Las medidas que se pueden tomar para terminar con la ropa usada en el desierto chileno

Un par de semanas atrás, las imágenes de cerros de ropa acumulada en el desierto de Atacama dieron la vuelta al mundo: son 39 mil toneladas de ropa desechada en vertederos de Iquique y Alto Hospicio durante 15 años.

Hoy la Seremi de Medio Ambiente de Tarapacá está esperando la respuesta a su Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por $ 3 mil millones para la erradicación de 139 microbasurales emplazados en la zona, que también incluyen residuos de construcción y neumáticos. Sin embargo, se sigue contabilizando la entrada de 5 mil toneladas de ropa usada -según datos de Aduanas de 2019- por parte de 35 importadores, una situación que se podría modificar con el decreto que regula la zona franca.

El director regional de la Aduana de Iquique, Cristian Molina, cuenta por escrito a DF que la ropa usada “no está prohibida y es transable como mercancía de lícito comercio en la Zona Franca de Iquique”.

Por lo mismo, la única forma de control que tendría el Servicio de Aduanas para intervenir y detener el ingreso de contenedores de ropa que provienen principalmente de Estados Unidos y Europa, sería a través de la modificación de “algunos cuerpos normativos, a fin de sacar la ropa usada del contexto de mercancías de lícito comercio y declararla como prohibida”.

Jorge Canals, abogado y socio líder del área Medio Ambiente y Regulación de Moraga y Cía, explica que los desechos de ropa usada están en un “vacío ambiental” en cuanto a los descartes de ropa, ya que la Zona Franca está regida por su propia ley y no tiene reglamentación específica para eso.

Molina señala que la Zofri es regulada por el Decreto de Fuerza de Ley Nº341 del Ministerio de Hacienda y la Ley Nº 18.846 autoriza que en estos lugares las mercancías puedan ser depositadas, transformadas, terminadas o comercializadas, sin restricción.

Además, las mercancías que ingresan a la Zona Franca de Iquique (Zofri) pueden ser de toda clase, “a excepción de aquellas que atenten contra la moral, las buenas costumbres, la salud, la sanidad vegetal o animal, o la seguridad nacional”, explica Molina.

Canals señala que el Ejecutivo podría, “eventualmente” modificar el decreto vigente para prohibir el ingreso de contenedores de ropa usada. “Eventualmente se podría prohibir, porque si se constata que el ingreso de esta mercancía está implicando un riesgo importante para la salud de la población por su disposición ilegal, podría discutirse esto para restringir el ingreso”, señala el abogado.

Medidas desde Medio Ambiente

En septiembre de este año, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) anunció que están realizando estudios para la incorporación de los textiles como productos prioritarios en la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), para su recolección, reutilización, reciclaje y revalorización por parte de productores y comercializadores.

Antes, en 2018, la Seremi de Tarapacá convocó a una mesa de trabajo para abordar el problema de los microbasurales en Iquique y Alto Hospicio y los residuos textiles de las importaciones de la zona franca. En la instancia, participan el director regional de Aduanas, la Zofri, la Seremi de Salud, la Seremi de Transporte y los municipios de Iquique y Alto Hospicio.

El objetivo de la mesa era abordar la situación en tres ejes: desde su origen y generación, acciones de fiscalización y acciones de eliminación y/o reutilización de los residuos de los microbasurales.

La mesa determinó el volumen de desechos textiles que ingresaron entre 2012 y 2019, donde “el peak de ingreso fue en 2015 con más de 72 mil toneladas y ese año se vendieron aproximadamente un poquito más de la mitad, lo que indica que el restante probablemente fue a parar a microbasurales”, explica Moyra Rojas, Seremi de Medio Ambiente de Tarapacá.

Para abordar el problema, espera el resultado de la postulación al FNDR por $ 3 mil millones, recursos que permitirían implementar un proyecto para erradicar los microbasurales, priorizando aquellos que estén más cerca de la población.

Rojas comenta que el proyecto contempla un sistema de televigilancia mediante cámaras y el cierre perimetral de los sitios para que no vuelvan a generarse microbasurales.

“También considera la recuperación o la reinserción de los sitios que vamos a erradicar a través de áreas verdes, huertos comunitarios, recuperar esos sitios para la población”, afirma la Seremi.

Si el gobierno regional aprueba los recursos, el plan podría partir en 2022 y las labores se realizarían en un plazo de 20 meses. “La propuesta es tener todo saneado en dos años”, comenta Rojas.

Respecto del destino de los desechos textiles, señala que el programa considera campañas para disponer de los residuos para los usuarios de la zona franca y un trabajo en conjunto con Ecofibra, una empresa local que reutiliza los residuos textiles para elaborar paneles de aislación térmica.