Por Bárbara Gutiérrez P.
Profundas reflexiones ha provocado en el abogado, ex presidente del Consejo de Defensa del Estado y ex ministro de Justicia, Luis Bates Hidalgo (78), todo lo acontecido tras el fallo de la Corte Suprema que paralizó el proyecto de la termoeléctrica Castilla.
Y aunque aclara que no hará una defensa corporativa de los jueces, porque subraya “no me corresponde”, asevera, con la misma fuerza, que habría que ponderar lo “vital” de la función de los jueces, que, en definitiva, es “resolver conflictos humanos”.
- La justicia que imparten los jueces, no ha quedado al margen del manto de desconfianza que cubre, por estos días, a todas las instituciones...
- Sociológicamente, Francisco Antonio Encina en la Historia de Chile, dice que los chilenos tenemos dos características: por un lado, el apego a la legalidad y por otra, una tendencia más bien negativa y pesimista a lo que ocurre en el país, ver primero lo malo y no valorar lo positivo que tenemos. En este marco es importante delimitar roles. Por ejemplo, los fiscales y el Ministerio Público investigan y persiguen delitos; el Ministerio Público es independiente de los jueces, quienes investigan son los fiscales y los jueces resuelven en gran medida, con los materiales que entrega ese ente autónomo e independiente. Sin embargo, la ciudadanía los mete a todos en las críticas a la justicia. Para que la gente delimite entre jueces y fiscales pasarán muchos años. Todo se le carga a los jueces y eso afecta la legitimidad de ellos frente a la ciudadanía.
- Pero, a su juicio, ¿esta es una desconfianza nueva?
- Hay un hito en 1995 donde ocurren varias cosas en materia de justicia. Tras las críticas y los males de la justicia que ya se venían señalando, se inicia el proceso de la reforma procesal penal que finaliza en 2005. Diez años para llegar a instalar en todo el país un sistema que modificó sustancialmente la justicia penal. ¿Conclusión? Las reformas al sistema de justicia requieren necesariamente el concurso del tiempo, para que sean verdaderas reformas y no cambios cosméticos y es muy importante sobre todo, pensando en la reforma que se está dando actualmente en el proceso civil. Hubo un acuerdo político, que es fundamental, todos apoyaron la reforma, hubo apoyo académico, internacional y la decisión política lleva a tener los recursos. Esa reforma dejó muchas lecciones para las que vienen. Quizás si alguna autocrítica pudiera hacerse es que no se realizó, a cabalidad, el proceso de difusión a la ciudadanía, para que la gente entendiera.
- ¿Cuánto puede haber influido en esta actual desconfianza, las expectativas generadas en torno a acabar con la delincuencia?
- El tema de la delincuencia es consustancial al ser humano, desde Caín y Abel por poner algún hito, los seres humanos se matan, se roba, se viola; lo mismo pasa con la corrupción. Cuando vienen las campañas electorales, no sólo en Chile y no sólo este gobierno, la delincuencia es siempre un tema. “Se le acabo la fiesta a los delincuentes” lo estoy viendo, se ofrece el oro y el moro, eliminar la delincuencia; eso es parte de la política y da votos, crea promesas imposibles de cumplir porque este fenómeno de la delincuencia es multicausal. Cuando un gobierno dice vamos a acabar con la delincuencia se encuentra con que el problema es bastante mas serio y mas profundo de lo que se dice en el ámbito político y que da votos. En ese contexto, la ley es un elemento necesario pero absolutamente insuficiente. Le atribuimos a las leyes efectos que muchas veces no tienen, como en el caso de la delincuencia. Hay una tendencia en el mundo político a criminalizar ciertas conductas, a elevar las penas y eso no es suficiente para un problema tan complejo como la delincuencia. La meta seria es reducir los índices de delincuencia en el país, siempre con prudencia y moderación en el discurso.
- ¿También se debería tener esa prudencia en la relación entre poderes del Estado?
- Cada Poder cumple un rol, creo que entender cual es el rol de cada uno y la suma de esos roles, aportan a una visión de país, de Estado, porque los gobiernos pasan y muy rápido. Está el Ejecutivo, con las policías, los fiscales; el Legislativo y las leyes que se dictan en el Congreso, que son buenas, regulares y malas. Ahí cabe destacar que los ministros de la Corte Suprema no reprochan las leyes que dictan los parlamentarios y que, en ocasiones, dificultan el trabajo de hacer justicia. No se hace, no esta en el ADN de los jueces. No se pone atención en la importancia del rol de los jueces que es resolver conflictos humanos, individuales y colectivos. Si se pusiera suficiente atención no se estaría criticando con tanta fuerza el quehacer de los jueces, porque en todo conflicto humano hay posiciones distintas y cuando el juez falla, siempre hay alguien disconforme. Hay que ponderar suficientemente la función de los jueces que es vital en una democracia constitucional.
