Convención: Pleno rechaza propuestas sobre derecho de propiedad, libertad de emprender y regulación de expropiación

El Pleno de la Convención Constitucional rechazó en general una serie de propuestas de normas relativas al establecimiento de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de emprender, el derecho de propiedad y su forma de financiamiento, que habían sido objeto de diversas críticas durante el debate previo entre los convencionales.

Las normas ahora deberán volver a la comisión para reformular los artículos y buscar en una segunda oportunidad lograr los 103 votos favorables para ser aprobados.

En cuanto al derecho de propiedad la norma rechazada establecía que "los títulos administrativos que habiliten la prestación de servicios públicos o de interés general o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes comunes no quedarán amparados por este derecho y se someterán al estatuto que defina la ley, la cual deberá cautelar el interés social y el equilibrio ecológico".

Sobre la libertad de emprender, el texto que deberá ser reformulado planteaba, entre otros aspectos, que "la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas implica también reconocer las formas y prácticas productivas que desarrollen los pueblos y naciones indígenas de acuerdo a su propio modo de entender el desarrollo, considerando sus prioridades y necesidades. Sin perjuicio de lo anterior, el ejercicio de esta libertad siempre deberá respetar, proteger y salvaguardar la identidad cultural de dichos pueblos".

Entre los artículos rechazados también se cuenta el sobre el financiamiento, que señalaba que "el Estado y sus órganos garantizan que el presupuesto público destinará el máximo de recursos disponibles para asegurar la satisfacción universal de los derechos fundamentales".

Otro texto que no pasó la barrera de los 2/3 en general es el sobre titularidad de los derechos, donde se señala que "las personas naturales son titulares de derechos fundamentales. Los derechos podrán ser ejercidos y exigidos individual o colectivamente", consagraba que "la naturaleza será titular de los derechos que le sean aplicables y los que reconozca la Constitución y las leyes", pero precisaba que "las personas jurídicas sólo serán titulares de los derechos que la Constitución consagre expresamente."

Los convencionales tampoco respaldaron otra norma polémica que regulaba las expropiaciones, la que señalaba que "nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por una causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. La ley determinará también el justo monto del pago, su forma y oportunidad; y deberá considerar tanto el interés público como el del titular".

El texto relativo al derecho a la libertad de expresión", logró solo 25 votos y 121 en contra, por lo que también deberá ser reformulado. En algunos aspectos indicaba que "los medios de comunicación tienen la responsabilidad social de contribuir y asegurar la pluralidad de opiniones e informaciones. Para ello, el Estado deberá adoptar medidas que contribuyan y aseguren la pluralidad de voces y opiniones, sin que pueda intervenir sobre dichos medios de comunicación".

También se rechazó el artículo que prohibía por ley "la negación o justificación de las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos" y mandataba al Estado a que "velará y promoverá la presencia de la diversidad cultural indígena en los medios de comunicación públicos y privados, en sus respectivas lenguas. Asimismo, adoptará medidas eficaces para garantizar el establecimiento de medios de comunicación indígenas propios".

Intenso debate
El convencional Bernardo Fontaine (Vamos por Chile) señaló en el debate que "la comisión está proponiendo que no exista un criterio concreto para fijar la indemnización en caso de expropiación. El mismo gobierno o Congreso fijará los montos, los políticos serán juez y parte." Y agregó que "Chile sufrió traumáticos y masivos procesos expropiatorios sin pagar indemnizaciones efectivas", por lo que valoró que los artículos vuelven a reformulación.

Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo) advirtió que "es necesario establecer la capacidad real de financiamiento de los derechos para garantizar su progresividad, pero siempre con respeto a la capacidad financiera o responsabilidad fiscal, porque podemos tener derechos redactados y que no sea posible materializarlos".

Sin embargo, Marcos Barraza (PC) indicó que "si queremos garantizar los derechos sociales debemos financiarlos y por ello es clave tener soberanía sobre los bienes públicos estratégicos", defendiendo la posibilidad de estatizar algunos bienes naturales.

Para Beatriz Sánchez (FA) respecto a la libertad de expresión indicó que "hay que garantizar la diversidad y la pluralidad que el país tiene y eso es también hacerse cargo de la concentración de los medios y no mirar hacia el lado. Eso no significa nunca ni censura o tratar de regular los contenidos, se trata de que exista pluralidad", valorando que artículo vuelva a comisión para mejorarse.