Costo fiscal de la PGU sube casi 30% en primeros seis meses de implementación hasta US$ 426 millones

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado recibió hoy al subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, y al Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías para conocer el estado de avance de la implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), beneficio que se comenzó a pagar a inicios de este año y que reemplaza al Pilar Solidario que entregaba la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS). 

Entre los datos entregados por el regulador de pensiones, destaca que, entre enero y junio de 2022, el costo total en beneficios solidarios de pensiones pasó de US$ 331 millones a US$ 426 millones mensuales, lo que implica un incremento de 29% al valor del dólar del 2 agosto de 2022. 

Este esfuerzo fiscal permitió beneficiar a 1.961.749 personas, lo que significa un alza de 7% entre enero y junio de este año. Asimismo, el regulador indicó que el monto promedio del beneficio pasó de $ 157.526 a $ 193.734, lo que equivale a un aumento de 23%. 

En su exposición, el superintendente Macías valoró la PGU “por cuanto se ha traducido en un beneficio importante directo para ese grupo de población, además, en un contexto económico complejo”.

En cuanto a su implementación, agregó que “tanto por los plazos involucrados como por el universo de personas a las que ha llegado el beneficio, ha significado un esfuerzo importante de trabajo y de coordinación entre los actores públicos y privados del ámbito previsional”.

También, destacó su “expedita aprobación” en el Congreso, “lo que da cuenta de la importancia de los acuerdos y las miradas comunes por parte de la sociedad”, indicó.

Aclaración sobre los pagos 

Desde el inicio de la sesión, parlamentarios de oposición plantearon consultas al subsecretario Larraín respecto de los pagos y en nuevo Test de Afluencia, que se crea con la ley.

Respecto del instrumento, Larraín explicó que el test que se estrenó este mes está orientado a excluir al 10% de mayores de 65 años, que tienen mayores ingresos, y que se entiende "como una prueba de medios que mediante variables de mediante ingreso y patrimonio permitirá verificar el nivel de riqueza de la población de interés", descartando al grupo más rico.