- ¿El Poder Ejecutivo entonces, de ninguna forma puede comentar un fallo judicial?
- Comentar es una cosa, intromisión en una función es otra.
- ¿Eso ocurrió tras el fallo Castilla?
- Este es un caso límite e inédito. Límite por cuanto un ministro de Estado dice que los jueces han emitido su decisión con desconocimiento de la materia, en ese sentido, está en la frontera de lo que es intromisión más allá de un comentario. Ademas, es inédito porque un ministro de Estado dice que se falla con ignorancia y por otro lado, la Corte Suprema reacciona también en forma inédita; no es habitual que el pleno de la Corte Suprema haga declaraciones como las que hizo.
- ¿Esta situación inédita, es negativa?
- En términos generales es negativa, porque las relaciones entre los poderes del Estado deben ser armoniosas, y más allá de si esto tiene repercusiones jurídicas, acusaciones constitucionales, creo que no es sano. La situación es delicada, no es lo mismo que lo diga un ministro de Estado que hable un ciudadano común, porque la difusión de un mensaje sobre un fallo con “desconocimiento de la materia”, podría incentivar a la ciudadanía a que cuando le fallan adverso, como es con desconocimiento, incumplo el fallo; existe ese riesgo. Como abogado integrante de la Corte Suprema puedo decir que las materias sobre las que se fallan en la Corte, son de las mas variadas.
- No obstante, ¿corresponde que los jueces consideren en su decisión un problema adicional, como por ejemplo, una eventual “crisis energética”?
- Ese es un tema de apreciación política. Personalmente, no sé si podría decir que estamos en una situación de crisis, pero cuando se llevan a los tribunales estos temas vía recursos de protección, apunta a que el ciudadano pueda protegerse frente al poder del gobierno u otro, ante la amenaza de sus derechos básicos. Si se dice que resuelven sin competencia se está deslegitimando la institucionalidad y hoy lo que se requiere es reforzar la institucionalidad.
- ¿La creación de tribunales especiales como los ambientales, podrían ayudar a resolver este tipo de cuestionamientos?
- La función de los jueces es resolver conflictos humanos pero hay que ponderar lo vital y sensible de esa función que no tiene ni el poder Ejecutivo ni el Legislativo. El Fiscal Económico señala respecto del Tribunal de la Libre Competencia que sería bueno que la Corte Suprema revisara por la vía del recurso de reclamación, las resoluciones muy especializadas en esta materia. La especialización es buena en la medida que tengan esa revisión final de la Corte Suprema.
Acusación Constitucional
- Tras esta polémica ¿corresponde una Acusación Constitucional contra la ministra Benítez?
- No es ese tema el importante; creo que la ministra no tuvo mala intención pero si que le faltó alguna asesoría legal, hay que ser prudente en lo que se dice, sobre todo, si no se es abogado.
- ¿Tiene alguna incidencia en este caso, la señal que dio el gobierno en la suspensión del proyecto Barrancones?
- Es muy buen ejemplo porque eso va en la línea de la importancia de la justicia y de los jueces en estos temas. Si en ese episodio ocurrió lo que se dice que ocurrió, la empresa debió acudir a tribunales y haber interpuesto los recursos correspondientes, porque ahí está la protección cuando hay un abuso de poder, una arbitrariedad y una ilegalidad.
Certeza jurídica
- De cualquier forma, ¿habrá algo que, a su juicio, se puede mejorar en la administración de justicia?
- Cuando un inversionista extranjero va a poner sus capitales en Chile analiza varios aspectos y uno de ellos es como juega el Estado de Derecho, la certeza jurídica y las estadísticas indican que sigue aumentando la inversión extranjera en Chile. Supongo entonces que esos inversionistas han evaluado el funcionamiento de la institucionalidad jurídica y supongo que la apreciación es positiva si siguen poniendo sus capitales aquí. Pareciera que hay una visión macro de que hay un Estado de Derecho que funciona, y que puede perfeccionarse, sin duda. Es importante decir que lo he visto, los jueces son probos, nadie discute las excepciones, pero hay un alto grado de profesionalismo, especialización creciente, son profesionales abnegados y no estoy haciendo defensas corporativas porque no me corresponde.
- Pero los jueces son humanos, también pueden equivocarse...
- ¡Pero por supuesto! Pero los errores en el Poder Judicial se corrigen a través de los recursos judiciales por los tribunales superiores de justicia, llegando hasta la Corte Suprema.
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