Nacida en Vallenar, se autodefine como “ecofeminista, regionalista y socialista” con toda claridad y esos aspectos son los que Marcela Araya (46), electa por la Región de Atacama, defenderá en el Consejo Constitucional. De hecho, los últimos años participó en el trabajo socio ambiental para promover la defensa del Valle del Huasco, entendiendo que el agua es el elemento vital para las comunidades y ecosistemas. Además, muy a tono con sus intereses, es ingeniera en planificación.
Como es lógico y al igual que la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, no respalda la reforma constitucional que anunció un grupo de diputados de su partido para adelantar el plebiscito y reducir el tiempo de trabajo del Consejo Constitucional que ella integra y que comienza su labor el próximo 7 de junio, luego que la Comisión Experta concluyera este martes la votación en particular del anteproyecto.
“Soy ecofeminista, regionalista y socialista, y mi principal objetivo es representar de manera fidedigna a las organizaciones territoriales de Atacama en este proceso constitucional”.
-¿Cuáles son sus expectativas respecto del trabajo del consejo, a partir de su conformación?
-Como única representante de las fuerzas progresistas de la Región de Atacama en el Consejo Constitucional, espero que, a diferencia del proceso anterior, se pueda desarrollar un trabajo de mayor cercanía con las comunidades, que no fueron involucradas como se esperaba. Espero, además, que prime el diálogo y no las supuestas “pasadas de máquina”, el país necesita acuerdos amplios de transformación social para el futuro y no trincheras regresivas que sólo buscan que nada cambie, manteniendo los privilegios de pocos a costa de la miseria de muchos.
-¿Es más posible llegar a acuerdos con Chile Vamos, en el actual escenario, o teme que se produzca el escenario de la convención al revés?
-Chile Vamos tiene el desafío de no dejarse engañar por los cantos de sirena de la extrema derecha, que en términos de representación territorial es inexistente. Los republicanos lograron una mayor representación en este proceso, pero no la tienen en los territorios. La derecha más dialogante debería entender que aún tiene presencia más relevante en los territorios, y por ende, el respaldo de esas comunidades, que hoy exigen acuerdos amplios para una nueva constitución que mire hacia adelante.
-A su juicio, ¿cuáles son los temas que la Constitución debe consagrar sí o sí?
-Para la bancada socialista son imperativos: el estado social y democrático de derecho, regionalista, paritario, ecológico y que distribuya los recursos de manera equitativa, entre otros. Sin duda, también es un imperativo que el texto garantice los derechos de los trabajadores, las libertades individuales de autodeterminación personal, como los derechos reproductivos, la identidad de género; y todos los aspectos que proteja a las chilenas y chilenos en su más amplia diversidad. Y, por supuesto, el sentido de pertenencia ancestral indígena es una de ellas y debe estar consagrada con criterios específicos.
-En ese contexto, ¿se resolvió, a su juicio, correctamente lo relativo al estado social y democrático de derecho?
-Tal como hemos conocido en la redacción del borrador, se consagra un Estado social y democrático de derecho, que desde las fuerzas progresistas hemos exigido por mucho tiempo, para poner fin a una forma de Estado que mercantilizó todos los derechos. Vamos a defender este principio en el trabajo del Consejo Constitucional.
-¿Cree que se respete el concepto de Estado social y democrático de derecho? Se lo pregunto porque representantes del Partido Republicano lo desconocen.
-A propósito, de “republicanos” tienen poco, porque la República es bastante más amplia que un sector determinado que ellos dicen representar. Ellos son realmente el ala conservadora de este proceso constitucional y es altamente probable que se opongan a todos los cambios que signifiquen un riesgo de pérdida de privilegios para ellos y para los poderes fácticos que representan. El Estado social y democrático de derecho es un imperativo para las fuerzas progresistas que entienden que si queremos tener un Chile del futuro, hay que dialogar y no caer en intransables.
“El Estado debe dar el ejemplo”
-¿La Constitución debe consagrar un Estado empresario y de qué manera? Se lo pregunto a propósito de la explotación del litio.
-Como representante de una región minera, creo que una nueva constitución es una oportunidad para hacer las cosas bien. Como la explotación minera. Debemos instituir que el Estado sea un motor de crecimiento de la economía local, de la regional y de la nacional sin sacrificar el medioambiente ni la salud de los habitantes de las zonas que han sido castigadas con muerte por la ambición desmedida de una generación de magnates y gerentes que querían obtener altos dividendos sin importar el daño colateral. El Estado debe dar el ejemplo, también. Por ello, creo que es una oportunidad de hacer bien las cosas, con nuevas cabezas en las empresas que entiendan estos factores, estén dispuestos a liderar los cambios y quieran escribir un Chile nuevo y con futuro.
-¿Debería quedar consagrada en la Constitución la provisión público-privada de algunos derechos como salud, educación, pensiones, vivienda?
-Si el mundo privado cree y está dispuesto a tener una constitución que garantice el acceso universal a la salud, a la educación, a la vivienda como un derecho irrenunciable de todos los chilenos, creo que se podría especificar una interacción público-privada, que no conduzca a los abusos del mercado y no signifique la mercantilización de esos derechos.
-¿Cuál será su principal objetivo en el marco del trabajo en el Consejo Constitucional, su principal defensa?
-Soy ecofeminista, regionalista y socialista, y mi principal objetivo es representar de manera fidedigna a las organizaciones territoriales de Atacama en este proceso constitucional.
-Concluido el anteproyecto, ¿qué opina acerca de cómo se resolvió el tema de la salud, que deja fuera la libre elección?
-En el capítulo sobre derechos fundamentales, la propuesta de la Comisión Experta -por un lado- especifica que el Estado tiene un deber preferente, y no excluyente, de garantizar el acceso a la salud. Tenemos que avanzar en la transición del actual modelo de salud a una salud pública universal y garantizada, una transición que a mi juicio no será inmediata, pero que a su vez la propuesta también especifica que el Estado es garante de prestaciones en materia de derechos sociales, ya sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. Lo importante hoy es que nadie quede sin atención de salud, y que la transición sea progresiva.
-¿Qué opina sobre el tema del derecho de propiedad en lo que respecta a las mineras?
-Como ecofeminista y atacameña, creo profundamente que los recursos naturales -como los recursos mineros- deben ser patrimonio de todos los chilenos y chilenas, pero una visión como la mía es minoritaria en el nuevo consejo. Me quedo, por el momento, con la promulgación de Ley de Royalty, una lucha que en Atacama se dio por mucho tiempo, y veremos la forma de complementar en el trabajo que iniciaremos la próxima semana en el Consejo Constitucional.
-¿Le preocupa que este segundo proceso también fracase debido a la conformación del consejo?
-Creo que es un momento distinto, la bancada socialista nuevamente tendrá una participación relevante y sé que tendremos un rol articulador importante. Los ojos estarán puestos en la extrema derecha y, ojalá, estén a la altura del proceso.
-¿Si eso pasara estaría dispuesta a llamar a rechazar la propuesta?
-Eso lo veremos una vez que tengamos un texto final, antes no.
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