Dipres afirma que pensión universal duplicaría gasto del sistema y oposición insiste en jubilación mínima garantizada
Otra vez el oficialismo y la exNueva Mayoría no cumplirán el plazo establecido para un acuerdo (marzo). La comisión de Trabajo del Senado inicia mañana la votación de la reforma previsional.
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Llegó el momento. A partir de mañana y luego de más de un año de nulos avances, la comisión de Trabajo del Senado iniciará la votación de las indicaciones presentadas -por el Gobierno y la oposición- a la reforma previsional. Según informó la presidenta de la instancia, Carolina Goic (DC), el análisis comenzará a las 12 del día.
El hito se da en momentos en que las partes siguen lejos de alcanzar un acuerdo para destrabar los cambios al sistema de pensiones, incumpliendo nuevamente el plazo establecido para lograr un consenso. Antes había sido septiembre, luego enero y a fines del año legislativo se apuntaba a marzo como clave.
Ayer, la comisión escuchó al director de Presupuestos, Matías Acevedo, quien -a solicitud de la oposición- entregó los cálculos del costo que tendría implementar una Pensión Básica Universal (PBU), uno de los temas que también tiene trabada la discusión.
La autoridad señaló que avanzar hacia una PBU implicaría llegar con recursos fiscales “cuantiosos a personas de estratos socioeconómicos altos, lo cual obviamente hay que tener en consideración atendiendo las múltiples demandas que tenemos hoy”.
Indicó que como modelo se siguió la propuesta de la comisión Marcel, que sugirió un esquema con un beneficio plano en un tramo de pensión.
Así, el ejercicio fija la PBU en un valor de $ 177 mil, además de una pensión mínima garantizada para los cotizantes regulares de $ 500 mil y una PMAS (pensión máxima con aporte solidario) de $ 1,5 millones.
Hecho el ejercicio, el titular de la Dirección de Presupuestos (Dipres) indicó que esto significa que el gasto de la PBU es equivalente a duplicar el gasto actual de las pensiones solidarias, lo que llegaría a un gasto total de 3,1 puntos del PIB para 2040.
“Obviamente, uno entregando una PBU deja de entregar otras cosas”, advirtió el economista.
Acevedo también alertó de que con los retiros de fondos “vamos a tener menos saldos en las cuentas individuales y finalmente hace que esta reforma sea más cara”.
Aroma a comisión mixta
En tanto, ayer la oposición presentó un conjunto de indicaciones a la reforma, en un texto firmado en conjunto por Goic y sus pares Ximena Órdenes y Adriana Muñoz del PPD, y Juan Pablo Letelier del PS.
Letelier explicó que a 24 horas de iniciar la votación “no veo que el Gobierno tenga interés en un acuerdo, vamos a dejar constancia de nuestras propuestas y que se avance a una comisión mixta. El Gobierno ha borrado con el codo lo que escribió con la mano”.
Explicó que “no veo interés en avanzar a un sistema mixto. Al contrario, se quiere consolidar un sistema actual que es caro, profundiza desigualdades y que no entrega buenas pensiones. Vamos a intentar un acuerdo, pero quizás esto quede para el proceso constituyente”.
Las enmiendas de la oposición consideran crear una Pensión Básica Garantizada igual a 6 UF (que equivale hoy a la línea de la pobreza de unos $ 176 mil) para el 90% de la población. O sea, para familias con ingreso per cápita de hasta $ 704.754, o a un ingreso familiar de hasta $ 2,8 millones para un grupo de cuatro personas.
Esta pensión se sumaría al resto de los pilares contributivos, individual y colectivo, así como voluntario, constituyendo de esta manera un piso de seguridad social para el 90% de la población.
Otro ajuste apunta a establecer el principio de equidad de género. A partir de los 65 años, hombres y mujeres, a igual saldo e igual edad, recibirán la misma pensión, propone la oposición. El ajuste se hace a través del Fondo de Ahorro Colectivo Solidario (FACS).
También se plantea crear un aporte público para recién nacidos, equivalente a 34 UF (cerca de $ 1 millón), administrado por el Instituto de los Seguros Sociales, que se hará efectivo cuando cumpla 65 años (denominada “Ley de la marraqueta”).
Otra indicación busca separar las funciones de administración de cuentas y gestión de inversiones de las AFP, ampliando las funciones para el ente estatal autónomo que gestionará la cotización adicional.
El senador Rodrigo Galilea (RN) informó que no presentará indicaciones e indicó que de cara al inicio de las votaciones quedará patente dónde están los acuerdos y discrepancias. “Tengo optimismo que en los temas del Pilar Solidario vamos a llegar a entendimiento, pero en la administración del 6% adicional y la sustitución de funciones al parecer vamos a ir a mixta”, dijo.