El 18 de octubre de 2019 marcó un hito en la vida de Alihuen Antileo. Desde ese día el abogado y académico mapuche ha estado haciendo seguimiento y ha participado activamente en la búsqueda de una nueva Constitución, que por fin consagre y reconozca los derechos de los pueblos indígenas.
Este objetivo lo llevó a postularse como consejero constitucional, y con 160.716 votos, el hombre de 58 años se consagró como el único representante de los pueblos indígenas dentro del consejo. Desde 1991 Antileo ha estado participando activamente en el movimiento mapuche, por lo que enfatiza que está absolutamente capacitado para ser parte de la mesa de conversación.
Como consejero, el vocero y presidente de Plataforma Política Mapuche (PPM) pretende conversar y dialogar con todos los sectores que van a conformar el Consejo Constitucional, para poder llegar al 17 de diciembre con una nueva Carta Magna que represente a la mayoría del país. "Mis votantes son de izquierda y de derecha. Acá no buscamos algo político, buscamos algo para toda la ciudadanía de Chile".
“Los pueblos indígenas hemos sido los más afectados por la actividad empresarial, pero no por eso estamos en contra”.
“El tema de la propiedad debería ser complementado con reconocimiento de la propiedad colectiva y de los pueblos indígenas respecto de tierras y territorio”.
- ¿Cómo llega usted al Consejo siendo el único representante de los pueblos indígenas?
- Desde el punto de vista técnico bastante tranquilo, porque conozco en gran medida la demanda de nuestros pueblos indígenas y esto ayuda bastante. Advierto que no soy un representante directo de todos los pueblos del país, por lo que tengo que estudiar sus demandas. Cada uno tiene una particularidad. Ante el consejo llego sin ningún prejuicio y ninguna predisposición. Nosotros vamos a representar al conjunto de la sociedad. Tenemos que tener un trato dialogante y constructivo, tenemos que ser capaces de escuchar las propuestas de todos los sectores para votar en conciencia.
- ¿Cuáles son los cambios fundamentales que espera ver en esta nueva Constitución?
- El más fundamental es mejorar y viabilizar los derechos sociales, con la definición de un Estado social y democrático de derecho. En cuanto a participación en el sistema político nos hubiese gustado que los pueblos indígenas tengan mayor grado de participación en las instancias de votación popular y en el Parlamento. Hay un reconocimiento general de los pueblos indígenas, pero no hay una bajada en particular sobre esos puntos.
- ¿Cómo debería quedar consagrado el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución?
- Deben quedar como pueblos preexistentes a la creación del Estado de Chile, con una bajada particular al reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Es importante tener una consagración constitucional y que sea un reconocimiento real. Esto no se traduce legislativamente en nada que nos beneficie, sino que es simplemente decir “reconocemos que existen pueblos indígenas en Chile”.
- Un tema que estuvo presente en el antiguo proceso fue el Estado plurinacional ¿Le gustaría volver a abarcar esta materia en el nuevo proceso?
- No, eso definitivamente no lo vamos a plantear.
- ¿Por qué?
- Porque fue excluido de los bordes constitucionales. Cuando se planteó que la nación de Chile es una sola y que los pueblos indígenas forman parte de ella, se hizo una delimitación de contenidos a tratar en este Consejo. Por lo tanto, no se puede abordar desde el punto de vista de los contenidos. Si es que lo llegase a plantear, el Comité de Admisibilidad tendría que objetar mi propuesta, sería rechazada prácticamente de forma inmediata.
Además, por cómo está formado políticamente el Consejo Constitucional, existen fuerzas políticas que seguramente lo rechazarían de plano. Por lo tanto, política y jurídicamente nos parece que es un esfuerzo que no va en este caso. Sería una propuesta inviable en este momento.
Comisión Experta inicia votación particular con amplio acuerdo y consagra el Estado social y democrático de derecho
Rol del Estado
- El pasado martes la Comisión Experta aprobó por unanimidad que Chile será un Estado social y democrático de derecho. Lo que permitió este consenso es que este modelo va a convivir con el de subsidiaridad de manera implícita. ¿Usted cree que ambos modelos se contraponen o pueden coexistir?
