Ley de bancos: Un paso largamente esperado

En junio pasado el ministerio de Hacienda, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) presentaron la nueva Ley General de Bancos para su tramitación en el Congreso. Algo que tiene, con justa razón, muy atentos a los bancos de la plaza, aunque también debería captar la atención de sus usuarios que somos, al fin y al cabo, todos nosotros.

Los eventos que desencadenaron la crisis financiera del año 2008 demostraron, de la forma más absoluta, el efecto de la buena o mala salud del sistema financiero sobre la economía real. La falta de regulación fue la que permitió el uso de algunos productos financieros sin el entendimiento y resguardos necesarios, poniendo en peligro la solvencia del sistema cuando las cosas empezaron a andar mal. Como reacción a esta crisis, los reguladores de los principales sistemas financieros del mundo se pusieron de acuerdo en estándares más exigentes, como los conocidos comúnmente con el nombre de Acuerdos de Basilea, en honor a la ciudad suiza sede del Bank of International Settlements, organismo articulador de estos acuerdos.

Es beneficioso para todos que el sistema financiero tenga reglas claras que persigan una mayor robustez y mejoras en la salud del mismo. En ese sentido, los acuerdos de Basilea buscan constituirse en una guía para que cada regulador pueda aplicar las mejores prácticas posibles en su sistema financiero local, adaptado a sus particularidades tales como marco legal, tamaño y nivel de desarrollo del mercado, entre otros aspectos.

Pero ¿qué sucede si esa adaptación a las condiciones locales no aborda de buena forma los desafíos que su mercado exige? Es conocido que, por ejemplo, las diferencias en los requerimientos de capital exigidos para los participantes de un mercado respecto de otro generan asimetrías y pérdidas de competitividad, que se traducen en mayores costos para los usuarios, y que los excesos en la regulación o requerimientos más allá de lo prudencial para los participantes terminan afectando la posibilidad de muchos de acceder al sistema financiero, ya que encarecen o dificultan su bancarización.

Es evidente que este proceso de adaptación de normas internacionales no es un desafío menor, por lo que resulta de gran importancia la cantidad y calidad de los recursos con que cuenta el regulador y, sobre todo, que este tipo de discusión se enmarque en un contexto técnico y esté exenta de ataduras de tipo ideológico o político. No es en la estigmatización de un sector de la economía en donde se encontrarán las soluciones a los desafíos que impone un mercado financiero cada vez más complejo, sofisticado y, a la vez, más globalizado. Sin duda que un año de competencia electoral, puede suponer una discusión más politizada que técnica. Esperemos que eso no ocurra.

La nueva Ley General de Bancos es el intento de los reguladores nacionales por adherir a los estándares internacionales de Basilea y avanzar en el desarrollo del mercado financiero chileno. O al menos, eso es en teoría. Lograrlo dependerá de cómo se lleven a la práctica estas nuevas normas, sin embargo aparecen ya en el horizonte ciertos aspectos que deben ser revisados.

El primero, dice relación con la necesidad de asegurar el control eficiente de todos los riesgos del sistema financiero, lo que es imposible de ejercer si es que quedan fuera del alcance de este proyecto otros actores del sistema, como los emisores de tarjetas de crédito del retail. El segundo aspecto a fortalecer es la capacidad efectiva de supervisión que tendrán los organismos reguladores, no sólo sobre la industria bancaria sino también en el resto de las industrias financieras. Asegurar la homogeneidad, coherencia y capacidades técnicas de sus entes reguladores va en beneficio de todos los participantes y evitará tanto que se incuben riesgos en otras industrias, como que en situaciones de crisis contagien a todo el sistema.

Sin duda, la nueva Ley General de Bancos es un paso en la dirección correcta y una deuda que el sistema financiero chileno tenía hace tiempo. El resultado final dependerá de todos los actores del sistema y, sobre todo, de la capacidad que tengan las autoridades competentes de avanzar hacia el perfeccionamiento de la industria financiera nacional con argumentos técnicos por sobre las coyunturas políticas que puedan suscitarse en un año de elecciones.