nuevo Código acorde con la sociedad actual. Se está trabajando con un grupo de profesores, una comisión permanente y colaboradores externos.
Hoy el Código Penal tiene 501 artículos, queremos darle una mirada integral. Hay muchos temas como fraudes informáticos que no están dentro del Código y figuras delictivas nuevas que son muy frecuentes como lo que se delinque a través de Internet que no está en este texto. Además, estamos realizando un gran trabajo en justicia vecinal, donde partimos con cuatro comunas y ya tenemos 20 que aglutinan cerca del 47% de la Región Metropolitana.
La idea es poder expandir este proyecto a otras regiones. La evaluación es muy buena, en promedio los casos duran 34 días y hay un 85% de resolución de conflictos.
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