Hacía calor ese día en Papudo. Aunque ya era 26 de abril el sol pegaba fuerte en el patio del Liceo Politécnico. Eran más de las 12 cuando Terry Murrell, el presidente del Western Iowa Tech Community College (WITCC) se presentó en el colegio público de la región de Valparaíso.
"Buenas tardes", dijo en español y pidió disculpas por andar así vestido: "Nos bajamos del avión y tomamos un auto de inmediato para estar con ustedes", tradujo una alumna del colegio a sus compañeros que estaban ahí congregados para conocer esa oferta de dos años de perfeccionamiento gratis en Estados Unidos de la que tanto se hablaba en el pueblo. Y que ahora analiza la justicia norteamericana.
Lo que ese 26 de abril de 2019 se asomaba como una oportunidad única, alentada desde la propia Municipalidad de Papudo, terminó por convertirse en una pesadilla larga y profunda. La demanda que el 25 de noviembre pasado ingresaron a un tribunal de Iowa ocho ex alumnos del Politécnico de Papudo acusa al WITCC de haberlos llevado a ese estado norteamericano a trabajar engañados. Denunciaron un "esquema organizado" de explotación laboral.
Los relatos coinciden en que los estudiantes habrían sido obligados a desempeñar labores en procesadoras de carnes, les retuvieron sus sueldos y fueron amenazados con la deportación cada vez que reclamaron.
En la demanda, incluso una de las jóvenes aseguró haber estado tan desesperada que llamó a una línea telefónica de atención gratuita para personas indocumentadas y vulnerables. Ese registro es hoy una de las pruebas del caso.
La querella apunta también a una empresa de gestión de personal que actuaba como enganchadora de mano de obra y dos fábricas donde los jóvenes habrían sido llevados obligados. La acción legal es de Parrish Kruidenier, un bufete de Iowa conocido por litigar en casos de derechos civiles de alta repercusión.
"En nuestro campus ustedes podrán estudiar y trabajar a la vez", fue la promesa que Murrell hizo esa tarde de abril de 2019 en el patio del liceo de Papudo. Vestía una chaqueta deportiva, pantalón de tela gris y zapatos café. Lo acompañaban Juline Albert, directora de enseñanza de WITCC y la encargada de Asuntos Estudiantiles Lily Castro. Contra ambas también está dirigida la querella.
El profesorado y las autoridades locales lucían vestimentas formales. Durante la presentación de las becas hubo un pie de cueca, actuó el orfeón juvenil y se dijeron varios discursos sobre el próspero futuro que se les avecinaba a los jóvenes. El director del colegio, Cristian San Martín, destacó que la iniciativa era única en Chile. "Y se ha extendido también a otros jóvenes de la provincia de Petorca", añadió con orgullo. Él y otros tres profesionales del municipio son mencionados también en la demanda que se tramita en Iowa.
Los estudiantes solicitan llegar a juicio y ser compensados por los daños que habrían sufrido. No hay una cantidad especificada como indemnización.
"Levante esa caja"
Varias convocatorias a través de redes sociales son citadas por los jóvenes chilenos como pruebas de que se les ofreció viajar gratis, no pagar por alojamiento ni comida y además elegir entre dos cursos: Robótica, y Arte Culinaria y Gastronomía.
En la querella todos coinciden en algo que les llamó profundamente la atención cuando postularon en Chile: a hombres y mujeres les pidieron sin explicación alguna levantar cajas de entre 25 y 40 kilos. Pensaron que sería por el equipamiento que mostraban los videos del WITCC. Meses después, estando en las fábricas entenderían por qué eso era un requisito tan importante.
En junio del año pasado, dos meses antes de partir, a los jóvenes se les informó que el programa había sido modificado para cumplir con los requisitos del Departamento de Educación de Estados Unidos. Pero poco les importó. Muchos nunca habían salido de Chile y el programa además de gratuito consideraba nivelación en inglés.
Llenos de planes y sueños, el 21 de agosto del año pasado volaron a Sioux City junto a tres profesores, "para que puedan constatar en terreno que nuestros jóvenes se encuentren en las mejores condiciones para que inicien esta hermosa etapa académica en Norteamérica", puntualizó ese día a través de sus redes sociales la alcaldesa de Papudo, Rosita Prieto.
Según consta en las actas del Concejo Municipal de Papudo, para ello se gastaron más de $ 6 millones.
