Con el pie en el acelerador estuvo los últimos meses el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para llegar con la publicación de las metas de recolección y revalorización de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos y las obligaciones asociadas, que establece la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), antes del cambio de mando de mañana viernes.
En el grueso, el Anteproyecto del Decreto Supremo que se publicó hoy en el Diario Oficial, propone metas de recolección y valorización de residuos de 3% desde el primer año hasta llegar a 45% al año 10 y una serie de obligaciones para los importadores y comercializadores.
Con este paso, se inicia en forma automática el proceso de consulta ciudadana, el que, de acuerdo a la ley, se extiende por 30 días hábiles hasta el 22 de abril de 2022.
La Ley REP establece seis productos prioritarios: Envases y embalajes; Neumáticos, Aceites y Lubricantes; Pilas y AEE, y Baterías, los que están distinto grado de avance.
El jefe de la Oficina de Economía Circular del MMA, Guillermo González, explica que el anteproyecto de pilas y AEE es el cuarto y reúne a dos productos. Envases y Embalajes, y Neumáticos, ya cuentan con decretos supremos publicados y están en camino de crear los sistemas de gestión que les permitirán cumplir con las metas que entran en vigencia en 2023.
En tanto, Aceites y Lubricantes tiene un anteproyecto y consulta pública finalizada, pero aún falta que pase por el consejo de ministros. Por lo mismo, sólo queda pendiente el anteproyecto de Baterías para el próximo Gobierno.
Guillermo González, jefe de la oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente.
"Ya hicimos el traspaso de temas a las nuevas autoridades, entre ellos, la Ley REP. Este es un proyecto de continuidad, que partió como idea en Bachelet I, ingresó como proyecto de ley en Piñera I, fue aprobado en Bachelet II, se inició la reglamentación en Piñera II y al gobierno de Boric le va a tocar continuar con ese camino. Ha sido totalmente una política de Estado", afirma González.
Para elaborar las metas y de acuerdo al proceso establecido, crearon el Comité Operativo Ampliado, donde participaron "todos los actores clave vinculados con la materia", como productores, recicladores, los organismos públicos relacionados y representantes de la academia y de la sociedad civil.
"Sesionamos seis veces donde revisamos cada una de las aristas del decreto supremo y recibimos sus insumos. Fueron instancias muy provechosas que nos permitieron abrir los ojos respecto de varios temas, porque son ellos los que conocen mejor la industria", comenta González.
Dos productos prioritarios
En el detalle, el anteproyecto regula, por una parte, pilas grandes -mayores a 5 kilos- y pequeñas.
Tambien regula todos los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) que funcionan con corriente, divididos en grandes y pequeños inferiores a 50 centímetros, como un pendrive. Los AEE de mayor tamaño se dividen a su vez en aparatos de intercambio de temperatura -aires acondicionados y frigoríficos-, paneles fotovoltaicos y un tercer grupo como TV, computadores, refrigeradores, lavadoras, lavavajilla y tostadoras.
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González explica que a diferencia de otras experiencias en que la regulación solo se aplica a cierto tipo de AEE, se decidió que abarcara a "todos los aparatos eléctricos y electrónicos, porque no vemos por qué se tendría que reciclar, por ejemplo, un celular y no una tablet, cubre todo el espectro", afirma.
También prohíbe la importación de pilas de cualquier tamaño que contengan un 0,1% de mercurio y un 0,01% de cadmio en el caso de las pequeñas. Si bien hoy la mayoría no son peligrosas, todavía existen algunas que contienen metales pesados.
"Es la misma exigencia que tiene la Unión Europea, de manera que las empresas nos envíen las mismas pilas que a la UE y no las que mandan al tercer mundo. Todavía hay pilas doble A que tienen mercurio y el cadmio normalmente se da en las pilas de botón", señala González.
Las obligaciones
El anteproyecto también obliga a los comercializadores de pilas y AEE a contar del tercer año calendario de entrada en vigencia del decreto, a recibir "sin costo para los consumidores" pilas y AEE en desuso, por ejemplo, una juguera o una tostadora, en igual cantidad a los nuevos que haya adquirido en el mismo establecimiento, es decir, sólo quedan excluidos los vendedores de pilas que no comercialicen AEE.
En el caso de los aparatos grandes, los comercializadores estarán obligados a retirar "sin costo" para el consumidor -si este lo requiere- una cantidad de aparatos grandes equivalente a los nuevos adquiridos, por ejemplo, si el consumidor adquiere un refrigerador o una lavadora en un retail, este último, o el sistema de gestión al que esté adherido, deberá llevarse el aparato en desuso si el cliente lo solicita, hoy el costo es para el cliente.
Respecto de potenciales alzas de precios en los productos debido a la nueva obligación, González dice que esto "ya fue socializado en el comité operativo" y argumenta que la recolección les permitirá cumplir con la meta en toneladas que establece la ley.
Añade que la preocupación por los precios ha estado presente en todos los decretos, y que si bien "podría tener un pequeño impacto", dice que los beneficios son superiores. "En el análisis que realizamos, los beneficios son un 20% más que los costos, por lo tanto", afirma.
También en materia de obligaciones, los establecimientos que vendan pilas y que cuenten con tres o más cajas habilitadas para recibir pagos, deberán habilitar un espacio dentro o adyacente, para recibir residuos de pilas, aun cuando el consumidor no la haya adquirido en ese local.
Los sistemas de gestión
La Ley REP establece la instalación de sistemas de gestión colectivos -de al menos 20 asociados- para administrar la recolección y valorización de los residuos de los productos prioritarios de cualquier marca, "porque es muy difícil instalar un sistema para cada una".
Estos grandes sistemas de gestión colectiva, conocidos como Gransic, estarán obligados a recolectar los residuos de pilas y AEE de las marcas de sus empresas socias.
González señala que, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) en el marco de un Acuerdo de Producción Limpia (APL), ya desarrolló las bases de un sistema de gestión colectivo para estos productos prioritarios y "pueden haber más", dice.
Los Gransic deberán implementar y operar instalaciones para la recepción y almacenamiento de pilas y AEE en cada una de las capitales regionales y comunas en forma gradual. El primer año, para poblaciones sobre 500 mil, el segundo, arriba de 250 mil y en todas las capitales regionales, y el tercer año, en todas las comunas con más de 150 mil personas.
También establece plazos para la recolección de pilas y AEE en los domicilios "al menos dos veces al año". El primer año debe cubrir el 10% de las viviendas, hasta llegar al quinto año con una cobertura de 80% de las viviendas del país.
González explica que los consumidores tendrán tres opciones para reciclar sus AEE en desuso: esperar que la tienda donde compró el nuevo retire el antiguo; llevarlo hasta un punto limpio, o entregarlo al camión del sistema de gestión colectiva que pasará dos veces al año. "El objetivo es facilitar a los consumidores que los productos en desuso lleguen a la cadena de reciclaje y a la economía circular".
En este contexto, señala que si bien hoy solo hay "algunos puntos que reciben residuos eléctricos y electrónicos, la idea es tener una red a lo largo de todo el país".
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