Gran interés está concitando la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, particularmente por la revisión de indicaciones relacionadas con la protección del medio ambiente, las que, según algunos expertos, podrían "subir los estándares de la actividad productiva" o bien son "tienen un impacto inmenso en el desarrollo del país".
La comisión, que comenzó a sesionar el 18 de octubre de 2021, inició las votaciones el 20 de enero pasado y hasta el 8 de febrero ha aprobado en general alrededor de 15 iniciativas en materia de medio ambiente y protección de la naturaleza. En algunos casos, se votó por separado el articulado.
De acuerdo al cronograma, las normas aprobadas quedan abiertas para recibir indicaciones y la próxima semana se estima que comienza su votación en particular.
La comisión está conformada por 19 constituyentes, y las votaciones hasta ahora han mantenido la tónica -salvo algunas excepciones- con 14/15 constituyentes que aprueban y cuatro que votan en contra o se abstienen.
Rodrigo Álvarez, constituyente de Vamos por Chile, junto a Bernardo Fontaine, Roberto Vega y Pablo Toloza, ha votado en contra de la mayoría de las iniciativas.
Álvarez, exministro de Energía de Piñera, considera que un grupo de estas iniciativas no son materia de constitución y son más propias del código penal o materia legal, mientras que otro grupo "son muy malas para Chile" desde el punto de vista económico, jurídico e internacional.
"Una gran crítica que le puedo hacer a la comisión que integro, es que (sus integrantes) no se dan cuenta del inmenso impacto que la mayor parte de las normas declaran tiene en la actividad productiva, en el desarrollo y crecimiento de Chile".
Las iniciativas
Hoy martes se aprobó en general, la iniciativa que regula el "Daño ambiental, justicia ambiental y reparación de las zonas de sacrificio", por 14 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, en la cual se propone que "los delitos que causen daño al medio ambiente, serán siempre imprescriptibles".
Álvarez, que votó en contra, afirma que "es una norma propia del código penal y no una característica central dentro de una Constitución".
También se aprobó en general con 15 votos a favor y cuatro en contra, la iniciativa que "Reconoce a la semilla como patrimonio cultural vivo en incorpora la figura del defensor de la naturaleza". En este caso, parte del articulado se votó por separado.
El martes 25 de enero se aprobó la iniciativa "Sobre protección del bosque nativo", con 15 votos a favor, y tres abstenciones y también se aprobó una norma transitoria que fue revisada por separado.
Para Jorge Canals, abogado, socio líder de Medio Ambiente y Regulación de Moraga y Cía y ex exsubsecretario de Medio Ambiente de la administración Bachelet, dice que esta norma significaría "mayores estándares de protección". "Hay que ver si se traduce en leyes específicas o en un tipo de garantía constitucional", dice.
El 7 de febrero pasado se aprobó la norma que "consagra los derechos de la naturaleza y reconoce a esta la condición de sujeto de derecho".
Canals señala que esta puede implicar "el aumento de los estándares en las normativas que aprueban un proyecto de actividades privadas por la prevención de los impactos que puede generar y también respecto a las obligaciones que van a tener los proyectos para establecer medidas de recuperación de los espacios".
Álvarez apunta, en tanto, a que no es jurídicamente correcto que la naturaleza sea sujeto de derecho y que "la mejor forma de proteger el medio ambiente y la naturaleza es aumentando los deberes que tienen las comunidades, el Estado y las personas con la naturaleza, por lo tanto, generando un mayor estatuto de obligaciones".
Durante febrero se aprobó la iniciativa que "Establece el estatuto constitucional de los bienes naturales estratégicos".
Canals sostiene hay "ver cómo se operativiza en la práctica", porque, en minería son contratos adjudicados y derechos adquiridos. "Hay que ver cómo se van a ponderar y que está pensando el constituyente en esto, qué es lo que quiere, que esos bienes queden fuera de cualquier tipo de protección o quieren que solamente sean de protección exclusiva del Estado a través de empresas estatales", señala.
Respecto de la la norma aprobada que "regula el derecho a un medio ambiente sano y desarrollo sostenible", el abogado señala que va a significar un "aumento del estándar de la protección" frente al derecho actual al medio ambiente libre de contaminación, ya que este se ha interpretado de acuerdo a los contaminantes que se encuentran normados y muchos de ellos no están normados", alerta.
Explica que la norma de un derecho al medio ambiente sano va a implicar que la connotación que le dan los tribunales al tiempo de cautelar esa garantía también sea "mucho más exigentes" y que vayan a ponderar otros complementos.
"Eso va a significar que, si hay un particular o un grupo de personas que cree que este derecho se ve afectado, puede implicar que la actividad productiva que estaba tenga que terminar", dice.
La iniciativa aprobada "Construcción en armonía con la vida", que propone un desarrollo de la industria de la construcción de manera sustentable, contó con la abstención de Álvarez, ya que no comparte que esté regulado en la estructura constitucional. "Los elementos de la adecuada construcción tienen que ser fijados por el Estado, pero por las leyes, son el tipo de normas que no deberían estar en la Constitución, sino que en las adecuadas leyes o en los códigos", afirma.
También se aprobó en general la iniciativa que "Consagra el estatuto constitucional del agua".
Acerca de esta normativa, Canals sostiene que tendrá un "impacto mayor", ya que se podría privilegiar el consumo humano por sobre el productivo, tanto por estatuto constitucional como por decisión de tribunales. "Por ejemplo, en la zona central un lugar como Petorca, donde hay un uso agroindustrial, ahí eventualmente significa una retribución de derechos de aprovechamiento e incluso, me imagino la prohibición de ciertas actividades privadas para privilegiar el consumo", explica.
En tanto, el constituyente Álvarez, que votó en contra, señala que el principal problema es la caducidad de los derechos de agua, que serían reemplazados por permisos revocables.
"En segundo lugar, se agrega que esos permisos son para ciertas actividades y, por ejemplo, no incluye la actividad de generación eléctrica, hay que pensar que en 2020 el 26% de nuestra generación eléctrica fue hidroeléctrica. Por lo tanto, una norma que no permite que haya derechos y que no haya permisos me parece absolutamente equivocada", afirma.
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