- Tengo la impresión de que sí puede funcionar. Debido a la vigencia durante 40 años de un Estado subsidiario sin contrapeso constitucional, se generaron percepciones en torno a la actividad privada y a la actividad empresarial con muchos anticuerpos y con una visión bastante peyorativa y negativa. Nosotros no escapamos de esta crítica. Los pueblos indígenas hemos sido los más afectados por la actividad empresarial, pero no por eso estamos en contra. Tenemos razones para rechazar un Estado subsidiario, pero no lo haremos. El haber sido afectados no significa que desconozcamos o que nos opongamos a la actividad empresarial o individual. Eso no está dentro de nuestros planteamientos. Es importante la actividad empresarial privada. El avance de la comisión es positivo y nosotros adherimos a ese esfuerzo de cambio de paradigma. La actividad empresarial tiene que jugar un rol importante en la reactivación económica.
- ¿Cuál es este rol que debe jugar la actividad empresarial?
- No puede no haber empresarios, no concibo un país sin actividad empresarial privada. Es un componente importante en la economía de cualquier país. Nosotros vemos la diferencia en dónde, cuánto y cómo se invierte, qué actividad es la que se desarrolla y cómo se atienden las necesidades locales y territoriales. Esto se logra dándole garantías a la actividad económica y a la vida privada, pero debe estar presente el Estado, atendiendo a un criterio de participación ciudadana territorial y local. ¿Y eso cómo se logra? Con una descentralización administrativa, política, económica y financiera real en los territorios.
Además, son los territorios los que deben fijar los principales parámetros respecto de qué tipo de actividad empresarial se debe desarrollar, porque son los que mejor saben el impacto que tiene cualquier actividad económica, productiva, industrial, extractiva o de cualquier índole en sus territorios. Son ellos los que tienen que tener la voz preponderante y, además, deben recibir parte importante de los beneficios económicos que se extraen de sus respectivos territorios. Debe haber un mecanismo para que sean las comunidades territoriales las que establezcan ese tipo de criterios.
- ¿Entonces usted cree que debe haber un modelo de Estado empresario?
- Debe permitirse este tipo de actividades que son estratégicas para un país. Pero tampoco soy partidario de que sea el Estado el que tenga el monopolio o que tenga una concentración muy alta de la actividad económica en general. Debería tener presencia, debería tener participación en aspectos estratégicos, como por ejemplo, la política del litio. Pero el Estado no debe estar involucrado en todas las esferas económicas del país, no me parece viable ni adecuado.
- El anteproyecto mantuvo el derecho a propiedad. ¿Cree que se abordó de la manera correcta?
- El tema de la propiedad debería ser complementado con reconocimiento de la propiedad colectiva y de los pueblos indígenas respecto de tierras y territorio. Ese sería el único complemento que nos parece que debería ampliarse en el concepto de propiedad. No estoy diciendo que nos oponemos nuevamente a la propiedad privada individual, estoy diciendo de que no es la única forma de propiedad que existe en nuestro país, también existe la nuestra y nos gustaría que eso también se resguarde.
- ¿A dónde espera llegar usted en materia de descentralización?
- Tiene que haber mayor participación política, por así decirlo. El esfuerzo democratizador de un país apunta precisamente a delegar mayores atribuciones a la ciudadanía. Eso significa darle atribuciones políticas, económicas, financieras, productivas, artísticas, educacionales, etc. Eso refuerza la participación local y precisamente le da una pertinencia territorial y local que es fundamental a la hora de encarar los desafíos para las próximas décadas en nuestro país. Hay que dar mayores atribuciones y poder a las regiones, a las provincias, a las localidades y también a las localidades en donde hay presencia indígena.
- ¿Cree que este Consejo sea capaz de dejar de lado la discusión política que se da en el día a día?
- Es recomendable que así sea. Creo que el conjunto de los consejeros debería tener una dinámica menos atingente a la contingencia política y más dialogante que en la primera convención. El consejo debe tener mayor apego al trabajo de sacar adelante una Constitución que represente a una gran mayoría del país. En ese sentido, debería tener un bajo perfil público. Existen otras instancias para abordar la contingencia política y para eso está el Gobierno, el Parlamento, los movimientos sociales, los partidos políticos y los medios de comunicación.
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