Reforma de pensiones: Gobierno plantea cambiar sistema de nombramiento de directores de AFP en empresas

Diciembre será un mes clave para que el Congreso entregue señales claras respecto al destino de la reforma de pensiones, uno de los proyectos más importantes de la administración del Presidente Boric.

Para ello, se estima que a mediados de este mes comenzará el debate sobre los nudos más críticos de la reforma, vale decir, la distribución del 6% de cotización adicional y los cambios a la industria, donde se destaca la separación de funciones de las AFP, que empuja el Ejecutivo.

También deberá despejarse si los parlamentarios dan la luz verde a la licitación del stock de afiliados, además de otro de los temas cruciales que se sumarán en esa etapa: el alza a $ 250 mil de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Otro cambio que contempla la reforma es que la Comisión de Usuarios sea integrada sólo por usuarios del sistema y académicos y no por representantes de la industria ni de instituciones estatales.

En paralelo, actores del oficialismo y la oposición intentan alcanzar un acuerdo político.

Mientras tanto, en los próximos días la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado seguirá discutiendo algunos temas, los que de aprobarse ad referendum, se sumarían a las siete modificaciones que ya cuentan con luz verde y que deberán ser ratificadas al final del trámite en la comisión.

Los cambios

Dentro de los temas que restan discutir están los ajustes institucionales a la Comisión de Usuarios, entidad de participación social creada en la reforma previsional de 2008 cuya principal función es informar a la Subsecretaría de Previsión Social y a otros organismos públicos del sector sobre las evaluaciones que sus representados efectúan respecto del funcionamiento del sistema de pensiones y proponer estrategias de educación y difusión.

En su reforma, el Ejecutivo propone efectuar dos modificaciones legales importantes en esta temática. La primera, considerar dentro de los integrantes de la comisión solo a usuarios del sistema de pensiones y académicos, dejando fuera a representantes de la industria e instituciones estatales (cupo que actualmente es ocupado por el IPS). Elección de directores

El segundo cambio que busca empujar el proyecto es involucrar a los usuarios del sistema en la elección de directores de sociedades cuyas acciones hayan sido adquiridas con recursos de los fondos de pensiones.

Esta última corresponde a una modificación relevante respecto a cómo funciona hoy el proceso de elección de directores en empresas en representación de las AFP.

Hoy, los cotizantes del sistema de pensiones no tienen injerencia en estas elecciones, pues la Asociación de AFP entrega un mandato a una empresa de selección de cargos de altos ejecutivos.

Para el proceso de 2025, las administradoras están trabajando con el headhunter Seminarium.

La firma buscará nombres de los candidatos de acuerdo al perfil que se requiere para la empresa en la que deberán nombrar directores las AFP, los que deben estar inscritos en el Registro de Directores de la Superintendencia de Pensiones.

Con la reforma, el Gobierno busca que la Comisión de Usuarios sea la que seleccione una terna de candidatos a directores y posteriormente, las AFP definan entre esa terna, la propuesta al cargo de director/a.

El proyecto de ley contempla que la selección de la terna se establezca “a través de procesos formales financiados con cargo a los gestores de pensiones, otorgando sus votos, y concurriendo en proporción a los recursos que administran”.

Tal como ocurre hoy, los candidatos que proponga la Comisión de Usuarios deberán encontrarse inscritos en el registro de la Superintendencia de Pensiones, la que deberá regular las materias relacionadas con el proceso de selección de candidatos mediante una norma de carácter general.

Composición de la Comisión

Otro de los cambios que establece el proyecto de ley de La Moneda para la Comisión de Usuarios es en términos de composición y designación de sus integrantes.

Actualmente, está compuesta por un representante de los trabajadores, uno de los pensionados, otro de instituciones públicas (IPS), uno de entidades privadas del sistema de pensiones (AFP) y un académico.

Pero, de aprobarse este punto de la reforma quedaría fuera el miembro del IPS y el de las AFP. En su reemplazo, asumirían otro académico, de una universidad del Estado designado por el Consejo de Rectores y un representante de los empleadores. Este último sería propuesto por la organización de empleadores de mayor representatividad en el país. A diferencia de hoy, la nueva composición de la comisión y su designación pasarán a estar señaladas en la ley.