El 26 de abril de 2019 se firmó un convenio a cinco años entre el municipio de Papudo y el Western Iowa Tech Comunnity College (WITCC). Hoy todo eso está en veremos. "Este convenio ha beneficiado a 30 jóvenes y se ha financiado en cuanto a pasajes, estadías en EE.UU, como también la colegiatura y los trámites necesarios para el ingreso al país, por parte de WITCC. La Municipalidad aportó con el trasporte de los jóvenes a entrevistas a Santiago, los traslados a aeropuerto y otros servicios para el viaje" respondió el director del departamento de educación comunal, Jorge Arcos.
Ni robótica ni artes culinarias
"Karla (Norambuena) fue asignada a trabajar en Royal Canin. Mientras estaba allí, se quejó que el trabajo que realizaba no correspondía al campo de la robótica. Estaba a cargo de la línea de producción. También se le indicó que empacara y moviera cajas con latas de comida para perros y gatos", se lee en la demanda.
En marzo, la mujer no pudo más y aconsejada por un compañero de la fábrica llamó a la línea gratuita de Iowa Legal Aid, que le asignó a la abogada Lauren Camp. Después, ella misma decidió acudir a Parrishlaw.
Su narración es similar a la de los demás jóvenes. Todos coinciden en sus relatos que WITCC los amenazó con que tendrían que pagar si dejaban los trabajos asignados por J&L Staffing. "Los demandantes no recibieron matrícula, alojamiento ni comida gratis. Tampoco participaron en pasantías en relación con sus campos de estudio. A los demandantes no se les ofreció un programa de grado de dos años en artes culinarias o robótica", indica varias veces la querella que apunta a delitos de trata de personas, trabajo forzoso, servidumbre por deudas, crimen organizado, conspiración, fraude, incumplimiento de contrato e infligir intencionalmente angustia emocional.
Según los abogados de los estudiantes, ya en tierras norteamericanas, los chilenos supieron que el programa de dos años se reducía a uno en "Servicios de alimentos" y "Técnico electromecánico", dos formaciones a las que no habían postulado.
Departamento de Estado
El caso comenzó a destaparse a fines del año pasado, cuando un grupo de estudiantes brasileños denunció situaciones similares. Varios se fueron de Iowa apenas pudieron en noviembre, pero los demás permanecieron bajo la promesa de mejoras que nunca llegaron. Y el 13 de marzo de este año, WITCC les canceló las visas y le exigió que volvieran a sus casas.
Pero antes de eso, los brasileños y algunos chilenos fueron a los medios de comunicación local y consiguieron la ayuda de organizaciones religiosas. Murrel pidió disculpas públicamente, dio a entender que la administración del programa se les había ido de las manos y anunció que producto de la pandemia de coronavirus los alumnos volverían a sus países.
Pero según la demanda de los chilenos, el programa se terminó solo para poder sacarlos del país y poner fin a una investigación que tras las primeras denuncias había iniciado el Departamento de Estado. Decidieron quedarse en Estados Unidos y contrataron también a abogados expertos en inmigración.
Monitoreo en Papudo
Pese a la gravedad del caso, hasta ahora en Papudo muchos jóvenes no quieren hablar del tema. Reconocen que sí fueron enviados a trabajar a lugares que no estaban contemplados, pero varios también están a la espera de lo que suceda.
Jorge Arcos, director del departamento de Educación Municipal dijo que "si bien como municipio no somos parte de la denuncia, sí nos mantendremos en seguimiento de esta situación por medio de nuestro departamento jurídico, para corroborar los antecedentes".
Añadió que "sin restarle importancia a lo anterior, también este programa ha dejado a muchos jóvenes que fueron parte del programa una experiencia exitosa y de mucha proyección".
Arcos explicó que el convenio se hizo impulsado por el profesor de inglés del Politécnico, Carlos Espinoza, quién mantenía una cercanía con la funcionaria directiva del WITCC Lily Castro, una chilena que reside hace más de 40 años en ese país y contra quien también se querellaron los jóvenes en la demanda contra WITCC.
"Es ella la que ofrece esta oportunidad de colaboración para que alumnos de Papudo tengan una oportunidad de estudiar y a la vez trabajar en Estados Unidos en la ciudad de Sioux City y en ese intertanto realiza las gestiones para generar el convenio de cooperación entre ambas instituciones el que es firmado el 26 de abril del 2019", explica.
Arcos, la coordinadora local del programa, Soledad Rojas, el profesor Espinoza y hasta el director del Liceo, Cristian San Martín fueron mencionados en la querella de los estudiantes como quienes facilitaron su viaje a Estados Unidos.
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