Nuevo Pudahuel busca declarar inaplicabilidad de norma de Ley de Concesiones por inconstitucional

Un nuevo frente se abrió para el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Hace algunas semanas, la sociedad concesionaria Nuevo Pudahuel -encargada de operar el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez- ingresó un requerimiento al Tribunal Constitucional de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de una norma de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

La parte cuestionada por Nuevo Pudahuel establece que “las obras se efectuarán a entero riesgo del concesionario, incumbiéndole hacer frente a cuántos desembolsos fueren precisos hasta su total terminación, ya procedan de caso fortuito, fuerza mayor, o de cualquier otra causa”.

La concesionaria argumenta que esta norma es inconstitucional, porque es “desproporcionada y perjudicial”, ya que -en su caso- siempre la hará perder en cualquier circunstancia, lo cual considera arbitrario e ilegal.

Asimismo, la sociedad argumenta que los contratos administrativos no deberían ser simplemente acuerdos entre partes, sino intercambios justos que generen relaciones jurídicas de derecho público.

“Produce el efecto de consolidar a todo evento una desequilibrada, desproporcionada, desigual, y, por ende, inconstitucional distribución del riesgo contractual y pérdida patrimonial, que en los hechos del caso, ha derivado en que se esté materializando y pueda ahondarse aún más una situación írrita de excesiva e irrazonable onerosidad”, enfatiza el escrito.

El requerimiento ingresado por Nuevo Pudahuel nace en el contexto de un conflicto arbitral entre Nuevo Pudahuel y el MOP.

Tiempo atrás, la concesionaria ingresó ante el Tribunal Arbitral una demanda de indemnización de perjuicios en contra de la cartera -que lidera Jessica López-, debido a la afectación del equilibrio económico de la concesión derivada de diversas medidas adoptadas por la autoridad en el contexto de la pandemia del Covid-19, lo que generó un encarecimiento del proceso constructivo.

Es por ello que la concesionaria solicitó la posibilidad de una solución diferente, como el pago de una compensación por parte del Estado para equilibrar el impacto económico sufrido debido a las medidas tomadas para enfrentar la pandemia.

Ante esta situación, la defensa del MOP en la causa arbitral planteó que la pretensión de la Concesionaria sería improcedente, precisamente por la aplicación “estricta de la regla del riesgo y ventura que la norma legal impugnada -que se ha señalado anteriormente- hace aplicable al contrato administrativo de la especie”.

Esta respuesta llevó a la concesionaria, -representada por Víctor Ríos, de Molina Ríos abogados- a pedir que no se aplique la norma de la ley de concesiones por inconstitucional, petición que el Tribunal Constitucional acogió a trámite, suspendiendo la causa arbitral en tanto no se resuelva el requerimiento.

MOP: la norma no ha sido impugnada en 30 años

Consultados al respecto, desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron que la norma que Nuevo Pudahuel pretende declarar inconstitucional no ha sido impugnada en 30 años, y es la base del sistema de concesiones.

“Como ha ocurrido frente a todas las numerosas controversias presentadas por NPU, como Estado seguiremos desplegando todos los esfuerzos coordinados para la correcta defensa del interés fiscal”, destacó la cartera, agregando que el recurso aún no ha sido declarado admisible.